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Omar Chabán ya no está solo. Por decisión del juez subrogante Julio Lucini, fue detenido ayer Diego Marcelo Argañaraz, manager del grupo de rock Callejeros, quien hoy será indagado en la causa por el incendio en República Cromañón que provocó la muerte de 192 personas. “Por lo que publicó la prensa, ya que a mí no me consta, la fiscalía pretendía que al manager lo acusaran por homicidio doloso, pero creo que no hay elementos para formular cargos ni contra Argañaraz ni contra ninguno de los chicos”, dijo a Página/12 Mariano Silvestroni, uno de los abogados defensores de la banda. “Si hay dudas en el expediente, es lógico que el juez lo cite a indagatoria para que haga las aclaraciones del caso, pero si todo marcha racionalmente, tendría que quedar en libertad en poco tiempo, si no mañana mismo (por hoy)”, insistió Silvestroni. La acusación más grave contra Argañaraz, cuya esposa, Romina Branzini, murió en la tragedia, fue formulada por su propio suegro. César Branzini aseguró que el manager de Callejeros conocía las deficiencias del local en materia de seguridad y que “no hizo nada” para modificar esa situación.
En declaraciones a la prensa, Branzini se preguntó: “¿Cómo (Argañaraz) no sabía que las puertas (de Cromañón) estaban cerradas, si el día anterior (al hecho) hubo un problema y el día antes, cuando tocó La 25, también hubo un principio de incendio y siguieron las puertas cerradas?” Según el suegro de Argañaraz, su yerno “es el mayor responsable porque el conjunto se hacía cargo de todo lo que sucedía en los recitales”. El punto por develar es, precisamente, si la seguridad estaba a cargo de personas contratadas por Callejeros, como dice Chabán, o si el responsable era el jefe del área designado por Cromañón, Raúl Villarreal. El abogado de la banda, Mariano Silvestroni, insistió en afirmar que “ningún integrante de Callejeros tuvo a su cargo el manejo de los recaudos de seguridad exigidos al local ni el cuidado de ninguno de los eventuales focos de peligro que, a la postre, desencadenaron el hecho investigado”.
“La mamá de Argañaraz me llamó y me dijo que habían detenido a su hijo. En el juzgado me lo confirmaron y me dijeron que la indagatoria es mañana (por hoy), pero por el momento es lo único que puedo decir, porque desconozco cuál es la acusación”, dijo Silvestroni al ser consultado por este diario. El letrado aseguró que, al menos hasta ayer por la noche, “no se han ordenado nuevas detenciones” entre los miembros de la banda de rock. “Puede ser que lo acusen por homicidio doloso (un delito penado con hasta 25 años de prisión), pero la sensación que tengo es que el juez lo citó a indagatoria para sacarse algunas dudas, porque la defensa de Chabán, para quitarse la responsabilidad de encima, dice que la seguridad estuvo a cargo de Callejeros, cuando eso no es así.”
El manager está alojado en la Superintendencia de Investigaciones, en Villa Riachuelo, en la zona sur de la Capital Federal. “No me parece razonable que esta detención se prolongue en el tiempo. No hay elementos como para formular un cargo tan grave (homicidio doloso) ni contra Argañaraz ni contra ninguno de los chicos”, reiteró Silvestroni. En su momento se dijo que otro de los posibles imputados podría ser el cantante del grupo, Patricio Santos Fontanet, cuya novia, Mariana Silotta, murió a consecuencia de las lesiones sufridas en el incendio.
“Es absurdo decir que Callejeros estaba a cargo de la seguridad. El sistema de seguridad siempre está a cargo del dueño del local, con independencia del grupo que toca. Lo único que aportaron los chicos fue el personal de control, que se encarga de verificar el corte de las entradas, custodiar los equipos para que nadie los robe, porque un micrófono inalámbrico, para dar un ejemplo, cuesta 2500 dólares, para vigilar el camarín y para evitar que suba gente al escenario, pero nunca la seguridad del local”, sostuvo el abogado defensor.
Además de las manifestaciones de su suegro, el manager de Callejeros fue imputado por los empleados de Locuras, quienes aseguraron que Argañaraz se encargaba de controlar los talonarios con las entradas. Bruno Díaz, que trabaja en el local de Locuras, en Pueyrredón 240, vecino a Cromañón, aseguró que Argañaraz no podía desconocer que la noche de la tragedia se hubiera superado la capacidad máxima del local, que era de 1031 personas. Sólo en Locuras se habían vendido 1294 entradas para el recital. La posible imputación a Callejeros comenzó a vislumbrarse desde el momento en que la jueza de la causa, María Angélica Crotto, desestimó el pedido de Argañaraz y del baterista del grupo, Eduardo Vásquez, para ser tenidos en cuenta como particulares damnificados y poder ser querellantes en la causa. La jueza, además, había ordenado la inhibición de bienes del manager.
La defensa de Argañaraz, una vez que escuche hoy la acusación en su contra, tendrá como eje la presentación que hicieron los abogados de la banda de rock al insistir “en su condición de víctimas” de lo sucedido. “Las especulaciones (...) que giran en torno de la ‘eventual responsabilidad de la banda’ no son más que intentos burdos y canallescos de los responsables de los hechos, para deslindar su propia responsabilidad”, sostuvieron los abogados, quienes marcaron una diferencia entre la “seguridad”, que según ellos dependía exclusivamente del dueño del local, y las tareas de “control” a cargo de personas “de confianza” del grupo de rock.
“La seguridad, es decir lo que tiene que ver con el cacheo, el material ignífugo requerido, las puertas de emergencia cerradas o los sistemas antiincendio, son responsabilidad de Chabán y su jefe de seguridad. Callejeros sólo pidió alguna gente de confianza para controlar aspectos del espectáculo que no tienen que ver con la seguridad del público ni de la banda”, insistió Silvestroni en su diálogo con Página/12.