Legisladores del oficialismo y la oposición aprobaron ayer los decretos de necesidad y urgencia (DNU) enviados por el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, en que se establecen nuevas pautas para la seguridad y habilitación de los boliches. A la ratificación del primer decreto del jefe de Gobierno se sumó la de otro que lo complementa y que había sido elaborado por diputados y funcionarios del Ejecutivo. Con este resultado, se estima que algunos locales podrán abrir este fin de semana (ver recuadro). Antes de dar el “sí” durante la votación nominal, varios diputados que responden al macrismo expusieron sus críticas a la medida pero justificaron su aprobación: “Votamos a favor para que después no digan que entorpecemos la gestión”, argumentaron. Fueron 41 a favor y 16 en contra. Además de esta ley se aprobó la creación de una comisión investigadora sobre las responsabilidades institucionales del caso Cromañón, que deberá emitir un informe final dentro de 120 días. Afuera de la Legislatura, hubo dueños y trabajadores de pequeños locales nocturnos que permanecen cerrados desde el incendio de Once que reclamaron por sus fuentes de trabajo.
La discutida propuesta de Ibarra que culminó en ley –con el reparo de que será una norma transitoria– establece algunos de los siguientes puntos:
- Se podrán organizar recitales en locales cerrados siempre y cuando se obtenga un permiso especial de la Dirección de Habilitaciones y Permisos.
- Para calcular la cantidad de público autorizado a ingresar en un local se utilizará un coeficiente, del que resulta que podrán entrar no más de dos personas por metro cuadrado.
- Los boliches estarán abiertos hasta las 6 de la mañana. El horario para los menores de 18 años será de 16 a 24.
- Un médico especializado en emergencias y un bombero profesional deberán estar presentes en el local mientras éste permanezca abierto.
- El revestimiento de los boliches deberá incluir aislaciones acústicas de materiales ignífugos o con tratamientos de ese tipo.
- El comercio deberá estar cubierto con un seguro de responsabilidad civil que cubra riesgos por siniestros.
- Los dueños de los boliches deberán presentar un plan de evacuación, tener un certificado expedido por la Superintendencia de Bomberos y contratar personal privado de seguridad para obtener la habilitación.
- Los lugares que están excluidos de la normativa son las denominadas milongas, donde se escuche, enseñe o brinde recitales de tango.
Los legisladores debatieron durante cuatro horas mientras el resto caminaba y fumaba dentro del recinto y algunos revisaban los e-mails en las computadoras portátiles apoyadas en sus bancas. Desde la oposición, las exposiciones fueron más justificaciones que apologías. Hasta el vicepresidente del cuerpo, Santiago de Estrada, bajó del estrado para explicar los resquicios positivos para votar a favor: “Nuestra decisión no quita que estemos a favor de los argumentos críticos. (Lo que ocurre) es que tenemos el desafío de dictar una ley, porque si no el 8 de marzo se cae el decreto y la ciudad queda sin legislación”.
Si bien se levantó la mano desde los bloques mayoritarios, hubo huecos producidos por algunos que se opusieron. No hubo abstenciones. Los sectores que mantuvieron su sólida negativa fueron el ARI, Plural y el Interbloque de Izquierda. Luego se discutió un proyecto que proponía la creación de una comisión para modificar los códigos de Habilitaciones y Edificación, pero su votación terminó suspendiéndose por distintas objeciones.
Lo que sí se aprobó fue la apertura de una comisión investigadora para establecer las responsabilidades institucionales de la muerte de 193 personas. Estará integrada por 15 diputados y tendrá un plazo de 120 días para emitir un informe final sobre la responsabilidad de empleados y funcionarios municipales; no tendrá la participación permanente de los familiares de las víctimas, tal como ellos mismos lo había pedido.En la entrada de la Legislatura, unos 50 empleados y propietarios de locales pequeños reclamaron por la continuidad de su trabajo, frenado desde el incendio de Cromañón. “Esta nueva ley favorece a los grandes bolicheros que van a tener los locales habilitados. Nosotros vamos a tener que pedir permisos carísimos. Somos alrededor de 50 mil personas indirectamente perjudicadas”, aseveró Manuel Marrón, dueño de Alternativa, un local céntrico.

Informe: Adrián Figueroa Díaz.