Llegó al centro asistencial del barrio con una infección por un aborto incompleto. De allí la trasladaron a un hospital público, donde le realizaron un legrado. Hasta allí, la historia no era muy distinta de las de otras mujeres que se hacen un aborto clandestino y deben enfrentar las consecuencias desde el anonimato. Pero esta vez, además, la joven fue denunciada ante la Justicia por quienes la atendieron. El hecho ocurrió en la ciudad santafesina de San Lorenzo. Y hay un antecedente de peso: para la Suprema Corte de Justicia de esa provincia, los médicos deben denunciar a quienes llegan a los hospitales con un aborto incompleto. Ese supuesto deber se contrapone al secreto profesional, al que están obligados los médicos y, según un especialista consultado por Página/12, puede contribuir a que las mujeres con un cuadro similar hagan consultas tardías por temor a ser denunciadas.
De la mujer protagonista del caso se sabe que tiene 27 años, tres hijos, y vive con sus padres y un hermano. Ahora tiene abierta una causa penal en el juzgado a cargo de Eduardo Filocco, por la denuncia que se elevó el 11 de febrero, tras su internación en el hospital Granaderos a Caballo, de San Lorenzo. El caso se conoció por el movimiento de Mujeres Autoconvocadas de Rosario. Según contó a este diario Lucrecia Aranda, diputada socialista e integrante del movimiento, al escuchar la historia se quedaron “muy conmovidas, realmente nos sacudió”.
Esa sensación se vincula con un caso anterior: el de una mujer que llegó a un hospital de Rosario en las mismas condiciones, en 1994, y fue denunciada por la médica que la atendió. La Suprema Corte de Justicia provincial avaló la denuncia en 1998, lo que motivó una andanada de reacciones en contra: ante la decisión, el secreto profesional quedaba en una extraña nebulosa.
La mayor parte de los especialistas que se pronunciaron en ese momento no compartieron la idea. Uno de ellos fue Walter Barbato, ex profesor de Obstetricia en la Facultad de Medicina de Rosario. Ayer recordó ante este diario su postura de entonces: “Por más que lo diga la Corte, no voy a hacer ninguna denuncia de este tipo”. El especialista sostiene que “en la práctica, en ningún hospital se hacen denuncias porque hay consenso en que no es pertinente y no aporta a la solución del problema. Se victimiza doblemente a la mujer que pasó por el proceso doloroso del aborto y además se la expone a penalizarla”, explicó.
Al principio, la mujer denunciada en el hospital de San Lorenzo aceptó la asistencia que le ofrecieron en Mujeres Autoconvocadas. Pero cuando algunas integrantes de ese grupo la visitaron, se encontraron con que había optado por “no hacer nada –contó Aranda–. Dijo que vive de un Plan Jefas y Jefes y tiene miedo de perderlo, por eso decidió no aceptar la ayuda legal y optó por el silencio. Estaba muy deprimida”. El estado emocional se comprende no sólo por la experiencia vivida. Sucede que el infierno chico del pueblo se le hizo carne: “Está muy desprotegida en una localidad donde el dedo acusador se hace sentir muy rápido, y nos da la sensación de que la familia está muy avergonzada. Por eso su reacción ha sido desampararla aún más”.
Según la legisladora, el director del hospital Granaderos a Caballo, Eduardo Rigó, “les dijo a los medios locales que elevó la denuncia como una medida de protección a los profesionales que atendieron a la mujer, porque tenían miedo de que el útero estuviera perforado”. Pero Barbato relativizó el argumento, “porque en la historia clínica de cada paciente se deja asentado que llega con determinada situación, se firma y eso es un documento público. Nadie puede decir que el aborto lo hizo el especialista”, cuestionó. El caso se conoce luego de que el ministro de Salud santafesino, Juan Héctor Sylvestre Begnis, apoyara la postura de Ginés González García a favor de la despenalización del aborto.

Informe: Daniela Bordón.