Una nueva pulseada enfrenta a organismos de derechos humanos con la jerarquía católica. Amnistía Internacional, el CELS, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, entre otras entidades, impulsan la ratificación en el Senado nacional del tratado internacional más importante para combatir la discriminación hacia las mujeres. Pero emisarios de la Iglesia están haciendo un fuerte lobby sobre los legisladores para cajonear su tratamiento o conseguir, al menos, que se apruebe con tantas “reservas” que su alcance quede limitado. La ratificación de este instrumento, conocido como Protocolo de la Cedaw (por sus siglas en inglés), es un reclamo histórico del movimiento de mujeres y será una de las consignas de las marchas y actos que hoy se realizarán en diversos puntos del país, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Argentina es el único país del Mercosur que aún no lo ratificó.
“Ningún otro tratado internacional de derechos humanos ha generado tantas resistencias y reacciones. Qué paradójico que sea uno que protege a las mujeres”, señaló Soledad García Muñoz, titular de Amnistía Internacional en Argentina. Ayer, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) reclamó al Gobierno la ratificación del Protocolo y consideró que esa medida permitirá “un avance para superar esta histórica desigualdad” entre hombres y mujeres en el país (ver aparte).
La ratificación debe aprobarla el Congreso, a solicitud del Poder Ejecutivo. El presidente Néstor Kirchner envió el pedido al Senado el 30 de diciembre último, después de que diversos organismos del Gobierno dieran su dictamen favorable, entre ellos, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y la Cancillería. En la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta ya hay tres dictámenes. El de mayoría, con seis votos justicialistas (de Ramón Puerta, Eduardo Menem, Mabel Müller, Mabel Caparrós, Marcelo López Arias y Guillermo Jenefes) apoya su aprobación pero con “reservas” que limitan su aplicabilidad, en sintonía con los reclamos eclesiásticos. Uno de los despachos de minoría no plantea ninguna restricción (tiene cinco firmas, de Rubén Giustiniani, socialista, Sonia Escudero, PJ, y de los radicales Norberto Massoni, Juan Carlos Marino, y Mario Losada). Y el otro de minoría es de la peronista sanjuanina Liliana Negre de Alonso, que directamente rechaza la ratificación.
El tratado en cuestión se llama Protocolo Facultativo y es un complemento de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Esta convención (también llamada como Cedaw, por sus siglas en inglés) es la más importante de la ONU relativa a los derechos humanos de las mujeres y exige a los Estados la adopción de medidas tendientes a garantizarlos y a eliminar la discriminación de género. El Protocolo abre el camino para poder exigir en un ámbito internacional el cumplimiento de esos compromisos. “Están previstos dos mecanismos: por un lado, se pueden presentar quejas individuales ante el Comité del Protocolo, cuando las instancias jurídicas internas se agotaron; por otro, el Comité puede analizar casos de violaciones graves y sistemáticas de los derechos de las mujeres, siempre y cuando tenga el consentimiento del Estado involucrado. Actualmente, se está aplicando este proceso, por primera vez, en México, para investigar las muertes de cientos de mujeres en Ciudad Juárez”, detalló García Muñoz, en diálogo con Página/12.
La Convención de la Cedaw fue sancionada por la ONU en 1979 y tiene rango constitucional en el país desde 1994. Pero la fuertes presiones que viene ejerciendo desde hace varios años la Iglesia Católica han frenado la ratificación del Protocolo. De hecho, el gobierno de la Alianza pidió al Congreso la aprobación de este instrumento internacional, pero el lobby eclesiástico logró que el proyecto fuera retirado durante la gestión de Eduardo Duhalde. Y ahora, ha vuelto a la carga. El Secretariado Nacional para la Familia del Episcopado, y varios obispos –entre ellos monseñor Baldomero Martini, de San Justo, y Martín de Elizalde, de 9 de Julio–, pidieron al titular del Senado, Daniel Scioli, que evite su ratificación. Con el mismo espíritu, entidades alineadas en el movimiento “Pro Vida” están bombardeando con e-mails a los senadores. Y hasta reparten folletos en los alrededores del Congreso. Argumentan –erróneamente, según denuncian los organismos de derechos humanos– que el Protocolo abriría la puerta para la legalización del aborto y significaría una entrega de la soberanía nacional.
“Están mintiendo, desinformando. El Protocolo no crea nuevos derechos ni avasalla la soberanía. Sólo establece mecanismos procesales de protección”, señaló la titular de AI.
Hasta el momento, 66 países lo han ratificado. Le dieron el sí, entre otros, Canadá, Francia, Italia, España, Suecia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Holanda y Polonia, Brasil, Venezuela y Costa Rica. Del Mercosur, todos menos Argentina.