A casi seis meses de ocurrido el hecho, y cuando la causa ya lleva cuatro meses y veinticinco días bajo su responsabilidad, el juez en lo penal económico Carlos Liporace ordenó este fin de semana el allanamiento de las oficinas de la compañía de aviación Southern Winds (SW). De acuerdo con la información que se conoció en fuentes judiciales, en la sede de SW, en Suipacha y Santa Fe, se secuestró “documentación en papel, equipos de computación y numerosos archivos electrónicos”, cuyo contenido está siendo analizado ahora por peritos designados por la Justicia. Al mismo tiempo se supo que Liporace, siguiendo órdenes dispuestas por la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico, dispondría las indagatorias de siete personas que podrían haber tenido participación en el contrabando a España de 58,900 kilos de cocaína. Tres de esos supuestos imputados serían los máximos responsables de la empresa: Juan Maggio, presidente de SW, su hermano Christian Maggio y el vicepresidente de la compañía, Enrique Montero. Sobre el tardío operativo en la sede de SW, una fuente allegada a la causa estimó: “Si había algo que podía complicar a la empresa, ya debería haber volado a otro lugar”.
Anoche se supo que hoy prestará declaración como testigo el director nacional de la Aduana, Ricardo Echegaray, quien tendrá que dar precisiones ante Liporace sobre una nota periodística en la que dijo que la dependencia a su cargo “no es un conjunto de carmelitas descalzas”. En esa entrevista, aludiendo a las “valijas voladoras” que fueron a España sin pasajeros, algo que está expresamente prohibido en las reglamentaciones, Echegaray sostuvo que el problema no se limitaba sólo al caso de SW. “El año pasado se detectaron 50 valijas voladoras”, sostuvo el jefe de la Aduana, quien ahora tendrá que ampliar sus manifestaciones. La convocatoria a Echegaray es una de las 30 medidas ordenadas a Liporace por los miembros de la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico. En el reportaje, Echegaray cargó contra la Fuerza Aérea y contra la firma Argentina Aeropuertos 2000, de quienes dijo que la Aduana tiene que pedirles autorización “si quiere investigar equipajes”.
Fuentes cercanas al juez Liporace aseguraron que el procedimiento en SW estaba decidido “antes de que la Sala B de la Cámara ordenara las 30 medidas urgentes” en su fallo del viernes. Casualidad o no, la realización del operativo se conoció después de la decisión de los camaristas Marcos Grabivker y Roberto Hornos, que puso a Liporace el borde del pedido de juicio político por demoras inexplicables en la causa. Los voceros dijeron que el operativo “comenzó el viernes y se prolongó el fin de semana”.
En su fallo, los camaristas sostuvieron que el hecho investigado sería consecuencia de “una coordinada convergencia de una importante cantidad de personas, en distintos lugares, y en áreas especializadas”. Eso habría permitido que “el hecho ilícito investigado se haya aplicado para la realización de otras transgresiones”. Los jueces señalaron que “no resulta lógico suponer que aquel presunto delito haya sido llevado a cabo, únicamente, por las personas que hasta el momento se encuentran procesadas”. Una fuente le dijo a este diario que la investigación debe avanzar “hacia arriba, pero también hacia los costados”.
Ayer se esperaba que el juez Liporace decidiera la situación procesal de Walter Beltrame, hijo del ex jefe del Aeropuerto de Ezeiza comodoro Alberto Beltrame y empleado jerárquico de SW, uno de los detenidos en la causa. La abogada de Beltrame, Stella Maris Castelli, le dijo a Página/12 que todavía “no hay novedades” al respecto y recordó que Liporace tiene tiempo “hasta principios de la semana próxima”, dado que los diez días hábiles que tiene el juez para resolver corren a partir de la segunda ampliación de la indagatoria del imputado, que se produjo el 2 de marzo pasado.
En su declaración ante la Justicia, el ex supervisor de tráfico de SW, Claudio Fernando Baudino, cuya prisión preventiva fue confirmada por la Cámara, dijo que él siguió órdenes de Beltrame hijo cuando permitió elembarque de equipaje sin pasajeros, irregularidad grave que está expresamente prohibida. La Cámara señaló, en su fallo sobre la situación procesal de Baudino, que “no se encuentra debidamente determinado en el legajo si Beltrame era jerárquicamente superior a Baudino”. De todos modos, se dejó en claro que el supuesto “deber de obediencia no puede exceder el marco normativo aplicable” al hecho concreto del envío de las cuatro valijas sin pasajeros.
Esto significa que tanto Baudino como Beltrame tienen responsabilidad penal si conocieron el hecho. En el caso de Baudino, se dijo que tuvo “participación culpable en un presunto hecho ilícito de contrabando de exportación de estupefacientes que no se corresponde con aquellas obligaciones” que derivan de su función como supervisor de tráfico. Lo mismo le correspondería a Beltrame, cualquiera haya sido su responsabilidad jerárquica. Es claro que Liporace iría “hacia arriba” con la indagatoria a los tres máximos directivos de SW, pero allí no terminan las órdenes emitidas por la Sala B de la Cámara.
Se supo, en ese sentido, que también serían indagados dos ex jefes de Drogas Peligrosas de la Aduana Nacional que fueron separados de sus cargos luego de que estalló el escándalo. Y también serían imputados otros empleados no jerarquizados de SW. El propio Baudino, según se desprende del fallo de la Sala B, mencionó a varias personas que tenían conocimiento del embarque y que todavía no fueron citadas por la Justicia.