Dicen que la audiencia se demoró más de lo previsto porque Juan Maggio leyó hasta los acentos de las 50 páginas de declaración indagatoria. El presidente de Southern Winds se sentó al mediodía frente al juez Carlos Liporace y a la fiscal María Gabriela Ruiz Morales. A las nueve de la noche, salió caminando y en libertad. En la audiencia le preguntaron por su relación con los detenidos, por las “valijas voladoras”, por la ruta Tacna, por su relación con el secretario de Transporte Ricardo Jaime y, entre otros detalles, su relación con Fernando Arriete y el restaurante Malacara, del que el ex gerente de Ventas posee entre un 10 y 15 por ciento. “Mi compañía fue tomada como una empresa de narcotraficantes”, se quejó hacia el final de la audiencia. Liporace tiene diez días para analizar su situación procesal. En tanto, hoy por los tribunales pasará su hermano Christian Maggio y Enrique Montero, vicepresidente de SW.
El presidente de SW usó los últimos minutos de la audiencia para transmitir “el miedo” que “está sintiendo” su familia por todo el escándalo. Y para batallar contra lo que supone una organización delictiva montada detrás del escándalo. Porque, según dijo, pueden tomar represalias contra las empresas que “sí hacen las denuncias” y que tienen “agallas” para hacerlo.
Juan Maggio fue convocado por Liporace en calidad de imputado por el supuesto delito de contrabando previsto por los artículos 863, 864 inc. d, 865 a, 866 segundo supuesto del Código Aduanero “a título personal” y por los artículos 887 y 888 del Código por la responsabilidad “de la persona jurídica” con relación al vuelo 6420 de SW, donde se trasladaron 58,900 kg de cocaína. Esa imputación implica que las sospechas no sólo recaen sobre la compañía sino sobre su presidente.
En diciembre pasado, Juan Ma- ggio había hecho una declaración espontánea. Aunque no había sido citado ni como testigo ni como imputado, un juez subrogante le dictó la “falta de mérito” en enero. Esa medida no se apeló, sin embargo por orden de la Sala B de la Cámara Penal Económica el juez volvió a citarlo. Los camaristas consideraron que para confirmar o descartar las sospechas que pesaban tanto sobre él como sobre la empresa debía ser indagado. Tras la declaración, Liporace tiene diez días para dictarle un sobreseimiento definitivo, confirmarle la falta de mérito o procesarlo.
Esa misma situación se repetirá con la “persona jurídica”, es decir sobre SW. La legislación de contrabando prevé para las empresas sanciones homólogas a las de las personas físicas. En este caso, las penalidades van desde multas, inhabilitaciones o la disolución de la empresa.
En términos generales, Juan Ma-ggio sostuvo ayer todo lo que había dicho en la declaración espontánea, pero agregó detalles abundantes sobre la creación de la empresa y sus antecedentes. En la audiencia se presentó como presidente de SW desde su fundación en 1996, pero recordó que desde octubre de 1984 trabajó en LAPA, donde diseñó un plan de negocios para desarrollar SW.
Sobre la presunta manipulación del equipaje despachado en sus naves, Juan Maggio repitió lo que dijo hasta ahora: que no lo sabía, y de haberlo sabido lo hubiese denunciado. Declaró haber conocido el affaire de las valijas por su hermano Christian, y sólo cuando le informó que había un rumor en SW de España.
En la indagatoria, Liporace hizo hincapié en la demora de la denuncia de la compañía. Maggio aseguró que aun después del informe de la Guardia Civil española, no estaba convencido del envío. De acuerdo con su descargo, presentaron la denuncia sin las confirmaciones pero apenas tuvieron los primeros indicios.
Otro de los puntos sondeados fue sobre la dupla Walter Beltrame y Fernando Arriete, los dos empleados detenidos. La fiscalía intentó determinar cuánta era la autonomía de ellos en SW y si, tal como lo indican lasacusaciones, Wally estaba en condiciones de reunirse con posibles financistas. En ese contexto, Maggio recordó un episodio de agosto u octubre en su despacho, donde Arriete le habló de unos inversionistas que eran pasajeros frecuentes de la aerolínea. Aunque en ese momento Arriete no dio nombres, Maggio le habría preguntado si eran gente seria. Según el presidente, Arriete le dijo que eran de mucho dinero y conocidos de Beltrame. Cuando Maggio pidió que se los presentasen, su gerente comercial se lo negó. No podía hacerlo –le habría dicho– porque estos pasajeros eran gente de bajo perfil, interesados sólo en tratar con Beltrame.
El nombre de Ricardo Jaime apareció con fuerza hacia el final de la audiencia. Maggio admitió que lo atendió en carácter de funcionario, pero negó que alguna vez le haya dado una orden a Walter Beltrame para acelerar la salida de los vuelos por las quejas de Ricardo Jaime. Cuando la fiscal le preguntó particularmente por este tema, Maggio salió a defenderse: dijo que Jaime era muy exigente con SW y con Lafsa, como presidente del órgano coordinador entre las dos compañías.