Parece exagerado decir que el tiempo que lleva tipear un informe judicial puede definir la vida o la muerte de una persona, pero eso fue lo que pasó con Héctor Díaz Barberini. El 11 de febrero, Héctor debió haber estado internado, realizando un tratamiento de rehabilitación. Pero no estaba. Un mes antes, sus padres lo habían solicitado por vía judicial porque temían por la vida de este chico de 22 años que había perdido catorce kilos, rechazaba los tratamientos y robaba para comprar droga. El 25 de enero un médico del cuerpo forense lo examinó y consideró necesario que fuera internado para rehabilitarse. Sin embargo, el informe durmió once días en esas oficinas mientras esperaba ser tipeado y recorrer los cien metros necesarios para llegar al juzgado. La abogada de la familia reclamó a diario hasta que el 9 de febrero por la tarde el documentó finalmente llegó. Al día siguiente el juez estudió el caso y dispuso todo para la internación, que iba a hacerse efectiva el día 11. No fue posible: esa madrugada Héctor apareció en la calle, muerto de un balazo, aparentemente cuando intentaba conseguir droga.
–Su estado era lastimoso: era piel y huesos.
Eso dice Liliana Celis, la abogada a quien los padres de Héctor le pidieron que hiciera algo para forzar el tratamiento. Héctor consumía el llamado “paco”, pasta base de cocaína, una droga barata cuyos efectos son devastadores para el cuerpo. En Quilmes vivía su mujer con sus dos hijos, de uno y tres años, pero él iba y venía. Trabajaba esporádicamente, cuando conseguía algo. Cuentan que robaba a su familia y a los vecinos para consumir. Nada demasiado valioso, apenas lo que encontraba: un televisor, ropa, un colchón, hasta los sanitarios del baño.
Los padres consultaron con varios especialistas, oyeron las posibilidades de tratamiento y en el Sedronar les ofrecieron una beca, pero chocaban siempre contra un obstáculo: la negativa de Héctor a internarse. Por eso decidieron optar por la vía judicial.
El 11 de enero la medida cautelar ingresó al juzgado. Allí la madre de Héctor, Cecilia Barberini, habló de “las crisis que hemos presenciado y que muy difícilmente podemos contener, ya que sus episodios de desesperación por el suministro de drogas han llevado a tremendas discusiones en el grupo familiar, la sustracción y posterior venta de cuanto objeto valuable en dinero se hallara dentro de mi domicilio o el de su progenitor”. Y agrega, casi como un presagio: “El deterioro físico y psicológico en que se encuentra evidencia lo urgente de la solicitud que formulo, ya que temo por su propia vida”.
El juzgado ordenó que Héctor fuera examinado por el cuerpo médico forense, pero el primer intento fracasó porque su domicilio era una de las tantas cosas inciertas en su vida: no lo encontraron. La familia entonces ideó una estratagema para llevarlo engañado. Héctor fue examinado y el 25 de enero el médico forense Edgardo Mamone elaboró un dictamen donde estableció que presentaba un “trastorno de personalidad por consumo de psicotóxicos, con signos de descompensación” y consideró necesario que realizara “un tratamiento de rehabilitación en la modalidad de internación, existiendo indicadores de peligrosidad psiquiátrica potencial”.
Luego el médico inició su período de vacaciones y el informe quedó esperando que lo tipearan y lo llevaran al juzgado. Esperó once días. “Qué desgracia –dice Mamone al enterarse del desenlace del caso por este diario–, es una cuestión administrativa gravísima. Esta fue una feria de locos –agrega–, hubo muchísima gente que ver y el personal no daba abasto. Hay una acordada de la Corte que define cuánta gente debe quedar en la feria judicial. Eso se cumple, pero antes no había tanto trabajo como ahora.”Por acumulación de trabajo, por falta de personal, por lentitud, lo cierto es que el informe se demoraba tanto que la abogada Liliana Celis empezó a visitar diariamente el juzgado y el Cuerpo Médico Forense para apurar el trámite. Pero recién el 9 de febrero un empleado le dijo que el informe saldría ese día. Llegó al juzgado a las 13. Al día siguiente el juez Lucas Aon libró los oficios necesarios y se ordenó la internación de Héctor para el 11 “con el auxilio de la fuerza pública, si fuera necesario, y la intervención del SAME”.
Pero no fue posible. En la madrugada de ese día Héctor apareció muerto de un balazo en una calle de Quilmes. Aunque las circunstancias del asesinato aún se están investigando, todo apunta a que intentaba obtener dinero para las drogas. “Si la internación se hubiera efectuado el 28 o el 30, ese día él no hubiera estado caminando por la calle –dice Celis–. Estaba en un estado de indefensión absoluta, era incapaz por donde se lo mire. El Estado debió estar presente para cuidarlo.”
El 14 de febrero la abogada presentó un último escrito en el juzgado donde explica que el tratamiento ya no será posible. La frustración se le coló en la última frase del texto: “Aunque no por ser remanida, no deja de ser menos cierta la frase que dice: ‘la Justicia tardía no es Justicia’”.