En la causa por el incendio en República Cromañón, desde el viernes se tomará indagatorias tendientes a establecer las responsabilidades en las fallas de los controles en el local que, como se sabe, debería haber estado inhabilitado el día en el que ocurrió la tragedia. El viernes serán indagados tres ex funcionarios del gobierno porteño que podrían ser acusados por homicidio culposo por no haber hecho cumplir las normas vigentes. Luego será el turno del subcomisario Carlos Rubén Díaz, de la comisaría séptima, reconocido por al menos tres testigos como uno de los oficiales de la Federal que recibía coimas de parte del empresario Omar Chabán y de su jefe de Seguridad, Raúl Villarreal. La situación de Díaz, que según los testigos recibía 100 pesos por cada 500 asistentes a los recitales en Cromañón, es muy complicada. De confirmarse que cobraba coimas, podría ser procesado por el delito de cohecho pasivo, mientras que Chabán, y eventualmente Villarreal, serían imputados por cohecho activo, delito que se sumaría a los cargos por homicidio simple con dolo eventual que los mantiene presos por la muerte de 193 personas.
El subcomisario Díaz tiene que presentarse el miércoles próximo a declarar ante el juez Julio Lucini, quien el mismo día interrogará a Chabán sobre el tema de las presuntas coimas. El viernes pasado, durante un reconocimiento en rueda de personas, Díaz fue señalado por al menos tres ex empleados de Cromañón como uno de los dos oficiales –se desconoce la identidad del segundo policía– que solían concurrir al boliche de Bartolomé Mitre 3066, “a pie o en patrullero”, para “retirar el dinero para que la policía hiciera la vista gorda”, contó uno de los testigos al ser consultado por Página/12. “Todos lo conocíamos a Díaz porque lo veíamos casi siempre que iba al boliche, aunque algunas veces no se bajaba del patrullero”, comentó el ex trabajador del local incendiado.
“El manager de una banda que no es Callejeros, y que también declaró como testigo en la causa, aseguró que la policía cobraba 100 pesos por cada 500 personas que concurrían al boliche. Hay que pensar que, según el propio Chabán, en algunos shows hubo hasta cinco mil personas”, comentó a este diario uno de los abogados vinculados con la causa. El tema de las presuntos pagos a la policía fue tocado durante el careo entre el manager de Callejeros, Diego Argañaraz, y Villarreal, considerado la mano derecha de Chabán. Según Argañaraz, uno de los ítem que figuraban en el contrato eran los pagos por los servicios de “policía adicional”, en apariencia legales. Lo curioso es que, al menos parte del dinero, era retirado por Díaz, según otros testigos, un mecanismo a todas luces irregular.
Otra ex empleada, Ana Sandoval, declaró en la causa que había visto papeles manuscritos que confirmaban el punto de los 100 pesos que recibía la policía por cada 500 asistentes. Otra testigo, Viviana Cozodoy, confirmó que luego de los recitales siempre pasaba un patrullero, en el que iban dos policías, que eran atendidos por Chabán o por Villarreal. La segunda testigo confirmó las cifras que se manejaban y que los empleados conocían. Incluso comentó que, en cierta ocasión, “la cifra se tuvo que duplicar porque esa noche la policía había hecho un corte de calle” que, al parecer, tenía un costo diferencial.
El viernes, antes que Díaz, deberán prestar declaración indagatoria la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fizsbin, el ex director general de Fiscalización y Control Gustavo Torres y la ex directora adjunta del mismo organismo, Ana María Fernández. Los nombrados deberán responder por la falta de controles adecuados para hacer cumplir las normas vigentes en materia de prevención de incendios y otras situaciones irregulares que debían haber provocado, antes del desastre, la clausura del boliche propiedad de Chabán.