A la comisaría. Ese es el lugar al que deben ir las parejas cordobesas cuando quieren conseguir un certificado de convivencia que sólo garantiza el acceso a una pensión. La normativa es callada y nada dice sobre la orientación sexual de los convivientes, que no sería un impedimento, al menos declarado, para obtener el certificado. Pero según contó a Página/12 la legisladora provincial Mónica Gutiérrez, debido a “lo estigmatizante” del trámite, las parejas del mismo sexo ni siquiera lo intentan, porque la “tradición veda el ingreso” a esta opción. Ahora, la legisladora presentó un proyecto de ley de unión civil, que busca “encuadrar las uniones de cualquier pareja conviviente”, sea heterosexual o no. De aprobarse la iniciativa, Córdoba sería el tercer distrito del país en reconocer la unión entre personas del mismo sexo, otorgándoles los beneficios y obligaciones que tienen entre sí los cónyuges.
El proyecto prevé la creación de un Registro Público de Uniones Civiles, similar al que existe en la Ciudad de Buenos Aires. Los requisitos para inscribirse son dos: el primero es que ambas personas convivan en “una relación de pareja estable y pública” desde al menos tres años atrás, salvo que tengan hijos; el segundo es que los integrantes de la pareja tengan domicilio legal en la provincia desde los últimos tres años. Gutiérrez es la autora del proyecto y pertenece al bloque Frente Nuevo, que responde al intendente de Córdoba, Luis Juez. Según señaló a este diario, el fin del proyecto es “crear un mecanismo universal que contemple y encuadre las uniones de cualquier pareja conviviente”. Ese marco incluye una serie de beneficios. Por ejemplo, cualquiera de los integrantes de la unión tiene derecho a ser incluido en la obra social de su pareja o solicitar junto a ella un crédito hipotecario. También tendrá la posibilidad de asistirla cuando se encuentre hospitalizada, o acceder a planes de vivienda provinciales, entre otros puntos.
Para separar lo que el registro público unió hay dos caminos. Uno es asentar en el mismo registro las disoluciones. Esto, en caso de que se hayan producido de mutuo acuerdo o por la decisión de uno de los miembros, siempre que éste lo haya notificado ante su pareja. Pero esa disolución operará “de pleno derecho” si uno de los dos muere o contrae matrimonio.
“La constitución de parejas del mismo sexo es una realidad innegable en nuestra sociedad, aun cuando el Estado todavía mire para otro lado”, señala el proyecto. La Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Río Negro son dos de los distritos que la reconocen. Ahora, el debate es cordobés.