Y de pronto, la Corte Suprema de Justicia encontró un enemigo más allá de los caceroleros: los hackers. Ayer, después de una reunión en la que se redactó una acordada firmada por siete jueces, el cuestionado máximo organismo de justicia le pidió al Poder Ejecutivo que propiciara un cambio en el Código Penal, esta vez ya no para endurecer condenas de ladrones, como suele ocurrir con los cambios en el libraco de los delitos penales, sino para que sea posible condenar a los “intrusos”, tal como se llaman entre sí los fanáticos de la informática que acceden a computadoras ajenas, y a páginas web, para “hackearlas”. Es justamente el “hackeo” de la página de la Corte lo que motiva el enojo de los ministros. Es que un juez federal absolvió hace un mes a los acusados de inscribir un reclamo en su página en internet: “Yo maté a Cabezas, yo dejé que los militares asesinos anden sueltos... Yo voy a dejar que tu hijo se muera de hambre...”, se leía en la intervención de un grupo llamado X-Team, que luego también hizo de las suyas en la página de la Fuerza Aérea.
La historia de esta petición comenzó con una denuncia firmada por el propio Julio Nazareno en 1998. El 25 de enero de ese año la página oficial de la Corte apareció intervenida por los X-Team. Ninguno de los poco tecnológicos jueces se explicaba cómo era posible que la figura de la Corte fuera tan vulnerable a un ataque cyber. Peor les pareció el panorama cuando en la Justicia federal Sergio Torres, del juzgado 12, un magistrado que recibió la causa después de haber pasado por las manos del juez Gustavo Literas, decidió que cualquier persona puede cambiar un sitio de internet porque sólo las personas, los animales y las cosas están protegidas por el Código Penal. En el caso de una web o de un archivo informático no se tratan, para el juez, de “cosas”, sino de “elementos inmateriales”. Torres dejó claro en su dictamen que existe un “claro vacío legal” para enjuiciar a un hacker que interviene en un archivo html, que es el que cuando se lo ejecuta produce el despliegue de una web.
En la acordada, a la que tuvo acceso Página/12, la Corte hace un recuento de su triste historia como víctima de los impunes hackers. “Después de una exhaustiva y compleja investigación se determinó la identidad de los autores de la alteración de la página Web del Tribunal”. En su punto 5to. los jueces recuerdan que el 20 de marzo Torres resolvió “sobreseer a los autores por entender que el hecho no se encontraba tipificado en el Código Penal”. En el medio del proceso el fiscal renunció, denunciado por el acusado, Julio López, a raíz de una serie de supuestas irregularidades en la investigación a cargo de la División de Delitos Informáticos de la Policía Federal. Es más: los dos capos del área debieron ser trasladados y reemplazados por un tercero en la línea de mandos entendidos en computadoras. Pero más allá de los traspiés de la Federal –hubo detenciones irregulares y acusaciones falsas– la Corte quedó irritada por la decisión del juez Torres.
Así es que ayer decidió enviar lo actuado en el caso X-Team a la Procuración General de la Nación y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, “a fin de que propicie la legislación necesaria para sancionar penalmente conductas como la investigada, ya que la ausencia de encuadramiento legal llevó a que la causa concluyera con un resultado perjudicial para la administración de justicia”. La Corte no desconoce, seguramente, que ya se ha intentado en el Congreso impulsar algunas leyes de seguridad informática que saciarían la necesidad de penalizar hackers. Incluso uno de los proyectos fue diseñado por una comisión especial formado por el gobierno de la Alianza. Y otro lleva la firma del menemista Eduardo Bauzá (ver aparte). En palabras del ex hacker y actual director de investigación y desarrollo de Cybsec, Julio Ardita, “en el medio fue claro que el fallo que consideró que no había delito para encuadrar los hackeos enojó a muchísimos abogados que tenían causas en marcha”.
La pregunta de los letrados es: “¿para qué estamos impulsando causas contra los intrusos si no hay ley que lo sancione?”. El intruso, explicaArdita a Página/12, puede ser un chico de 16 años que se divierte entrando a computadoras ajenas, violando la correspondencia electrónica, robando archivos, espiando o simplemente usando el password o el servidor de otra persona. Puede ser alguien entrenado que realiza operaciones financieras, estafas o desfalcos, a través de la red (ver aparte). Puede ser el integrante de uno de los alrededor de diez grupos de intrusos que existen en la Argentina, entre ellos Heineken Team, Testo y Cyber-arg. “En general entran en una página y la utilizan como una pared a la que se le puede pintar un graffitti con una leyenda cualquiera”, dice Ardita. Existe un sitio de internet en el que los propios hackers almacenan las páginas intervenidas: en el país son 348. Entre ellas, como una joya, figura la de la Corte. Pero la abundancia es la de las hackeadas por brasileños cada vez que la Argentina pierde ante el seleccionado vecino. O viceversa.