Pasó un año de aquella gran marcha que conmovió los cimientos de la sorpresa. Hay quienes sospechan que de aquel fenómeno de demandas encarnadas en un solo hombre quedan algunos puntos cumplidos y una agenda de deseos. Otros aseguran que el fenómeno Blumberg sigue tan vigente como lo estaba entonces y que alcanza con una chispa para que estalle la santabárbara. El jurista Daniel Sabsay sostiene que el fenómeno Blumberg se concentró en el aspecto represivo para solucionar el miedo a la inseguridad y que terminó trastrocando todo el equilibrio del Código Penal. Gustavo Palmieri, del CELS, consideró que “el problema de la inseguridad sirvió para un discurso de exclusión, en el que los incluidos son los decentes y los excluidos terminaron siendo señalados como los indecentes, y en el que algunos derechos no fueron derechos sino que terminaron siendo obstáculos que había que anular”.
Si se plantea el fenómeno desde el lugar en que el propio fenómeno prefiere instalarse (o sea, sobre el reclamo por la inseguridad), y se restringe todo a la suma y resta de puntos del petitorio, el fenómeno Blumberg podría sintetizarse en siete reclamos de los que la mayoría fue satisfecha. Aumento de penas a la portación de armas; registro de la telefonía celular y castigo a la clonación de líneas; aumento de penas por homicidio, secuestro y violación, de cumplimiento efectivo; aumento de penas con límite de 50 años; aumento hasta 35 años de pena para lograr la libertad condicional en casos de cadena perpetua.
Eduardo Macaluse, diputado nacional por el ARI, dijo a Página/12 que “quedó demostrado que el aumento de penas no frenó el delito. El delito está ligado a múltiples causas que no están vinculadas al Código Penal. En un 90 por ciento se votaron las demandas y eso no solucionó nada. El núcleo del problema es el vínculo entre la delincuencia, las fuerzas de seguridad y el poder político y tiene que ver con la recaudación. Coincido en las demandas contra la corrupción, uno de los reclamos que quedó en deuda. Pero no se menciona la solución a la marginalidad por la distribución injusta, la falta de políticas de Estado. Por otro lado, desde el punto de vista legislativo, se legisló para la emergencia. Como resultado, el Código Penal que tiene que tener una proporción armónica quedó desproporcionado: al que roba cinco vacas le cabe una pena mínima de 4 años, y a María Julia Alsogaray, que depredó el patrimonio nacional, le puede caber una pena menor.”
Por su lado, el jurista y abogado constitucionalista Daniel Sabsay sostuvo que el encabezado por Blumberg “es un fenómeno de enorme participación que ojalá tuviera correlato en otros aspectos de las políticas públicas vinculadas con lo social, lo ambiental, sectores en los cuales no vemos una reacción similar”. Sabsay agregó que “los resultados en el plano jurídico son muy magros porque la visión de este movimiento está muy focalizada en la comisión de delitos de sangre y se pone el acento en la etapa represiva. Por eso, para quienes tratan de hacer una síntesis del movimiento terminan asociándolo a la idea de endurecimiento de penas, de mayor castigo. La represión, más allá de que es una etapa que no se puede negar, tiene que estar ligada a una etapa previa en el derecho penal que es la etapa preventiva. Apareció una suerte de fuerza irrefrenable a la que había que dar respuesta, y esa respuesta no se trabajó en forma sistemática”.
Según Sabsay, la respuesta a las demandas derivó en un ordenamiento disparatado del Código Penal, en el que delitos más graves quedaron con penas más bajas. “Sólo se observó una parte, la represión, que es la última ratio de una política criminal. Y, aún dentro del aspecto represivo, de qué sirve endurecer las penas si el sistema carcelario hace agua por todos lados.”
Por su lado, Gustavo Palmieri, director del Programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana, del CELS, sostuvo que “durante el añopasado se empezó a comprobar, por un lado, que el problema de la seguridad podía ser utilizado para el avance de propuestas autoritarias, un esquema dual de la sociedad donde los incluidos son los decentes y los excluidos terminan siendo señalados como los indecentes”.
“Esto se vio en el discurso público de los referentes y de funcionarios en los que aparecían señalados algunos delitos que afectaban a los incluidos y ocultaban otros delitos que afectaban a los marginados. Esto sirvió para concentrar recursos en responder a las demandas de los sectores que justamente cuentan con mayor capacidad de reclamo.”
Desde ese punto de vista, no sólo se concentraron recursos en algunos sino que aquellos sectores con menor capacidad de reclamo quedaron situados en el centro de la sospechas.
“Esto se cristaliza en avances no sólo en el discurso sino en términos políticos concretos –sostuvo Palmieri–. La inseguridad sirvió para decir a quién se ve como el sospechoso y a quién se debe proteger. Y de allí surge quiénes son capaces de obtener respuesta sus reclamos cuando se sienten inseguros y cuya capacidad pasa por encima de lo que pueda incluso decir las estadísticas”. En pocas palabras, Palmieri sostuvo que “no importa cuáles son los delitos más visibles, no tiene que ver cuál es la gravedad que puedan tener. Lo que resulta importante en ese discurso es qué sector es el agredido”.
“Esta es una característica de lo que se vivió el año pasado. La segunda es que algunos derechos dejaron de ser considerados como derechos y dentro de esta perspectiva de la inseguridad de algunos, esos derechos pasaron a ser obstáculo. Esto derivó en que no hay que proteger la defensa pública sino al fiscal. Por ejemplo, el derecho que tenemos todos los ciudadanos de que se nos investigue en un plazo breve dejó de ser un derecho y pasó a ser un obstáculo. Es mejor que esa investigación dure toda la vida. El derecho de que las cárceles sean para seguridad y no para sufrimiento también se transformó en un obstáculo. Y ahora tenemos que las cárceles están superpobladas.”
A todo esto, “el Poder Legislativo dio una respuesta muy débil a estas propuestas de corte autoritario muy fuerte. No hubo capacidad de debatir las propuestas, y se notó una importante ausencia de propuestas alternativas. Poder demostrar que la inseguridad tiene que ver con la consolidación de los derechos, con la inclusión y no la exclusión”.