El programa del gobierno bonaerense para la construcción de cárceles, los proyectos para agilizar los procesos judiciales y medidas como la compra de 500 brazaletes electrónicos para descomprimir el hacinamiento pasaron a ser simples parches inocuos a la crisis carcelaria que vive la provincia, según la crítica presentada por el CELS ante la Corte Suprema. El planteo se realizó ante el máximo tribunal durante la segunda audiencia pública en la causa promovida por el organismo de derechos humanos contra el gobierno bonaerense por la situación carcelaria. El plan de saneamiento de las cárceles lo había presentado el gobierno en la primera audiencia de fines del año pasado, pero el CELS destacó que “nada de lo prometido por el gobierno bonaerense se cumplió”. Las cifras fueron elocuentes: en tres años se triplicaron las muertes violentas por semana y en los últimos tres meses, el número de presos en comisarías aumentó en casi 400 pese a que el gobierno había prometido la reducción.
La audiencia fue la segunda de una causa abierta por el periodista Horacio Verbitsky, como representante legal del CELS, en noviembre de 2001, cuando solicitó un hábeas corpus correctivo colectivo por el serio agravamiento de la situación de los detenidos en comisarías bonaerenses. Los presos en comisarías son apenas la punta del iceberg del sistema carcelario por lo que, en el fondo, la solicitud del CELS estaba dirigida a la infrahumana estancia de los presos. La Cámara de Casación bonaerense rechazó el pedido sosteniendo que no correspondía accionar de manera colectiva. El pedido pasó entonces a la Suprema Corte provincial, que decidió en el mismo sentido, sosteniendo que se debía presentar un hábeas corpus en cada caso individual y que tribunales superiores indicarían medidas correctivas individuales al juez competente en caso de que correspondiera. Quedó abierto el recurso ante la Corte Suprema de la Nación. Y, en diciembre pasado, se realizó la primera audiencia ante el máximo tribunal, audiencia en la que el gobierno bonaerense se comprometió a generar obras y acciones para reducir la crisis carcelaria. En esos términos, en aquella audiencia el presidente de la Corte, Enrique Petracchi, exhortó a ambas partes a llegar a un acuerdo.
Ayer (y la realidad cotidiana) demostraron que no había acuerdo posible. El ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, enumeró el programa de construcción de cárceles, mencionó la próxima compra de pulseras electrónicas para descomprimir el hacinamiento, reconoció que la situación es crítica y admitió: “Venimos perdiendo la batalla”. El abogado del CELS, Rodrigo Borda, expuso en segundo lugar demostrando que sí, que la última admisión de Di Rocco era correcta y que el gobierno no sólo no había cumplido en nada sus promesas sino que el problema carcelario se había agravado desde la última audiencia.
Por empezar, el CELS señaló que para conocer el exceso de un recipiente primero hay que saber qué capacidad tiene. Y demostró que el gobierno sostiene la existencia de sobrepoblación carcelaria pero varía la capacidad del continente según el criterio para calcularla: uno parte de la capacidad original de las unidades (16.011) lo que dejaría una sobrepoblación del 55,9 por ciento. Pero si se agregan los módulos de bajo costo, la capacidad supuestamente sube a 18.291 y el exceso es de 36,5. Y si se cuentan las camas dobles se llega a 22.341 y 11,7 por ciento. Pero el CELS indicó la necesidad de agregar en la población carcelaria a aquella masa oscura que se hacina cotidianamente en las comisarías, que el propio gobierno había prometido reducir. La capacidad original de 16.011 internos se ve superada entonces en 15.023 presos, un sistema rebasado casi en un 100 por ciento. De hecho, en lugar de reducir, la cantidad de presos en comisarías se incrementó: del 1º de diciembre del año pasado, cuando se realizó la primera audiencia a la fecha, los 5564 presos en comisarías aumentaron a 5951 (387 en algo más de cuatro meses).Uno de los motivos de la violencia en las cárceles es el hacinamiento. Ayer, el CELS indicó que si en 2003 morían 2,7 presos por semana en las cárceles bonaerenses, en 2004 la cifra aumentaba a 3,3, y hasta el 28 de febrero pasado, la cantidad llegaba a casi uno por día (6,1 por semana). Y desagregando las causas de muerte, si en 2003 el 19 por ciento de los fallecidos había muerto por causas violentas, al año siguiente la cifra se había casi duplicado (37) y hasta el 28 de febrero de este año el porcentaje se había elevado a 59 por ciento. Además, el CELS aseguró que las medidas del gobierno eran parches intrascendentes. Señaló que el programa de construcción de cárceles era ambicioso pero no lo cumplía (postergación permanente) y que, por ejemplo, la compra de 500 pulseras electrónicas anunciadas sólo significaba un impacto en el 1,6 por ciento del total. En su exposición el CELS sostuvo que espera que la Corte establezca las condiciones mínimas acordes con la Constitución y que no sólo ordene sino que haga un seguimiento para verificar si sus órdenes se cumplen.
Al cierre de la exposición, Verbitsky agregó que las acciones tomadas por el gobierno eran “unas pocas gotas sobre la tierra seca” e instó a la Corte a tomar una decisión ordenadora, como “una señal hacia toda la sociedad de que hay poderes independientes que, por encima de la trabazón institucional están en condiciones de hacerse cargo del problema”.