El juez Carlos Liporace dictó la “falta de mérito” para procesar a tres directivos de la empresa Southern Winds y al ex titular de la Policía Aeronáutica (PAN) en el contrabando de 60 kilos de cocaína a España. El juez Liporace hizo suyo el argumento de los empresarios, quienes habían aducido que, si ellos no hacían la denuncia, el delito no hubiera llegado a conocerse. La medida de Liporace beneficia a los hermanos Juan y Christian Maggio, presidente y gerente general de la compañía aérea; al vicepresidente, Enrique Montero, y al brigadier Horacio Miguel Giagischia, quien a raíz del caso fue separado de la jefatura de la PAN, que luego fue disuelta y reemplazada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Previsiblemente, el fallo de Liporace será apelado por la fiscalía ante la Cámara en lo Penal Económico, Sala B, que ya rechazó otras “faltas de mérito” dictadas por el mismo juez en este caso y cuestionó en varias oportunidades su actuación.
Al explicar su fallo, el juez Liporace destacó que “todavía no está agotada la investigación” y que no hay pruebas “para sobreseerlos ni para procesarlos”, pero estimó que “quien en principio divulga un hecho, está poniendo algo en conocimiento de las autoridades para que se investigue; generalmente los denunciantes son víctimas del hecho. En el caso de Christian Maggio tenemos que evaluar cuál ha sido la intencionalidad de hacer la denuncia, si tuvo algún otro tipo de motivación para encubrir”.
La falta de mérito beneficia también a Marcelo Filippi, uno de los encargados de la empresa TAS, contratada por Southern Winds para custodiar la seguridad de los equipajes. El 16 de septiembre del año pasado, cuatro valijas que contenían un total de 58,9 kilos de cocaína fueron embarcadas en Ezeiza hacia Madrid, sin estar a nombre de ningún pasajero; en el aeropuerto de Barajas quedaron dando vueltas en la cinta transportadora sin que nadie las reclamara, hasta que las descubrió la Guardia Civil.
En rigor, uno de los cuestionamientos formulados por la fiscal del caso, María Gabriela Ruiz Morales, se refería a que Christian Maggio demoró 15 días en hacer la denuncia. De hecho, la Sala B del fuero Penal Económico –por voto de los camaristas Marcos Grabivker y Roberto Hornos– también había estimado en principio que los directivos de SW hicieron la denuncia en forma “anónima”, “mal y tarde”.
Christian Maggio fue mencionado varias veces por procesados y testigos en la causa. Ricardo Caso, jefe de seguridad de SW, declaró que se enteró de lo sucedido por boca de Maggio, una semana después de los hechos, es decir, más de una semana antes de que Maggio lo denunciara ante las autoridades. Fernando Arriete, ex gerente comercial de SW, procesado y detenido, afirmó que Christian Maggio no había tomado “ninguna determinación” sobre Walter Beltrame –detenido y procesado, hijo del comodoro Alberto Beltrame, ex jefe aeronáutico del aeropuerto de Ezeiza– porque “el padre era la autoridad máxima del aeropuerto”.
Juan Maggio ya había recibido una “falta de mérito” –lo cual significa que, si bien sigue vinculado con la causa, no está procesado– en enero pasado por decisión de un juez subrogante. Pero los camaristas Grabivker y Hornos consideraron que habría elementos para presumirlo sospechoso y le ordenaron a Liporace que lo citara para prestar declaración indagatoria por el posible delito de contrabando y por responsabilidad en el traslado de la cocaína.
En la indagatoria, Maggio insistió en que ignoraba toda manipulación de equipaje despachado en las aeronaves de la empresa, que tomó conocimiento de ello por su hermano Christian, y que si hubo demora en denunciar el caso “fue porque no estaba del todo clara la información desde España”.
El argumento de los directivos es atribuir las responsabilidades a sus ex empleados Arriete –ex gerente de ventas internacionales–, Beltrame –ex responsable de la atención a los pasajeros frecuentes– y Claudio Baudino –ex jefe de supervisores en Ezeiza–.
La fiscal Ruiz Morales no había aceptado este argumento y había pedido el procesamiento de los hermanos Maggio y de Montero, así como el de Flavio Cañoto –encargado de pista de Southern Winds en Barajas– y de Carlos Lépore –supervisor de la empresa de seguridad TAS, contratada por SW–.
Hace un par de días, la Sala B de la Cámara rechazó la “falta de mérito” dispuesta por el juez Liporace en favor de dos empleados de la empresa TAS por considerarla “carente por completo de las características de un acto jurídico válido”. En su oportunidad, también había dejado sin efecto la falta de mérito dictada por Liporace respecto de Ariel Tamburrini, supervisor de SW en el aeropuerto de Madrid, cuya detención se ordenó la semana pasada.
Luego del fallo de ayer, la empresa Southern Winds afirmó que “seguimos confiando en la Justicia”, lo cual “quedó demostrado en el hecho de que el único denunciante en la causa fuimos nosotros y así se lo reconoce en la resolución”. Según los empresarios, “quedó demostrado que en Southern Winds somos muy buenos pilotos de tormentas”.