Tras la investigación realizada por Página/12 en torno de las irregularidades detectadas en las Curadurías Oficiales, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados decidió incorporar el tema al proceso contra el defensor general de la Nación, Miguel Angel Romero. Convocado para que presentara toda la documentación en su poder, el ex interventor de las Curadurías, Marcelo Jalil, aportó ayer unas cien fojas donde aparecen algunas de las situaciones dadas a conocer por este diario, que muestran cómo se abusa de la situación y los bienes de las personas insanas que están al cuidado de los curadores. También se incorporará el reciente fallo en el que Romero fue condenado a un año de prisión en suspenso por el delito de calumnias. La Comisión de Juicio Político, presidida por el tucumano José Ricardo Falú, está pisando el acelerador para sumar estos elementos de modo tal que el jueves 5 los diputados puedan dar traslado a los cargos contra Romero.
Entre los documentos que la comisión incorporará está el artículo publicado por Página/12 el lunes 11 de abril. Allí se dio a conocer una serie de graves irregularidades en perjuicio de los insanos, cuyos bienes son manejados por los curadores por orden judicial. El organismo, que depende de la Defensoría General de la Nación, fue intervenido por decisión de Romero en diciembre tras la denuncia de un particular, pero esa intervención fue muy breve: el defensor de Menores Marcelo Jalil pidió ser relevado sólo dos meses después de asumir “por una cuestión de reserva moral”, tras denunciar que se le negaban los elementos mínimos para cumplir con su función. Sin embargo, presentó el resultado de una auditoría donde se mostraron oscuros manejos económicos. Por ejemplo, muchas de las propiedades de los insanos internados en psiquiátricos o geriátricos son alquiladas por empleados de las Curadurías o sus familiares por montos bajísimos. Además, se detectaron extracciones sin destino conocido de importantes sumas de dinero de sus cuentas bancarias. Y aparecieron extrañas compras: con el dinero de una mujer internada en el Moyano, por ejemplo, se compraron dos lavarropas para esa institución, cuyo destino posterior nunca se conoció. Peor aún, hay insanos que están internados en un hospital público pese a que poseen propiedades por las que no reciben ningún alquiler.
La Comisión de Juicio Político decidió incorporar este tema al grueso expediente en contra de Romero, quien acumula una larga lista de acusaciones desde que accedió al cargo, en 1998, de la mano de Carlos Menem: falta de idoneidad, abuso de poder, actitudes antidemocráticas, malversación de caudales públicos, irregularidades en la designación del personal y en la administración del presupuesto del organismo que encabeza. Para acelerar los tiempos del proceso, le solicitaron al ex interventor de las Curadurías que aportara toda la documentación en su poder vinculada a las irregularidades mencionadas. Ayer, Jalil se presentó en la Cámara de Diputados para cumplir con ese objetivo.
El otro documento que se incorporará es el reciente fallo contra Romero dictado por el juez Norberto Oyarbide, quien lo encontró culpable del delito de calumnias. El caso data de 1999, cuando Romero sostuvo en artículos publicados por varios diarios que el abogado Ricardo Monner Sans había incurrido en falsa denuncia cuando cuestionó, por considerar irregulares, algunos nombramientos de defensores oficiales. Oyarbide no sólo condenó a Romero, sino que dictaminó que en los medios en los que se habían difundido sus dichos tendrá que publicarse la sentencia y que las solicitadas correrán por cuenta y cargo del condenado.
Fuentes de la Comisión de Juicio Político confiaron a este diario que una vez que se certifique e incorpore la nueva documentación, los diputados se reunirán y probablemente el jueves 5 den traslado a los cargos para que Romero pueda ejercer su defensa. Ya varios han considerado su situacióncomo muy comprometida. Todo indica que al defensor general no le queda mucho tiempo más para disfrutar de su sillón.