El procesamiento por “homicidio culposo agravado” de quien fuera subsecretaria de Control Comunal porteña cuando ocurrió la tragedia de Cromañón, Fabiana Fiszbin, y de otros cinco ex funcionarios, abrió un nuevo capítulo en la causa por la muerte de 193 personas en el boliche de Once. Como era de prever, la defensa de Fiszbin apelará el fallo de juez Julio Lucini, que “pretende convertir” a la ex funcionaria en “el pato de la boda”. Desde el gobierno porteño se optó por el silencio. Y algunos legisladores consideraron que el fallo podría “poner otra vez sobre el tapete” la situación política de la ciudad.
“Hay una presión mediática y política de sectores del macrismo para que mi defendida sea el ‘pato de la boda’”, enfatizó el abogado de Fiszbin, Marcelo Fainberg, quien el miércoles se presentará ante la Cámara de Apelaciones para dar vuelta el fallo. Uno de los argumentos que tratará de rebatir es aquel en el que el Lucini citó la “teoría de la imputación objetiva” que trata el juzgamiento de una “conducta de un agente como condición necesaria sin la cual la muerte no habría ocurrido. “Para que haya ocurrido esto –explicó a Página/12–, el responsable tiene que tener dominio del hecho por acción u omisión en el hecho que se le imputa. Y en este caso no hubo ni siquiera omisión porque Fiszbin se preocupó por los boliches.”
–¿También está en desacuerdo con el planteo del juez acerca de una “violación del deber de cuidado” por la cual se conformó un tipo penal? –preguntó Página/12.
–Esa interpretación no podía ser de otra manera para los funcionarios porque si no el delito no podría ser doloso.
–Entonces, ¿considera que la figura está bien aplicada?
–Sí, pero para los demás funcionarios, no para Fiszbin, porque no hubo negligencia ni omitió ninguno de sus deberes. Además, si el juez procesa a policías por cohecho y omitir contravenciones, ¿adónde está la imprudencia de Fiszbin si no sabía las condiciones en que funcionaba el boliche?
–El juez dijo que los funcionarios no pudieron desconocer la situación porque “hubo varias alarmas”, una de ellas fue el informe de la Defensoría del Pueblo.
–Ella se preocupó por el tema. Por ejemplo, a fines de mayo de 2004 ordenó a Ana Fernández (directora adjunta de Control) que realizara las inspecciones y clausuras necesarias. Ahora, que los subordinados no hayan actuado como corresponde escapa a la responsabilidad de Fiszbin.
–¿Cree que la escalada de acusaciones puede llegar hasta funcionarios de mayor rango?
–No. Aparte, las teorías (que se usaron para inculpar a funcionarios) tienen que tener un límite, un punto final en las responsabilidades.
Fainberg también consideró que fue un “error” dictar el procesamiento penal “hablando de una negligencia en general de los funcionarios porque la responsabilidad penal se dicta en forma individual”. Sin embargo, José Iglesias, abogado y padre de una de las víctimas de la tragedia, sostuvo que “lo que dice el fallo es los funcionarios tenían una misma responsabilidad pero que hubo una actuación conjunta; no se dictó nada en forma general”.
Con el mismo talante que mantiene desde que comenzó el proceso judicial, el jefe de Gobierno optó por el silencio. No obstante, fuentes del Ejecutivo admitieron que “sabíamos que la investigación iba en esa línea (la del procesamiento de funcionarios) y no causó mucha sorpresa”. Sin embargo, desde el Legislativo sonaron algunas voces. Para Francisco Talento, de Frente para la Victoria, “el mayor impacto que habrá que estudiar será el posible resurgimiento de la crisis vinculada a Cromañón; el fallo pondrá sobre el tapete, otra vez, la cuestión política”. La legisladora oficialista Ana María Suppa reconoció que “si la Justicia lleva el caso con seriedad y encontró argumentos para tomar una decisión como la que tomó, entonces los responsables tendrán que asumir su rol”. Para la titular del bloque macrista, Gabriela Michetti, “ligar el fallo al hecho de que la gestión de Ibarra esté débil o no es politizar la cuestión”, no obstante sostuvo que “lo que el fallo dejó expuesto es que hay una manera de ejercer la función pública que se debe desterrar”.

Informe: Adrián Figueroa Díaz.