“Somos como investigadores forenses”, afirma Peter Kornbluh, que dirige, dentro del National Security Archive, el proyecto sobre desclasificación de documentos secretos de la administración norteamericana sobre Chile. Los documentos que han desclasificado permitieron arrojar luz sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por las dictaduras del Cono Sur, entre ellas la de Argentina. Pero en este momento también la desclasificación de estos documentos ha permitido conocer la magnitud de la violación a los derechos humanos cometidos por la administración de George Bush en su lucha contra “el eje del mal”. “Tienen los mismos métodos y los mismos argumentos que los dictadores de la Operación Cóndor”, denuncia Kornbluh.
–¿Cómo surgió la idea de ponerse a trabajar con la documentación clasificada?
–La idea surgió de un periodista norteamericano, Scott Armstrong, hace veinte años. Su proyecto era el de concentrarse en documentos desclasificados y crear una organización para que funcione como un archivo que centralizara estos documentos, así como para pedir nuevos documentos desclasificados, hacer un índice con ellos y facilitarlos en bloque a instituciones, universidades, periódicos y también a empresas que estén haciendo algún tipo de investigación histórica. Esta fue una de las razones para crear el National Security Archive Chile Documentation Project. La segunda fue crear una organización en Washington que pudiera liderar la campaña para lograr más libertad de información. En Estados Unidos tenemos un acta muy importante. Esta ley se llama Freedom of Information Act (FOIA), que es la ley de libre acceso a la información, que permite a los ciudadanos pedir documentos. No les permite recibir los documentos, pero sí pedirlos.
–¿Los documentos son abiertos sin ningún tipo de modificación?
–Hay una estructura de solicitud y de trámites previos, en los que las agencias tienen que buscar el documento, encontrarlo y saber lo que contiene y pueden usar algunas excepciones para guardar partes o todo el documento. Pero muchas veces pasan parte del documento o todo. Estas excepciones tienen que ver con la seguridad nacional, con la privacidad, etc. Al realizar esta función, nuestra organización ocupa de hecho un rol destacado en la campaña para lograr más transparencia gubernamental en Estados Unidos. Y la tercera razón es funcionar también como instituto de investigaciones. No sé si el programa de televisión CSI-Crimes Scientific Investigation, muy popular en Estados Unidos, ha llegado a Buenos Aires. Yo digo que somos el CSI... de Secretos porque, y los argentinos pueden comprender esto, somos como investigadores forenses. No estamos desenterrando los cuerpos, pero sí la información, en muchos casos aquella que dice dónde están los cuerpos o quién mató a quién.
–¿Automáticamente esos documentos se convierten en prueba en los juicios contra los represores?
–El orgullo más grande que siento es que hemos sido pioneros en usar la desclasificación de documentos del gobierno norteamericano para avanzar en la investigación sobre la justicia y los derechos humanos en América latina y otros países. En muchos países como la Argentina, Chile y otros, los militares trataron de esconder los documentos, pero en mi país, estas agencias: la CIA, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, han mandado muchos documentos con información sobre lo que hizo la Junta Militar en la Argentina, el régimen de Pinochet en Chile, el gobierno del PRI en México, Montesinos y Fujimori en Perú, etc. Entonces, si conseguimos esos documentos de mi gobierno podemos ayudar con la evidencia sobre desaparecidos.
–¿Y cuál fue el hecho que lo motivó a usted, cómo se relacionó usted con el tema?
–Bueno, hace veinte años yo trabajé en una investigación sobre la guerra de los contras en Nicaragua, que fue un gran escándalo en Estados Unidos. Fue una guerra paramilitar de la CIA, detrás de los contras, para derrocar al gobierno de los sandinistas. Yo trabajaba sobre este tema, y había otras personas que estaban trabajando sobre la intervención norteamericana en Irán. Y de pronto, en noviembre del ’86 saltó el escándalo de Irán-contras en nuestro país. De repente nos transformarnos en un centro de información mundial sobre este escándalo. Empezamos ahí y ya tenemos proyectos relacionados con muchas partes del mundo.
–¿Cuando empezó a investigar la guerra de los contras ya sabía que existían documentos clasificados del gobierno norteamericano sobre este tema?
–La cuestión es que todos los gobiernos tienen que generar papeles de trabajo. No se puede funcionar sin memoranda, comunicaciones, cables, transcripciones de reuniones, etc., etc. Nuestra especialidad es saber qué tipo de oficina o de agencia produjo tal tipo de información. Por ejemplo, la CIA tiene oficinas que producen información cada diez minutos y la Casa Blanca durante muchos años tenía un sistema secreto para grabar las conversaciones del presidente con sus diputados. El famoso Henry Kissinger tenía también un sistema secreto para grabar sus llamadas y una secretaria para hacer la transcripción. Si sabemos que existe el documento, podemos buscar la desclasificación para desenterrar esa historia. La cuestión es que estos documentos, aun en los años ’60 y ’70 algunas veces, en el caso de la Argentina, Chile, en el caso de Cuba, todavía tienen actualidad relevante en el debate sobre la política internacional de Estados Unidos o en el debate sobre la justicia.
–¿Cuáles han sido los documentos más importantes que han conseguido en estos veinte años de existencia?
–Hemos conseguido casi 60 o 70 mil páginas de documentación y algunos documentos extraordinarios. Mi colega que trabaja sobre la Argentina, Carlos Osorio, consiguió la transcripción de las reuniones entre Henry Kissinger y el canciller de la Junta Militar argentina, el almirante Guzzetti, en el año ’76. Fue una reunión en Santiago de Chile, en junio del ’76, después de una reunión con Pinochet. Hubo otra en agosto y otra en octubre en Nueva York. En estos documentos se puede ver que Guzzetti habló con Kissinger sobre la guerra sucia y Kissinger le respondió: “Deben actuar con rapidez, nosotros comprendemos por qué tienen que hacerlo, pero deben hacerlo rápido” y agregó: “Si puedes acabar con esta guerra antes de que regrese a trabajar al Congreso en enero, será bueno porque en mi país ya están haciendo denuncias sobre los derechos humanos”. Esto tiene un gran impacto sobre la historia, son documentos importantes.
–Usted acaba de publicar un libro con gran cantidad de documentos sobre la represión en Chile y la creación de la Operación Cóndor...
–Hace siete años, cuando fue la detención de Pinochet en Londres, conseguí todos los documentos de la CIA, del Departamento de Defensa, del Departamento de Estado, del Consejo de Seguridad Nacional, la Casa Blanca, etc., sobre el rol de la política de Estados Unidos en Chile durante la época de Allende y la dictadura de Pinochet. Y también documentos norteamericanos que pueden aportar evidencias para los juicios a Pinochet y sus hombres. Tuvimos una campaña muy fuerte, complicada, que realmente empezó con el español Joan Garcés.
–Cuando Garcés inició la causa contra Pinochet ante el juez español Baltasar Garzón provocó una repercusión mundial muy fuerte...
–Garcés fue el primero en venir a Washington y pedir documentos cuando comenzó su propio proceso judicial en España, en 1997. Nosotros trabajamos con él para delinear, destacar cuáles documentos podían servir. Conseguimos 24 mil documentos que jamás habíamos visto antes. Hay mucha información sobre la Operación Cóndor que no había salido antes. Seguimos el proceso de organización de la Operación Cóndor a través de la documentación que se originaba en la comunidad norteamericana deInteligencia. Supimos sobre las decisiones de Kissinger en estos casos, sabemos mucho más sobre el asesinato de Orlando Letellier, el ex canciller de Allende, en Washington. Y sobre Chile, tenemos documentos de la inteligencia norteamericana sobre la DINA, sobre la relación entre Contreras, el jefe de la DINA, y Pinochet, y sobre la relación con los civiles. Todos estos temas se están utilizando en los procesos judiciales en Chile. También hay documentos que describen, diría en forma dramática, el perfil de esa época.
–¿En esos documentos también se muestra la relación de sectores civiles, incluso de los partidos políticos, con la CIA?
–Por ejemplo, en mi libro publiqué unos documentos sobre los pagos de la CIA al Partido Demócrata Cristiano chileno, aun después del golpe. Y se armó un escándalo en Santiago cuando dirigentes de ese partido salieron a decir que todo eso era mentira, que no sabían que hubieran entrado ni cinco centavos de la CIA a su partido. Pero es ridículo, porque tenemos muchos documentos ahora que revelan doce años de pagos, desde el ’62 hasta el año ’74. Son documentos auténticos, reales, y tenemos toda la historia sobre eso.
–Respecto de su país, Estados Unidos, ahora también existe mucha documentación sobre violaciones a los derechos humanos por parte del actual gobierno...
–Hay un escándalo, como fue en la Argentina y en Chile cuando se conocieron la tortura y los secuestros. Hay un escándalo en mi país por esta situación tan repudiable. En Estados Unidos hay mucha información sobre lo que está haciendo. Cuando se ven los documentos que relatan cómo la CIA y el Departamento de Defensa están interrogando a los detenidos en la guerra contra el terrorismo, se puede ver que es una Operación Cóndor en pequeño. Las mismos métodos, los mismos argumentos, y los desmentidos son muy similares a los de la Junta Militar argentina y chilena. Se cumplió un año desde que salieron las primeras fotografías de Abu Ghraib. En este año se revelaron muchísimas cosas más que demuestran que estas fotos fueron sólo una parte pequeña de estas operaciones.
–¿Hay secuestros y torturas documentados?
–Lo peor es que en la actualidad la CIA practica el traslado furtivo de prisioneros, personas que creen que son parte de grupos terroristas. Desaparecieron en sus países por cinco o seis meses, fueron trasladados por un avión de la CIA a otras partes del mundo y puestos en campos de detención secretos, controlados por otros gobiernos y por otras policías secretas como las de Siria y Egipto y otros lugares. Y allí fueron torturados con algunos de los métodos que se usaron en la Argentina y Chile, como el submarino, que la CIA llama el “water boarding”. El esfuerzo del gobierno de Estados Unidos para mostrarse como un líder en la campaña por la democracia y los derechos humanos perdió credibilidad. Todo esto es contra nuestra propia seguridad internacional, porque vamos a perder influencia, no estamos ganando de esta manera la guerra contra el terrorismo y estamos torturando personas inocentes. Hay personas que están muriendo en la tortura. Ya hay más de treinta casos de muertos en esta situación.
–¿Los organismos de derechos humanos norteamericanos están registrando estos casos?
–Bueno, los militares mismos lo reconocen. Esta semana, que se cumple el aniversario de la publicación de las fotos de Abu Ghraib, van a salir muchas noticias sobre las investigaciones de lo que está haciendo la administración Bush. Human Rights Watch ha hecho esta denuncia con mucha documentación. Es una situación verdaderamente increíble: usando la ley sobre libertad de información hemos conseguido miles de documentos. No mi grupo, pero otros grupos en Estados Unidos, y estos documentos son increíbles sobre la tortura, especialmente en Guantánamo, en Abu Ghraib, en otros lugares. Porque la CIA está haciendo algo, el FBI hace otra cosa, Defensa está haciendo otra. Entonces la gente del FBI se entera lo queestá haciendo Defensa y envía un cable advirtiendo sobre lo que sucede. No es que el gobierno está totalmente unificado en torturar a los prisioneros. Todo esto que se ha escrito está saliendo a la luz en desclasificados con mucha información. Me da mucha vergüenza decir que en mi país hay muchas personas que conocen esta situación pero lo aceptan porque tienen mucho miedo del terrorismo. Esto fue lo que pasó también en la Argentina, donde había menos información.
–¿Hasta qué punto está enterada de esta situación la opinión pública norteamericana?
–Hay muchas personas que han expresado su indignación, es un escándalo, pero esta administración se excusó de la misma forma que la Junta en la Argentina, que los militares en El Salvador, que Pinochet en Chile. Y dijeron que creen en los derechos humanos y que si habían ocurrido estas cosas se trataba de excesos de algunos soldados que no son profesionales. Esta fue la línea. Tengo documentos desclasificados de Manuel Contreras, el jefe de la DINA, que cuando se reunió en Washington con algunos congresistas dice exactamente eso: que no estaban torturando, que se trataba de algún coronel indisciplinado, pero que ya estaba controlado. En mi país dicen estas mismas cosas. Tratan de concentrar toda la atención en estas fotos de Abu Ghraib y dicen que fue un grupo de soldados sin que hubiera una política oficial que los impulsara. Pero lo que ya se sabe, son estas informaciones de personas que desaparecen, usando estas técnicas que se llaman Técnicas de Interrogación Extremas. Y lo hace con la justificación de pelear contra el terrorismo. Es la misma línea que usó Guzzetti en las reuniones con Kissinger. En el informe que presentó Human Rights Watch dice que hay entre cien y 150 personas que no se sabe dónde están.
–Se supone que para obtener la desclasificación de los documentos relacionados con esta situación deberán pasar 50 años...
–Mi organización trata de obtener estos documentos. No queremos que pasen treinta años. El plazo de los 50 años es un mito. Hay documentos de clasificación muy baja que se desclasifican después de 20 o 30 años. Pero la gran mayoría de estos documentos no tiene ningún límite de tiempo, sólo hay que pedirlos para que sean desclasificados. Otro grupo obtuvo hace dos años documentos sobre el golpe de Estado en Venezuela contra Chávez. Fue un plazo muy corto para obtener documentos de la CIA. Y sabemos mucho sobre el escándalo de las torturas del gobierno norteamericano en la guerra contra el terrorismo. Hay muchos documentos, incluyendo una lista de 22 técnicas de interrogatorio que se dice que firmó el mismo Bush y que la CIA está usando ahora. La Casa Blanca se niega a desclasificar este documento. Pero por otros papeles sabemos que existe esta autorización. Si llegamos a obtenerlo, sería evidencia directa sobre un presidente que autoriza la tortura.