“El lustroso Salón Azul (del Congreso) tomó el tono multicolor de la tierra.” Así lo dijo un diaguita: durante diez horas, unos cincuenta representantes de los pueblos originarios de todo el país se “reencontraron” en el palacio desde donde emanan las leyes, en el marco de una movida inédita que los sentó frente a los miembros de los tres poderes de la República. Wichís, guaraníes, mapuches y mocovíes, entre otros, participaron de una reunión con diputados y funcionarios para discutir “proyectos de ley que, paradójicamente, harían cumplir la ley madre” que es la Constitución nacional. Paralelamente, otro grupo estuvo con el ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, a quien se le planteó “la discriminación y falta de justicia que sufren los indígenas”. Hoy se verán con miembros del Poder Ejecutivo y la Defensoría del Pueblo, a los que llevarán casos concretos para que este organismo intervenga.
De la Reunión Consultiva con los Pueblos Indígenas que ayer tuvo lugar en el Congreso estuvieron presentes la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, unas diez ONG de derechos humanos y el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Jorge Rodríguez, a quien los representantes criticaron por no acordar con las políticas del organismo. El debate se centró en los proyectos de ley de “procedimientos para la regularización de propiedades comunitarias” de “propiedad comunitaria”, que se trataría la semana próxima.
“Vine para exigir a los diputados que den quórum cuando se traten estas leyes. Este país es muy poco claro: se tienen que votar leyes para que se cumpla la ley madre”, reflexionó Primo Guanuco, de la comunidad kolla de Humahuaca, Jujuy. “Esto ocurre porque hay una reticencia de cumplir con la Constitución, que es operativa por sí misma y debería aplicarse. La mayoría de los jueces no la aplica y por eso tenemos desalojos”, sostuvo María Barbagelata, diputada socialista y titular de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, que organizó el encuentro al que los 50 representantes viajaron por sus propios medios, bajo la coordinación de ONG como el Equipo de Pastoral Aborigen (Endepa).
A Francisco González, su comunidad wichí de Pompeya, Chaco, lo mandó a ratificar la denuncia publicada hace un año por Página/12 sobre la discriminación que sufren: “En nuestro pueblo, a mis hermanos se les sigue dando pan de ayer y a los blancos pan de hoy. Ser aborigen parece ser una enfermedad”. Para Félix Díaz, toba de la Colonia La Primavera, Formosa, este encuentro “sirvió para ratificar la denuncia de que a mi comunidad se le quitó 5 mil hectáreas; antes teníamos 10 mil pero nos quitaron la mitad para dárselas a criollos”.
Con Zaffaroni estuvo una delegación de 15 personas que, durante una hora, lo actualizaron sobre sus “problemas de acceso a una defensa y un juzgado imparcial”, tanto en casos de discriminación como de expropiación de tierras o violación a los derechos humanos. Uno de los temas citados fue el de Hilario Vega, un toba de 65 años condenado a 13 años y 8 meses de prisión por el asesinato a un policía de civil que lo había atacado a disparos. Un miembro de Endepa reconoció que los representantes se fueron “con buena impresión” del juez, quien mantuvo con ellos “un diálogo abierto y llano”.
En la reunión de hoy en la Defensoría del Pueblo está previsto el planteo de resoluciones en materia migratoria y de tránsito fronterizo. Solicitarán la aplicación del sistema de educación intercultural y becas para miembros de las comunidades para acceder a mejores centros de estudio y harán hincapié en el pedido de la elaboración de un informe en el que la Defensoría dé cuenta del estado en que se halla el cumplimiento del artículo 75, inciso 17, de la Carta Magna, en el que se reconocen algunos derechos de los pueblos originarios.

Informe: Adrián Figueroa Díaz.