El proyecto de ley de “propiedad comunitaria” fue enviado por el Poder Ejecutivo, sobre uno anterior de la diputada Marta Maffei. Suspende por cuatro años la ejecución de sentencias de desalojos dictadas en procesos judiciales contra familias indígenas; da al INAI un plazo de dos años para actualizar el censo de poblaciones aborígenes y reubica en sus territorios a las comunidades expulsadas después de septiembre de 2004. Este proyecto tuvo dictamen favorable de las comisiones de Población y Justicia, lo cual lo habilita para ser tratado –según algunos diputados– el miércoles próximo.
El proyecto de ley de procedimiento de regularización de la propiedad comunitaria indígena es el más discutido. Da precisiones al artículo 75, inciso 17, de la Constitución, para el reconocimiento de tierras de propiedad ancestral. Por el debate que provocó, no se sabe cuándo se tratará. La crítica central está en el concepto “territorio”, que va más allá de lo semántico. “Para la ley, el territorio son parcelas y es materia de lucro. Para nosotros es mucho más”, sostuvo Olga Curipan, mapuche de Bahía Blanca.