Desde San Salvador de Jujuy

De pie, con el pelo desgreñado por la transpiración y la ansiedad, los ojos negros inflamados, Romina Tejerina escuchó su condena: 14 años de prisión. Su familia ya no estaba en la sala de audiencias, ella buscó en vano unos ojos que la consuelen antes de derramarse en un llanto silencioso y un abrazo apretado con Mariana Vargas, su abogada defensora, que apenas duró un instante; al siguiente sería arrastrada por una masa compacta de siete policías que la retiraron del lugar sin que pudiera apoyar los pies en el suelo. El fallo, sin embargo, quiso ser salomónico. Un punto medio entre la absolución que reclamaba la defensa y la prisión perpetua pedida por la fiscalía. Desde la calle llegó de inmediato el eco de cientos de voces acompasadas que sólo pudieron expresar un insulto en plural, tantas veces repetido. Esa bronca que se hacía oír en el segundo piso de los Tribunales terminaba con la vigilia frente al edificio y no llegaba a consolar a la mamá y las dos hermanas de Romina, quebradas por la pena frente al impresionante cordón policial que aislaba a los manifestantes de los funcionarios judiciales.
Enseguida, un enjambre de periodistas se avalanzó sobre los dos defensores, Vargas y Fernando Molina, el encargado de una primera evaluación que no fue del todo pesimista: “Hasta ayer se la presentaba a Romina como una asesina fría y calculadora en este recinto. Pero ahora se ha reconocido que existieron circunstancias atenuantes, no sabemos cuáles fueron, pero es un primer paso importante. De todos modos, vamos a seguir reclamando la absolución”. Estiman que, si no se modifica la sentencia, Romina podría recuperar la libertad en cuatro años.
La fiscal, Liliana Fernández de Montiel ya se había retirado. Un gesto amargo, como si la ley de gravedad empujara cada músculo de su cara, la había acompañado desde el final de su alegato, en el que intentó derrumbar cada uno de los posibles atenuantes a la figura de homicidio calificado por el vínculo. Pero no había sido suficiente: antes de ceder su palabra a la defensa leyó un informe del Servicio Penitenciario Provincial fechado el miércoles pasado con el que, en apariencia, buscaba demonizar a Romina y en el que hablaba de una pelea con otra interna por su intolerancia con los niños. Fue una sorpresa ese final, aunque no la pena exigida, ya la había anticipado ayer a este diario.
“¿Fue un ataque a un feto o a un recién nacido? ¿Cuál es el bien jurídico contra el que se atentó en este hecho?”, preguntó la fiscal después de desmenuzar los peritajes sobre el cuerpo de la víctima y la confesión de Romina en sede judicial, poco después de aquel 23 de febrero de 2003. La pregunta, provocativa, apuntaba contra la posibilidad de que el debate sobre el aborto que se coló en la defensa social de la joven –¿hubiera cambiado su suerte si el aborto fuera legal y accesible frente a un embarazo no deseado?– tuviera espacio también en el recinto judicial. La respuesta no estaba cuestionada por ninguna de las partes, aunque después la defensa argumentara que lo que Romina intentaba en ese baño, a solas, era completar un aborto. “Lo que pasa es que yo tenía períodos muy irregulares, yo no sentía nada, había querido sacármelo y pensé que por fin lo había logrado”, había dicho la misma Romina a este diario dos días antes de la sentencia.
Después, los argumentos de la acusación abundaron en el “estilo de vida” de la adolescente. Que el embarazo no había sido ocultado porque seguía yendo a bailar, que si había intentado abortar según el consejo de alguna amiga con yuyos o un tallo de perejil es porque a alguien le había contado de su estado. Que no podía decirse que sufriera violencia dentro de su familia porque el problema era que ella no aceptaba límites, y apenas esperaba algo más de la vida que “diversión”. Incluso llegó a afirmar que el embarazo “de alguna manera fue buscado”, ya que la violación no había existido para la Justicia, que sobreseyó de manera definitiva al “mentado Emilio Vargas”.
Elvira Baños había escuchado en silencio la acusación. La mamá de la joven acusada apenas había murmurado unas sílabas de espanto mientras Fernández de Montiel detallaba el homicidio con minuciosidad de filigrana y se había indignado con las menciones a las costumbres de Romina. Pero escuchar el pedido de la pena máxima para su hija fue demasiado y estalló en palabras que no terminaban de articularse. ¿Para qué descifrarlas? Nadie lo intentó, el presidente del Tribunal, Antonio Llermanos, pidió silencio como una formalidad y ordenó un cuarto intermedio de quince minutos. A la vuelta ya no se permitió el ingreso de familiares. De nada valió que se resistieran, que pidieran por favor, que amenazaran con no moverse. Elvira Baños y sus dos hijas, Mirta y Erica Tejerina, fueron llevadas más allá de un cordón policial desmesurado. Fue el audio de los móviles que transmitían en vivo lo que les permitió seguir lo que sucedía dentro.
Así escucharon las dos partes del alegato de la defensa, protegidas por las mismas mujeres que habían dormido a la intemperie para custodiar las demandas que habían anotado en carteles: “Libertad a Romina, Basta de violencia”. Mariana Vargas fue la primera en hablar: tomó la palabra para expresar lo mismo que se viene diciendo en buena parte del país. Nueve de cada diez mujeres no denuncian las agresiones sexuales por miedo o por vergüenza. “Porque las que denuncian se convierten en victimarias, como efectivamente le pasó a ella en los interrogatorios que le hicieron cuando se investigó la violación: qué ropa usaba, si salía de noche, si se subía a autos de varones, si bailaba sobre los parlantes”, dijo Vargas, en su primer juicio oral como profesional. Y terminó haciéndose eco otra vez de lo que llegaba desde la calle: “Desde esta defensa creemos que condenarla es no ver la realidad que sufren tantas mujeres. En ese caso, seríamos todos responsables”.
Fernando Molina, en cambio, acudió a argumentos jurídicos (ver aparte), a la figura del infanticidio como circunstancia extraordinaria de atenuación e, incluso, planteó cambiar la carátula de homicidio calificado por la de culposo, ya que ella intentaba un aborto y por eso su desequilibrio cuando advirtió que la recién nacida lloraba.
La sentencia llegó una hora más tarde de terminados los alegatos. Antonio Llermanos, Héctor Carrillo y Alfredo Frías tomaron una decisión unánime por la atenuación en más de diez años de la pena pedida por la fiscal. Desde afuera tronaron los insultos cuando se escuchó el monto de la pena.
“Son un montón de años sin poder estudiar, expuesta a los golpes, sin atención psicológica adecuada, lejos de su casa y de un proyecto de vida”, dijo Mirta, la hermana mayor, antes de llamar a una marcha hasta la casa de gobierno y a un escrache frente a la casa del presidente del Tribunal. La fiscal, que había huido de los medios, dijo a Página/12 que “no apelaría la sentencia, aunque para estar segura debería esperar a leer los fundamentos”. Estos se conocerán el 22 de junio. Recién entonces la defensa apelará “hasta conseguir la absolución. Y si no pediremos (al gobernador) la conmutación de penas, hasta que Romina quede en libertad”.