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Todo iba bien hasta el sábado a la noche. Nueve días de exposición, más de 400 mil espectadores. Los organizadores de la III Muestra Internacional del Automóvil esperaban un cierre extraordinario. Pero una decisión judicial aguó la fiesta y el cierre terminó en un fracaso. El juez porteño en lo Contencioso Administrativo Andrés Gallardo clausuró el predio ferial de la Sociedad Rural Argentina donde se hacía la muestra por “falta de habilitación”. Según su resolución, la Habilitación lleva “cuatro años” en trámite, una situación aparentemente prohibida por el Código de habilitaciones. En la Rural hubo protestas de la gente, reclamos de organizadores y del gobierno de la ciudad. En el entorno de Aníbal Ibarra consideraron la medida como “oportuna y arbitraria”. Para el juzgado, en cambio, el gobierno no aprendió la lección de Cromañón.
La decisión de Gallardo irritó al gobierno porteño, auspiciante del evento celebrado en la Rural. La muestra automovilística no es una exposición menor sino la quinta de su tipo en el mundo. La última a nivel local se había hecho en el año 2000, antes de la crisis de 2001, con una participación de 200 mil personas. Tras la debacle económica, los organizadores lograron reeditarla recién el 16 de junio de este año.
Desde la inauguración hasta el sábado a la noche, cuando llegó la orden de clausura, habían pasado por la Rural unas 400 mil personas. Hubo delegaciones extranjeras y tours itinerantes desde el interior del país. La clausura estaba prevista para el día de ayer, pero la decisión del juzgado impidió la fiesta.
Gallardo comenzó a seguir el tema de la Rural a partir de la denuncia por riesgo ambiental presentada por un vecino de Palermo. Este hombre no mencionó los problemas con la habilitación, sólo mencionó el asunto de “un pozo” ubicado dentro del predio donde supuestamente había “aguas servidas”, mosquitos y alimañas. Fue el juez quien se llevó la primera sorpresa la semana pasada cuando concurrió a la Rural para una inspección ocular. Llegó al predio con el vecino y su abogado. “Cuando llegué me di cuenta de que el pozo en cuestión no era un pozo sino un espacio de 17 mil metros cuadrados donde funciona una pista de pruebas para cuatro por cuatro, que tenía gradas o tribunas y además estaba cerrado por un cordón periférico de cemento. Como un estadio.”
El pozo en cuestión existe desde 1997. El gobierno de la ciudad había decidido levantar un centro de convenciones y salas de cine en convenio con la Rural. El proyecto finalmente quedó detenido por una decisión judicial, aunque la cuestión de fondo aún no está resuelta. La construcción de la gran fosa de 17 mil metros cuadrados fue lo único que prosperó.
Todavía in situ, Gallardo pidió los papeles de la habilitación de la nueva pista de 4x4 a un jefe de seguridad, la única autoridad de la institución presente durante la inspección. Allí no sólo supo que el pozo no estaba habilitado sino que nadie habría iniciado el trámite para hacerlo.
Entre miércoles, jueves y viernes el juzgado cruzó una serie de pedidos de informes con Bomberos, peritos de Medio Ambiente y el área de Control Comunal del gobierno porteño, a cargo de las habilitaciones. Según el juzgado, el resultado del informe de Bomberos no sirvió: en lugar de evaluar las condiciones de la estructura –tal era el pedido– informaron sobre eventuales riesgos de incendio. La respuesta de Control Comunal, en cambio, terminó siendo el antecedente de la orden de la clausura.
El área confirmó la inexistencia del trámite de habilitación de la nueva pista, pero además señaló que el predio completo funciona con una habilitación en trámite desde 2001.
Fue la fiscal Mariana Pucciarello quien analizó el informe y quien pidió la clausura. Según su criterio, esa medida está prevista en la ley de habilitaciones de la ciudad. El código exige una habilitación previa a la apertura para emprendimiento de uso público como la Rural. El gobierno entendió, en cambio, que existen muchos establecimientos que funcionan con habilitaciones en trámite. Pero diferenció dos tipos de criterios, y de riesgos. Según un vocero, hay lugares o emprendimientos que no obtienen la habilitación por razones de seguridad. Otros, en cambio, que no lo hacen por cuestiones administrativas o formales, una categoría en la que incluyen a la Rural.
Algo de esto le mencionaron a Gallardo en un informe. Se lo enviaron al juzgado el día sábado a las diez de la mañana, pero al juez no lo convenció. Allí indicaron que: por un lado, la pista de las 4x4 no está habilitada y, por otro, que la habilitación de la Rural es un tema de “gran complejidad” y de “larga data”.
Ninguno de los técnicos de la ciudad profundizó en “la complejidad” ni en las razones de “la larga data”. Sin embargo, se comprometieron a regularizar la situación en los próximos días aunque la Procuración de la ciudad hoy apelará la decisión de Gallardo ante la Cámara.
El gobierno de Ibarra terminó el día “irritadísimo”. El de ayer no fue el primer cruce de impacto mediático con el juzgado. Gallardo fue uno de los jueces que ordenó la clausura de hoteles de inquilinato destinados a los sin techo después de compararlos con campos de concentración. Y más recientemente ordenó la clausura del Casino Flotante. El entorno de Ibarra lo considera “neurótico y mediático”. A Gallardo no parece incomodarlo: “Yo me encuentro con un lugar lleno de personas que no está habilitado por ley y un gobierno que no hace nada: que asuma la responsabilidad de habilitarlo. No aprendieron nada después del 30 de diciembre”.