Un fallo de la Justicia mendocina muy esperado, y mucho más demorado, puso un plazo perentorio de diez días para corregir buena parte de los infrahumanos defectos que hacen a la vida cotidiana en la Penitenciaría de Mendoza. El fallo, que lleva la firma del juez Eduardo Mathus y la fecha 14 de julio, dio 10 días para que las autoridades penitenciarias hagan posible que los presos tengan un mínimo trato humano (agua corriente, agua caliente, cloacas en funcionamiento, etc.). Mathus dio 30 días para que se refaccionen los baños y se construyan nuevos, y tres meses para construir celdas nuevas y descomprimir el hacinamiento. De no cumplirse los plazos, Mathus ordenará el traslado de los internos a otro penal. Que lleve la firma de Mathus indica la gravedad extrema a la que llegó la situación. Después de casi una veintena de muertos en un año, entre ellos un menor, la intervención de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y pese a ser juez de ejecución y tener su despacho dentro del mismo penal, es la primera vez que Mathus se da por enterado y saca un fallo de semejante tenor. A última hora de ayer, el fallo de Mathus fue acompañado por un motín con rehén incluido, que a última hora de anoche continuaba.
El dato público más reciente de la Penitenciaría de la calle Boulogne-sur Mer, también conocida como Unidad 1 de Mendoza, fue la muerte del Perro Videla, que apareció colgado de su cinturón atado a los barrotes de una ventana situada a 2,20 metros de altura. El Perro tenía 21 años recién cumplidos, era uno de los 9 casos de menores denunciados ante organismos internacionales por estar condenados a perpetua, y estaba alojado en un pabellón para adultos. El 22 de junio tuvo lugar su suicidio largamente anunciado.
Desde esa fecha hasta el 14 de julio no parece haber pasado nada nuevo. Y es plenamente cierto, porque defecar y orinar en un tacho ubicado en medio de una celda de 4 por 4 con 4 presos dentro es cosa de todos los días. El jueves pasado un fallo del juez de ejecución Eduardo Félix Mathus sentó una marca importante: por primera vez, un integrante del Poder Judicial de Mendoza ordenaba en forma tajante tomar medidas que no sean meros dictámenes, para impedir que el infierno de Dante siga con domicilio mendocino. Pero no sólo es importante porque pone plazo sino que además no tiene apelación posible.
El 1º de julio, Mathus había ordenado designar un médico y un fotógrafo del Cuerpo Médico Forense que debían constatar “las condiciones de alojamiento en que se encuentran los internos a disposición de este Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de Mendoza, alojados en la Penitenciaría”. El 4, con las 41 fotos tomadas y el informe médico emplazó al gobierno a determinar qué medidas se tomaron en relación a lo ordenado por la Corte Interamericana. Después de procesar la información, Mathus concluyó que en la unidad los presos estaban hacinados en una proporción tres veces superior a su capacidad. Que están mezclados procesados e imputados. “Determinó la ínfima cantidad de duchas y baños, y el notable deterioro y estado deplorable de los mismos.” Comprobó que en las celdas individuales había entre cinco y seis presos y que una enorme cantidad no contaba con camas ni colchones. También detectó que las instalaciones eléctricas eran truchas y presentaban cables pelados. Comprobó “gran cantidad de basura en descomposición dentro de las celdas y en los patios”. Debido a la cantidad de horas que se encuentran dentro de sus celdas, los internos “hacen sus necesidades fisiológicas dentro de las celdas, defecando en bolsas de nylon y orinando en botellas plásticas, lo que torna insoportable en la mayoría de las celdas constatadas el olor reinante que resulta penetrante y difícil de tolerar”. También determinó que se usan mecheros caseros muy precarios, que no hay instalaciones de gas, que las palomas son tantas que se transforman en un foco infeccioso y de contagio de enfermedades pulmonares. Dentro de los baños se detectaron “papeles con materia fecal”. Mathus concluyó que “la realidad constatada en la Penitenciaría provincial viola groseramente los principios y garantías plasmados no sólo en el artículo 18 de la Constitución Nacional” sino también en la Constitución mendocina, en la Declaración de los Derechos del Hombre, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles de las Naciones Unidas, en la Convención Americana por los Derechos Humanos y en infinidad de pactos, convenios y demás.
Finalmente, Mathus emplazó al gobierno mendocino a que en 10 días provea de agua corriente, agua caliente, colchones, sábanas y frazadas, instalaciones eléctricas y de gas, realice una profunda desinfección, erradique las palomas, y amplíe los horarios de recreo. Dio 30 días para reparar baños y cloacas, y tres meses para ampliar espacios para reubicar a los presos, bajo la amenaza de ordenar el traslado de todos los internos.
En febrero pasado, los abogados Diego Lavado, Carlos Varela, Pablo Salinas, Alfredo Guevara y Alfredo Guevara Escayola presentaron ante la CIDH sus observaciones al informe del Estado argentino. Entre sus párrafos, uno señalaba al propio Mathus: allí informaban que el juez de ejecución (provincial, responsable de controlar el cumplimiento de la pena, en condiciones humanas y no subzoológicas, de los presos a disposición de la provincia) tiene su despacho dentro del mismo penal “y ha construido una escalera para poder escapar en caso de motín, siendo este último dato anecdótico de no ser” porque los únicos presos beneficiados con sus derechos pertenecen a la población minoritaria de presos federales, que no dependen de Mathus. El resto querría verlo más de cerca.
Precisamente anoche, un motín entre los menores del pabellón 10 ponía en uso preventivo la escalera de Usía.