“El Poder Ejecutivo no pagó aún, pero va a pagar.” El ministro del Interior, Aníbal Fernández, ratificó ayer que el gobierno nacional está dispuesto a cumplir con la promesa de otorgar un subsidio mensual, por un monto que todavía no fue determinado, para dar “asistencia financiera” a las familias de las 194 víctimas fatales del siniestro ocurrido en República Cromañón. Una fuente de la cartera aclaró a Página/12 que el monto que se establezca será pagado todos los meses, hasta el comienzo del juicio oral y público, “sólo para dar asistencia para que afronten los gastos de los juicios penales, no en los juicios civiles indemnizatorios que se puedan iniciar contra el Estado”. El monto, por víctima, será inferior a los 1000 pesos que se habían establecido en el decreto 846/05, que fue derogado antes de su aplicación, y seguirían quedando afuera los sobrevivientes del siniestro. “De contemplarse sólo a los padres de las víctimas fatales, los abogados de los sobrevivientes vamos a presentar una denuncia por discriminación”, anticipó el letrado Fernando Soto.
El mismo Soto, en diálogo con este diario, dijo que ayer presentaron una denuncia en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad contra la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno porteño “porque los sobrevivientes, y algunos padres de las víctimas, no cobraron el subsidio correspondiente a los meses de junio y julio”. Consultada sobre el tema, la titular de la Subsecretaría, Gabriela Alegre, recordó que el 1º de junio, por decreto 692/05, se modificó la modalidad de los subsidios que otorga el Gobierno de la Ciudad, que ya no corren por cuenta de la Subsecretaría de Desarrollo Social. “Ahora se establecieron sumas de 1200 pesos para los familiares de los fallecidos y de 600 para los sobrevivientes; lo que pasa es que se inscribieron 1850 beneficiarios y por demoras en el trámite sólo se han pagado 1100 de los subsidios, pero esta semana se va a regularizar la situación”. Estos subsidios se pagarán de aquí hasta fin de año.
En lo que respecta a la ayuda nacional a los familiares de las víctimas para afrontar los gastos del juicio penal, un vocero del Ministerio del Interior explicó que “se derogó el decreto inicial, el 846, y todavía no terminó la redacción del texto que lo reemplazará”. Insistió en que se dispondrá un monto, por persona, que será “algo inferior” a los 1000 pesos que establecía el decreto derogado. En esa norma dejada sin efecto se establecía que, por grupo de abogados, se pagaría “un máximo de 38.000 pesos”, que ahora será también “algo inferior”. La fuente dejó en claro que la ayuda “sólo se destinará a los juicios penales y no a los civiles” y que “sólo serán asistidos los familiares de las víctimas fatales”.
El abogado Fernando Soto, que representa a un grupo importante de sobrevivientes, afirmó que “si dejan afuera a los chicos que salieron con vida del desastre, se estaría cometiendo una discriminación injusta, porque sería igual que si en una inundación se les pagara sólo a los inundados del centro y no a los del campo, o viceversa”. Soto recordó que tuvo un encuentro con el presidente Néstor Kirchner y que él le aseguró que “el subsidio sería para todos y eso me hace pensar que nos van a incluir, porque la promesa fue muy firme”.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, justificó ayer el otorgamiento de subsidios para solventar los gastos del juicio. “Hay abogados de primera, de segunda, de tercera o de cuarta”, afirmó Fernández, quien resaltó que con la ayuda del Gobierno “todos tendrán los abogados adecuados”, del mismo modo que “cada una de las figuras que están siendo cuestionadas (como responsables del incendio) tienen abogados muy importantes”. El ministro negó que la ayuda pueda condicionar el accionar de los letrados: “La norma dice que los abogados quedan en libertad de litigar contra cualquier funcionario nacional”.