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El Parque Avellaneda, uno de los espacios públicos porteños más importantes, es escenario de una disputa entre vecinos y autoridades de la ciudad. El conflicto se inició a partir de que la administración del parque, hasta ahora en manos de una Mesa de Trabajo y Consenso que conforman entidades vecinales, pasará a manos de la Dirección de Espacios Verdes de la ciudad. Los vecinos realizaron ayer un festival artístico dentro del parque para protestar por la medida: dicen que con esta decisión se perderá un trabajo que realizaron durante los últimos 14 años. Sin embargo, el gobierno porteño asegura que la reforma administrativa no afectará la gestión vecinal.
El decreto 2055/01, firmado a fines de noviembre del año pasado estableció que la administración del parque pasará a depender de la Dirección de Espacios Verdes. El parque está ubicado entre las calles Lacarra, Olivera, Bilbao y Ameghino, tiene una superficie de 25 hectáreas y es el segundo en importancia de la ciudad después del Parque Tres de Febrero de Palermo.
Daniel Conte, integrante de la Mesa de Trabajo, destacó el trabajo de los vecinos, “que consensuamos entre todos la gestión de este espacio público y así lo hicimos durante 14 años”. Por eso, lamentó que con el decreto “se le quita legalidad a nuestra conducción y pasaremos a depender de la buena voluntad de un funcionario de turno”.
Fuentes de la Secretaría de Medio Ambiente porteña indicaron que “de ninguna manera se va a perder esta exitosa gestión vecinal. Es más, queremos llevar esta misma experiencia a otros parques porteños”. El funcionario fundamentó la medida, sin embargo, en la necesidad de “ahorrar recursos, centralizando la conducción en la Dirección de Espacios Verdes”. “Los vecinos tendrán la misma capacidad de gestión y ellos continuarán decidiendo qué es lo más conveniente para el parque, nada va a cambiar en este sentido”, agregó.
Conte, por su parte, reprochó que el decreto “no establece cuáles serán los mecanismos por el que los vecinos intervendrán en la gestión de este predio, por lo cual se le quita legalidad a la Mesa de Trabajo y Consenso”. El dirigente vecinal rechazó el argumento del ahorro de gastos ya que “los vecinos y el coordinador del parque trabajan de manera voluntaria”. La Mesa de Trabajo administra un fondo que en el último año la Legislatura fijó en 120 mil pesos.
Los vecinos apoyan su reclamo en los logros de su gestión: juntamente con las autoridades porteñas, lograron la extensión de la superficie de uso público de 9 a 25 hectáreas y se duplicó la oferta cultural.