El gobierno español anunció ayer que entró en vigencia la norma de arraigo laboral, un sistema que permite que los inmigrantes sin papeles que puedan comprobar un año de antigüedad laboral regularicen su situación con el Estado ibérico. Uno de los objetivos del lanzamiento del mecanismo apunta a brindar nuevas posibilidades de “blanqueo” a quienes quedaron fuera del proceso de regularización que cerró en mayo, en el marco de la rígida Ley de Extranjería. Se estima que en ese lapso 50 mil argentinos no regularizaron su situación y quedaron proclives a ser deportados. Sin embargo, la “nueva” regla tiene poco de novedosa, pues es preexistente a la ley antes mencionada y luego fue incluida en ella. Algunas organizaciones de extranjeros criticaron la propuesta porque, sostienen, “busca eliminar el empleo en negro pero no ayudar a los inmigrantes”. Otros sostienen que su fin es recaudatorio, es decir, que los trabajadores extranjeros sean también aportantes de la Seguridad Social.
El arraigo laboral es un mecanismo sin plazos de vencimiento por el cual el Estado español regularizará la documentación de quien haya estado, como mínimo, dos años en ese país y haya sido empleado en negro durante al menos un año. Hay varias formas de acceder al beneficio y dos son las más aconsejadas por el gobierno: que el inmigrante presente un contrato de trabajo o que denuncie al empleador que lo tiene contratado en negro. A partir de ese paso, la Inspección de Trabajo comenzará la comprobación de datos, que hasta pueden ser aportados por sindicatos. Si ese organismo o la Justicia reconocieran la contratación irregular, se le otorgará al denunciante su condición de “legal” y se obligaría al empresario a efectuar la contratación y pagar las multas correspondientes.
Pero la realidad indica que no hay garantías de que alguien que hizo una denuncia luego pueda recibir una oferta de trabajo. Es más, “el patrón lo puede despedir alegando que no tiene papeles, pero el juez no puede decir que el despido es improcedente y obligar al empresario a contratar a un indocumentado porque, si lo hiciera, iría en contra de la ley”, fue el reparo encontrado por Andrés López, abogado de la Casa Argentina en Madrid. En diálogo con Página/12, López calificó la propuesta como “una solución para hacer desaparecer el trabajo en negro y recaudar más, no para ayudar a los inmigrantes porque está clara la intención de que no venga más gente a España”.
En un lugar intermedio hay personas como Juan –sin apellido por una razón obvia: podrían deportarlo–. Es oriundo de San Nicolás, tiene 65 años y desde hace tres está en España trabajando en distintas obras. Es constructor, trabajó para varias empresas del rubro y haciendo “chapusa” (changas). “Nunca pude regularizar mis papeles –contó a este diario– porque las empresas no toman a personas mayores de 50 años; tampoco a algunos jóvenes de más de 30. Es decir que no puedo entrar en este régimen (el de arraigo laboral) porque nadie me da un contrato y, además, por una cuestión ética: no voy a denunciar a quienes me dieron de comer en estos años.”
Para el coordinador de Argentinos en el Extranjero, una organización de la CTA, Lois Pérez Leira, “es muy difícil que alguien pueda demostrar un empleo porque los empresarios lo niegan y porque un inmigrante prefiere el trabajo efectivo a la regularización”. Y, por ello, afirmó a Página/12 que “los agentes sociales y sindicatos no vemos factibles que la denuncia del inmigrante solucione el problema de su legalidad”.
Juan, el hombre de 65 años, tiene en España hijos y nietos. Y considera la posibilidad de apelar al arraigo social, otra de las herramientas para el “blanqueo”. Consiste en la posibilidad de obtener la residencia por haber vivido durante un lapso determinado en España, demostrar vínculos familiares, una propiedad o lazos sociales con entidades (por ejemplo, que un matrimonio mande a sus hijos a la escuela). Las otras alternativas al “blanqueo” son presentar ante la autoridad española una oferta de trabajo o que el gobierno de ese país les dé un empleo.
La secretaria de Inmigración española, Consuelo Rumí, sostuvo que el arraigo laboral es “un instrumento que, tras un examen individualizado, puede dar lugar a la regularización de inmigrantes que ya se hallan en nuestro país en situaciones excepcionales”. Cifras del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero indican que el arraigo laboral podría beneficiar a 120 mil inmigrantes que no iniciaron sus trámites en el proceso de regularización que culminó en mayo. De los casi 700 mil inmigrantes que regularizaron su situación, casi la mitad se convirtió en aportante de la Seguridad Social, procurando al estado un fuerte ingreso económico. De ellos, 23.800 son argentinos; 13.100 quedaron blanqueados y el resto está en trámite.

Informe: Adrián Figueroa Díaz.