El ex secretario de Seguridad y Justicia porteño Juan Carlos López, uno de los primeros en renunciar al cargo luego del incendio en el boliche Cromañón, prestará declaración indagatoria en la causa donde se investiga la muerte de 194 personas. Los abogados de las familias de las víctimas creen que la citación de López estaría indicando que “se acerca el momento en que el juez Julio Lucini llame a (Aníbal) Ibarra”, estimó Fernando Soto, uno de los querellantes, en diálogo con Página/12. “En la próxima tanda viene Ibarra”, concluyó José Iglesias, otro de los abogados de la querella. Junto con López, que tiene que presentarse el 7 de septiembre, serán indagados el responsable del área de Espectáculos Públicos del gobierno porteño, Juan Carlos Sánchez, y el ex jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Seguridad Juan Carlos Lupías. El juez Lucini ya había indagado a Lupías, pero no llegó a procesarlo por homicidio culposo. Ahora lo volvió a citar porque tiene nuevas pruebas en su contra.
El fiscal de la causa, Juan Manuel Sansone, al pedir la indagatoria de López, dijo que debe responder por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, pero está abierta la posibilidad de que Lucini lo impute por “homicidio culposo”, que es el cargo que pesa sobre otros ex funcionarios ya procesados. “Serán imputados por hechos concretos y la calificación que le otorgue el juez surgirá de lo que ellos respondan”, opinó una fuente allegada a la causa. Para el abogado Soto, la citación de López es “un avance muy claro en dirección a Ibarra”.
“Hasta ahora, la tanda de funcionarios imputados había llegado a Fabiana Fiszbin (ex subsecretaria de Control Comunal), pero nosotros venimos diciendo que hay que citarlo a Ibarra, por la serie de alertas que había tenido el gobierno porteño sobre lo que podía pasar en Cromañón y en otros boliches. Lo ocurrido, desde nuestro punto de vista, involucra al jefe de Gobierno porteño y está claro que el juez pasó la frontera intermedia y en la próxima tanda viene Ibarra”, estimó José Iglesias, querellante y padre de uno de los chicos que murieron en el siniestro.
Sobre la situación de López, el letrado Soto consideró que el ex funcionario “era el responsable de la política de seguridad y debía velar por su cumplimiento. Desde su función de secretario tenía la jerarquía de un ministro y, por lo tanto, si hubo un sistema que permitió que Cromañón pudiera seguir funcionando, él tiene que responder por esa irregularidad”. Hasta ayer, fue imposible saber la estrategia defensiva que desplegará el equipo de abogados que representa a López, encabezado por Adolfo Tarmini.
Juan Carlos Sánchez tendrá que prestar indagatoria el 2 de septiembre próximo, mientras que López y Lupías fueron citados para el 7 de ese mes. La semana próxima el juez Lucini tiene que resolver la situación procesal de los oficiales del cuerpo de Bomberos de la Policía Federal Marcelo Nodar, Alberto Conrado Corbellini, Gustavo Bravo y Marcelo Snok. El querellante Soto cree que esto puede dar lugar “a indagar sobre la responsabilidad que les cupo a la Federal y al Ministerio del Interior”. En la causa, según Soto, está “probado” que tanto los bomberos como las autoridades de la comisaría séptima “estaban al tanto de la forma irregular en que funcionaba el boliche, porque en los documentos secuestrados consta que consideraban el lugar como ‘microestadio’, cuando no lo era, y que tomaban medidas para ordenar la circulación de cinco mil personas, cuando tenían constancia de que el lugar era un boliche bailable al que podían ingresar sólo 1037 personas”.