El ex subsecretario de Seguridad porteña Enrique Carelli y el ex director de Servicios de Seguridad Privada Vicente Rizzo fueron llamados a prestar declaración indagatoria en la causa Cromañón. Las citaciones fueron decididas “de oficio” por el mismo juez Julio Lucini que, con esta medida, elevó a once la cantidad de ex funcionarios obligados a visitar los tribunales por la tragedia del boliche de Once. La medida denota, además, un avance sobre las responsabilidades institucionales en la causa, aunque en rangos inferiores y en sentido contrario al que esperan los familiares, que reclaman la presencia del jefe de Gobierno ante la Justicia.
La determinación sorprendió hasta a los propios querellantes, ya que Carelli y Rizzo no fueron reclamados por ellos ni por la fiscalía. Fuentes judiciales comentaron a este diario que uno de los motivos del llamado a Carelli devino de la declaración de Juan Carlos Lupías, ex jefe de gabinete de Seguridad. Lupías había sido indagado sobre el cumplimiento o no de la normativa de prevención, los vínculos entre la policía y el gobierno y las supuestas “reuniones de los lunes” en las que se decidía qué boliches inspeccionar; de este último punto se habría desprendido el nombre de Carelli.
“Está claro que el juez tratará de aclarar si hay mayores grados de responsabilidad institucional”, estimó el abogado Fernando Soto. En tanto, el abogado José Iglesias, padre de una de las víctimas, dejó en claro que “un llamado a declaración indagatoria indica que hay una lista verosímil de elementos incriminadores, por lo tanto es muy posible que queden procesados”.
Rizzo tenía a cargo el control de la seguridad privada y “de las normas que no se cumplieron, incluso fuera del boliche: control estatal de los empleados de seguridad privada y su inclusión en un listado oficial, y hasta en el mismo control del uso de bengalas, porque esa es una tarea que tenía a cargo” ese personal, presuntamente contratado por Callejeros, argumentó Soto.
Rizzo se sentará frente al juez de instrucción el 13 de septiembre; al día siguiente lo hará Carelli. Según la agencia Télam, ambos estudian la posibilidad de recusar al magistrado por su presunta vinculación con un abogado que representó a familiares de víctimas de Cromañón, tal como lo hicieran el ex secretario de Seguridad y Justicia Juan Carlos López y el ex coordinador de Espectáculos Públicos Juan Carlos Sánchez.
Las indagatorias Sánchez y López fueron postergadas para el 16 y el 20 de septiembre, respectivamente. En un principio se supuso que el retraso se estuvo vinculado con la recusación. Pero un querellante confirmó que “el propio juez aclaró que las postergaciones no tuvieron relación con la recusación, sino que fueron un pedido planteado por la defensa de los ex funcionarios”. Con Carelli y Rizzo, ya son once los funcionarios citados por Lucini: la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin y sus subordinados Ana María Fernández, Rodrigo Cozzani, Alfredo Ucar, Juan Carlos Torres y el ex inspector Víctor Tella, además de Lupías, López y Sánchez.