Por A. F.

¿Los subsidios externos que reciben los investigadores en organismos públicos deben ser objeto de una regulación del Estado? La discusión está abierta en la comunidad científica. Después de que Página/12 publicara el domingo que la Armada norteamericana financia proyectos de investigación que están a cargo de científicos de instituciones públicas argentinas, el secretario de Ciencia y Tecnología, Tulio del Bono, anunció que había pedido al Comité de Etica en la Ciencia que se expida sobre esa situación. Pero al mismo tiempo adelantó que le parece un tema “complejo de regular sin caer en una limitación de los derechos de cada uno a la libre investigación”. Ayer, el debate dio una nueva vuelta con la respuesta de la diputada Lilia Puig de Stubrin, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Cámara baja: “Esto es un problema de política, no de individuos, no de científicos en uso de su libertad de investigar –sostuvo–. Lo correcto sería que el Estado pusiera a trabajar un equipo de expertos para establecer una regulación. Hay que resolver si la política pública la hacen los intereses particulares o si la hace el Estado”.
Fue justamente Puig quien alertó sobre la financiación norteamericana en un pedido de informes en que reclama que se den a conocer todos los proyectos de investigación científica en instituciones nacionales que estén siendo financiados por una fuerza militar extranjera y los mecanismos por los que fueron aprobadas. “Creo que Del Bono no leyó con detenimiento los fundamentos del proyecto, porque allí se explicita con claridad cómo se hace en Estados Unidos un programa de investigación vinculado a la defensa y cómo se incluye un proyecto en ese programa. No es ciencia básica libre: hay un problema de naturaleza militar que tiene que ser resuelto y en función de eso se buscan investigadores para que intervengan en los proyectos para los cuales tienen competencias.”
–Lo que se plantea es que los resultados de estas investigaciones se publican y son de utilidad para todo el mundo.
–Sí, pero no se puede dejar de contemplar que ese trabajo es parte de un programa que busca un resultado específico en términos de intereses estratégicos de ese país. Es una parte de un rompecabezas. Los científicos funcionan como un obrero en una red industrial, que conoce un pedacito que le toca, pero no el producto final ni toda la ingeniería contemplada para hacer ese trabajo. La otra cuestión llamativa en las declaraciones del secretario es la referencia es la plataforma submarina: en Estados Unidos las investigaciones que tienen que ver con océano y los fondos submarinos son información clasificada, está en juego el problema de dónde se ubican los submarinos en caso de conflicto. No son cuestiones ingenuas, responden a intereses concretos y necesidades de la defensa de otro país.
Puig cree que está bien que “el Comité de Etica emita una opinión, pero lo peor que podría pasar es que un tema de política termine resolviéndose a partir de un juicio a la ética de los científicos”. A su juicio debería haber una regulación estatal: “La ley de ciencia 25.467 regula que los fondos extrapresupuestarios tienen que ser autorizados por los distintos ministerios –sostiene–. ¿Qué significa decir que los organismos son autónomos? ¿Que tienen que salir a buscar financiamiento por cualquier lado? Así, los investigadores terminan financiados por el Ministerio de Defensa de un país extranjero”.