El gobernador bonaerense Felipe Solá decidió intervenir la UP28 de Magdalena para “permitir libertad de movimientos a la investigación judicial”. En lugar del penitenciario evangelista Daniel Tejada designó al abogado Leonardo Tundidor, director de Investigaciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia. Solá tomó su decisión dos días después de que el fatídico pabellón 16 dejara en el camino a 32 presos y varios años después de que denuncias por violaciones, torturas, asesinatos y corrupción que jalonan las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense lo inhibieran de sorpresas, incluyendo a Tundidor, hasta ayer director del área que debería investigar esas denuncias. Ayer, el jefe de los Bomberos Voluntarios de Magdalena dijo a Página/12 que cuando llegaron al pabellón 16 eran los presos los que estaban cargando y evacuando a sus compañeros. Un preso de otro pabellón que intervino en los incidentes reveló a este diario que el penal no fue tomado por los internos sino que fue “entregado” por los penitenciarios porque suponían que eso desataría una pelea entre bandas que terminaría en una o dos muertes, y que eso permitiría cargar las responsabilidades sobre los internos. “Pero los patrones de cada pabellón se dieron cuenta y pararon a los gritos cualquier pelea. Por eso no encontraron ni un herido.”
Durante la mañana de ayer, Felipe Solá colocó a Tundidor a la cabeza de la cárcel de Magdalena. Según se encargaron de subrayar fuentes gubernamentales, la decisión la tomó el lunes a la noche, pero recién la anunció el martes por la mañana. “El nombramiento –aseguró Solá– va a contribuir a que tanto la jueza como la fiscal se muevan en un ambiente de plena libertad de investigación.” Y agregó que “si tienen que surgir otras cuestiones vinculadas a la explotación de presos, o lo que salga de la vida carcelaria, que siempre es muy difícil y muy dura, que salgan a la luz. Yo quiero que se investigue todo. No estamos dispuestos a tapar absolutamente nada, porque todo lo que se tapa explota más tarde”.
Los muertos del pabellón 16 y la cantidad de denuncias penales desatendidas por el Poder Ejecutivo, por fiscales y jueces desde la década del ’90 parecen indicar que ya es tarde y que la olla viene explotando desde hace rato.
Precisamente, Tundidor estaba hasta el lunes por la noche a cargo de la dirección que debería haber investigado las innumerables denuncias desde hace una década. Como mínimo, las que competen a su gestión: el 5 de mayo pasado, una visita a la U9 de La Plata por parte de los defensores oficiales María Gómez, Mónica Piñeyro, Gabriel Gannon, Juan Casolati y la Comisión por la Memoria derivó en una denuncia penal por el sistema de vida atroz al que son sometidos los presos de esa unidad; en junio, se comprobó por primera vez que dos presos fueron picaneados en la misma U9 como represalia por haber hablado durante la visita del 5 de mayo; uno de ellos, Cristian López Toledo, finalmente debió ser trasladado al Servicio Penitenciario Federal porque el SPB no podía garantizar su vida. A principios de año 6 presos murieron quemados en la U22, de Melchor Romero. La directora del penal fue ascendida.
En junio, tres presas murieron asfixiadas en la U33, de Los Hornos, en La Plata. En la U9 descubrieron 200 litros de aceite ocultos en el baño del jefe de seguridad exterior. El jefe fue ascendido. La unidad de Campana también fue denunciada por corrupción. Los ascensos indican que no se realizaron sumarios que investigaran esos hechos. O que esos sumarios no encontraron nada. De una u otra forma, el área que debía hurgar qué había de cierto estuvo a cargo, hasta el lunes por la noche, del ex investigador y actual interventor Tundidor.
Habrá que agregar que no es la primera intervención tardía dispuesta por Solá. Durante un año, hasta abril pasado, ordenó la intervención no de un penal sino de todo el SPB. En aquel momento, Solá utilizó las mismas palabras que ahora utiliza para aplicar la misma fórmula: intervención para “no ocultar nada”.
Entretanto, el jefe de los Bomberos Voluntarios de Magdalena, Rogelio Cordal, aseguró a Página/12 que los bomberos intervinieron en el incendio del sábado, que utilizaron tres autobombas y 20 hombres, y que desconocía si había agua en las bocas de incendio, porque “nosotros llevamos el agua en los camiones”. También sostuvo que “cuando entramos al pabellón los presos eran los que estaban sacando a sus compañeros. Los llevaban en frazadas que agarraban de las puntas. El problema no era el fuego sino el humo, el aire irrespirable. Mis hombres debieron colocarse las mascarillas de protección respiratoria”.
Uno de los presos que intervino en los incidentes aseguró a este diario, a través de su abogado, que “primero hubo una pelea entre dos o cuatro en el pabellón 6. Entraron los cobanis (guardias) a tirar con las Itakas y terminamos todos engomados. El engome no gustó. En el 16 hubo otra pelea de pocos. Prendieron fuego. Los guardias primero tiraron. Después (el jefe de la guardia, Cristian) Núñez quiso entrar por los techos con una Itaka descargada. Lo agarraron y lo molieron a palos. Había que ver a los cobanis cómo hacían cuerpo a tierra cuando les apuntaban con el fierro. Después, los guardias se dieron cuenta de que el fuego se les iba de las manos. Entonces, nos dejaron la cárcel. Se fueron. Solamente evacuaron el 1A que es el de policías presos y violetas. Nos dejaron el penal, pero no teníamos ningún reclamo, solamente que sacaran a los heridos. Y se fueron. Los jefes de los pabellones se fueron avivando de que nos dejaron el penal para que nos matáramos entre nosotros y entonces podían echarnos la culpa de lo que pasara. Por eso, los jefes se pararon con unas lanzas de fierro en las puertas de cada pabellón y ordenaron que nadie se peleara”. Así fue que no hubo heridos.