Si el presidente Néstor Kirchner no le hubiera dicho que su política carcelaria fracasó y que es imprescindible introducir cambios que privilegien el respeto por la vida de las personas privadas de su libertad, Felipe Solo ni siquiera hubiera dispuesto la intervención a la cárcel de Magdalena, donde 32 personas encerradas dentro del pabellón de baja peligrosidad murieron por asfixia el sábado. Incapaz de sentir el dolor ajeno, el gobernador bonaerense apenas puede pensar en su propia conveniencia. Pero de tanto negar los hechos, ya ni sabe lo que le conviene y necesita que otros se lo digan.
La Comisión Provincial por la Memoria fue recibida ayer por el jefe de gabinete de ministros Alberto Fernández, lo cual indica la gravedad que el gobierno nacional reconoce a la situación de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Enterado de la presencia de Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Laura Conte y los demás integrantes de ese organismo creado por una ley provincial, Kirchner se sumó a la mesa. Fernández les había dicho que el episodio de Magdalena constituía un punto de inflexión que tornaba impostergable la toma de decisiones y que le había comunicado al gobernador que las cosas no podían ser iguales después de 32 muertes. Laura Conte le dijo que era imprescindible un gesto del gobierno nacional y el presidente del Comité contra la Tortura de la Comisión, Alejandro Mosquera, contó que en la última reunión con el gobernador le habían advertido que algo semejante podía ocurrir. En ese momento se abrió la puerta lateral del despacho e ingresó Kirchner. Al retirarse, los visitantes expresaron su satisfacción por lo que Cañón llamó el “compromiso con la vida” del presidente y por la voluntad de fijar “una política de Estado nacional con respecto a las cárceles”, problema que “involucra a toda la Argentina”.
Kirchner les contó un episodio ocurrido durante su gobernación en Santa Cruz. “Se escaparon dos presos de una comisaría porque les abrieron la puerta en un incendio. Tardamos dos meses en encontrarlos y tuve que pagar el costo durante esos dos meses. Pero con la gente viva, todo se puede rever.” A diferencia de Solo, quien cree que todo se resuelve construyendo más cárceles, el Poder Ejecutivo entiende que es necesario cambiar el sistema y la escala de valores que permiten estas atrocidades. Ese sistema es la crueldad, según el título que la Comisión por la Memoria dio a su informe del año pasado sobre las cárceles de Buenos Aires.
Anticipándose a la investigación que anuncia, Solo negó que se hubiera tratado de “un hecho intencional del Servicio Penitenciario”. Su fuente de información es el ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco, quien calificó de “buitres” a quienes “parados sobre los cadáveres hablan como si hubieran estado con un extintor de incendios en la mano”. Semejante furor está dirigido al secretario de un juzgado de ejecución penal de San Martín, Juan Manuel Casolati, uno de los primeros funcionarios en llegar a Magdalena. Gracias a su actuación se sabe que las autoridades permitieron que los presos se asfixiaran sin abrir las puertas, que los reclusos de otro pabellón rescataron a algunos arriesgándose a la represión de los penitenciarios que dispararon sobre ellos, que los bomberos fueron llamados cuando ya nada había que hacer, que no había agua para las mangueras, que los extintores de fuego estaban vencidos. El buitre Casolati fue director de investigaciones de la secretaría de asuntos penitenciarios de la provincia hasta que asumió el humanista Di Rocco, quien lo relevó. Después Casolati trabajó en la denominada “secretaría de derechos humanos” de la provincia, de donde fue despedido cuando desatendió la exigencia de no denunciar a la vasta red de corrupción que había detectado en el SPB.
Di Rocco también se refiere a los periodistas que recogieron el testimonio de los familiares de Lucas y Marcos Granados, dos de los muertos en el incendio. (Lucas acababa de denunciar las torturas que padeció en otra unidad del SPB, la de Olmos. Según sus parientes, Marcos fue muerto a palazos o fierrazos, que son visibles en su cadáver pese al efecto del fuego.) Y a su abogada María de las Mercedes Pardeilhan, para quien el incendio fue provocado “para sacarse de encima los presos que molestan al servicio”. También incluye en su diatriba a la fiscal María Laura de Gregorio, quien pone en duda la historia oficial de un motín porque “no había toma de rehenes, ni reclamos”.
Solo dijo que la intervención a la cárcel era para garantizar que no hubiera obstáculos a la investigación. De este modo excluyó de cualquier responsabilidad al ministerio de Justicia del que depende el Servicio Penitenciario y se excluyó a sí mismo, que designó a Di Rocco. El cauto copresidente de la Comisión Provincial Hugo Cañón celebró la intervención de Magdalena como un primer paso hacia la verdad y la justicia, objetivo en el cual el presidente coincidió con sus visitantes. Pero es imposible olvidar que el principal obstáculo es el propio sistema que bajo los gobiernos de Antonio Cafiero, Eduardo Duhalde, Carlos Rückauf y Felipe Solo convirtió a las cárceles bonaerenses en un remedo de la barbarie imperante en los campos de concentración de la dictadura militar. El lunes 24 comienza el tiempo de descuento para el gobierno nacional.