El fiscal Hugo Cañón y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que presiden la Comisión Provincial por la Memoria, se reunieron ayer con el presidente Néstor Kirchner y con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Tras el encuentro, Cañón dijo que el Gobierno les brindó “un respaldo institucional muy fuerte a la labor” que realizaron. Y agregó que coincidieron “en la necesidad de investigar y de esclarecer la verdad de los hechos a través de una investigación independiente”.
Cañón destacó que “la situación (que se dio en Magdalena) es sistemática en toda la provincia” y subrayó que “hace falta un cambio fundamental como punto de inflexión para que estos hechos trágicos no sucedan más”. En este contexto, el fiscal destacó “el compromiso” expresado por Kirchner para que la problemática carcelaria sea “una política de Estado en todo el país”.
Al ser consultado sobre la decisión del gobernador bonaerense, Felipe Solá, de intervenir el penal de Magdalena, Cañón dijo que se alegraba “porque el poder político debe aportar medidas profundas para que se esclarezca la verdad de los hechos”. Por su parte el ex legislador Alejandro Mosquera, integrante del Comité contra la Tortura, sostuvo que en una visita hecha el jueves pasado al penal encontraron que el pabellón 6 estaba inundado y que los presos dormían sobre colchones en el piso mojado, incluso turnándose. Dijo que vieron presos en celdas de castigo con balines de goma aún en el cuerpo, tras una situación de violencia ocurrida el domingo anterior.
“Presentamos un hábeas corpus por esto, que fue tomado por la Justicia y se estaba investigando”, dijo. Mosquera denunció “superpoblación, hacinamiento, condiciones infrahumanas de detención y violencia ilegal del Servicio Penitenciario sobre los presos”, en “prácticamente todas las cárceles” y consideró que ese contexto “da para prever” que estos hechos pueden repetirse en otras prisiones. La comisión informó que desde 2002 hasta la fecha recibió cuatro mil denuncias de presos, que “no se investigaron”. Y afirmó que “hay medidas que están auspiciadas por la Corte Suprema de Justicia, que aún no se han tomado”.