La Defensoría del Pueblo porteña presentó ayer una denuncia ante la Justicia Federal para que se investigue si en talleres de costura clandestinos de la ciudad se cometen abusos contra ciudadanos bolivianos, en su gran mayoría inmigrantes ilegales que viven con sus hijos en los mismos talleres donde trabajan, sometidos a condiciones de servidumbre. Sobre la base de denuncias realizadas por ex empleados y vecinos, la titular de la defensoría, Alicia Pierini, presentó una denuncia contra el propietario de dos talleres ubicados en el barrio de Parque Avellaneda. Pide que se investiguen los delitos de tráfico ilegal de personas, reducción a la servidumbre y violación de la ley de trabajo a domicilio. La denuncia ingresó al juzgado federal de Norberto Oyarbide.
“No es el único caso, pero es el primero del que hemos colectado pruebas, certificadas con fotografías. Hemos ido a ver el lugar”, dijo Pierini a Página/12. A la denuncia se sumará el titular de la Oficina de Asistencia Integral a Víctimas de Delitos, Eugenio Freixas, quien es el responsable a nivel local del cumplimiento de la Convención Internacional contra la Trata de Personas, suscripta por la Argentina en 2001 (ver aparte). De comprobarse esta denuncia, sería el primer caso de trata de personas con fines de explotación laboral en la Argentina. “Hasta ahora se habían detectado casos de trata con fines de explotación sexual”, explicó Freixas a Página/12.
En su presentación judicial, Pierini pidió que se aplicaran medidas de protección y asistencia por parte del Estado a las víctimas y denunciantes de estos delitos. Según el Consulado de Bolivia, que apoya la presentación, este tipo de delitos afecta a centenares de ciudadanos bolivianos en la Argentina. Por lo pronto, la Cooperativa La Alameda, de Parque Avellaneda, ya tiene testimonios sobre otros 15 talleres clandestinos donde se explota a inmigrantes ilegales.
El caso testigo presentado por la defensoría se refiere a Juan Carlos Salazar Nina, el patrón nacido en Bolivia, dueño de los talleres que funcionan en Garzón 3853 y Laguna 940. Ocho testimonios de ex empleados y vecinos dan cuenta de los métodos con que el patrón sostiene su inmensa producción de ropa. Según los testimonios a los que accedió Página/12, los padeceres de quienes compartieron techo con el emprendedor incluyen jornadas de trabajo de 17 horas, obreros que se quedan dormidos sobre las máquinas, niños mal alimentados que no van a la escuela “para no entorpecer la producción” y los fines de semana, fiestas regadas con vino barato y cerveza, que el jefe hace tomar a sus empleados “para que no sean tan infelices”.
El mismo Salazar Mina busca a su personal en Bolivia, donde los recluta con anuncios laborales emitidos por radios y diarios de ese país. Una vez en el taller, dicen los denunciantes, les quita los documentos de identidad “para que no se escapen”. Desde que esto se conoce públicamente –Página/12 lo denunció hace tres semanas–, dicen que los patrulleros van de taller en taller para avisar a los dueños que “les quitan la protección”.
Se calcula que en quince cuadras de Parque Avellaneda hay 40 talleres como éste. Pero otros funcionan en Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda y Laferrère. En la Defensoría estiman que pueden ser 150 mil las personas recluidas en ellos.
En los últimos días un par de combis se dedicaron a llevar las máquinas del taller ubicado en la calle Laguna 940. Se presume que el empresario textil, ante la inminencia de borrascas sobre él, las lleva a otras propiedades que tiene en Buenos Aires. De prosperar el pedido de los trabajadores que se organizan, las herramientas de los talleres pasarían a sus manos en forma de cooperativa.
Parte de la ropa colorida y de moda que se vende en ferias suburbanas y locales céntricos fue fabricada en el infierno. Eso dan a entender los relatos de quienes pasaron por talleres clandestinos. Tienen hacia el patrón un temor sagrado. Aseguran que la policía pasa por semana para llevarse un porcentaje de las ganancias. En ciertos casos, los servicios van más allá. Para que a nadie se le ocurra rebelarse, cada tanto los uniformados realizan una especie de pantomima de requisa, aseguran los denunciantes. Entonces el patrón saca un rato a la luz los documentos bolivianos de sus empleados.
Lentamente, los trabajadores de Salazar Nina se animan a contar lo sufrido. Según sus declaraciones, en el taller de Laguna 940 estaban encerrados. La puerta de entrada tenía una reja. El cancerbero es Sonia, sobrina del patrón, en cuyo bolsillo está la llave. Quien custodia la puerta de Garzón 3853 es el propio Salazar Nina. Un mal día vino a pasar que allí se originó un incendio en las telas. Los 12 obreros y los 12 chicos que habitan ese taller estaban apresados. Salvaron su vida con baldes y agua.
Según la denuncia, los talleres “no cuentan con habilitación, marca individualizadora, libros autorizados y rubricados, libreta de los obreros, condiciones básicas de higiene y seguridad violando los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la ley 12.713 de régimen de trabajo a domicilio por cuenta ajena”. La nómina de artículos que despreciaría el empleador se extiende hasta el hartazgo.
“El taller de Laguna fue clausurado hace meses por la AFIP. No obstante, se rompió la faja de clausura y se continuó el trabajo como si nada hubiera pasado. Ex empleados y vecinos aseguran haber visto mudar máquinas del taller de Garzón al de Laguna o viceversa, cada vez que era inminente una inspección”, dice la denuncia. Estos mismos movimientos se registran en los días actuales. Al parecer, el patrón presiente que su reino de tela se termina. Si le llegara una inspección en el taller de Garzón, quizás ejecute su táctica habitual. Hacer saltar la medianera a su tropa indocumentada para refugiarlos en lo de una vecina que, suponen, recibe remuneración por su hospitalidad.
Vecinos del taller de Laguna se quejaron ante la comisaría y a escala judicial por ruidos molestos. De acuerdo con los testimonios, los sábados a la noche Salazar Nina auspicia fiestas entre las máquinas. Para que nadie diga que es un mal amo, compra cantidades extraordinarias de vino y cerveza. Como es de esperar, la celebración se solventa con “los miserables salarios” de los empleados, cuentan ellos mismos en la denuncia. El patrón les dice que beban, se enoja con quien no lo hace. Ese ejercicio decadente termina con “la mayoría de los empleados completamente alcoholizados delante de sus hijos”, según el texto presentado ante Oyarbide. Cuando Salazar Nina se emborracha, sostienen que se pone romántico y se arroja sobre las mujeres. Insulta a la que lo rechaza y llega a pegarles. Los ruidos molestos no se oyen sólo los sábados. Son habituales las peleas entre los trabajadores recluidos.
Son hábito los golpes en todo sentido. Según consta en la defensoría, Salazar Nina arenga a los hijos de los obreros para que peleen, incluso con los propios: según los testimonios, el espectáculo lo divierte. Acusan al patrón de no permitirles llevar sus hijos al médico “porque entorpece la producción”. Por el mismo argumento no le gusta que vayan a la escuela.
El menú está a la altura de las circunstancias. Reducidas porciones de arroz, papa, salchichas, fideos. Los chicos no pueden gozar del té con pan que sirve a los trabajadores de desayuno. Algunos se guardan el pan para hacer al almuerzo más voluminoso.
Una declarante indicó que llegó embarazada de Bolivia. En el taller de Garzón trabajó de 8 a 1 hasta el día anterior al parto. Fue atendida de urgencia, porque el jefe no le dejó hacer los controles médicos en la gestación. Ella “no salía por temor a ser despedida”, dijo en su testimonio. El parto fue por cesárea, ya que al estar siempre sentada hubo problemas con la colocación del bebé. Cuando volvió tras una semana de internación, retomó las 18 horas laborales. Con su segundo hijo tuvo elmismo problema. Y como los chicos tenían que compartir la ración alimentaria con sus padres, la mujer se puso anémica. Se dormía cosiendo. Como el patrón la hostigaba por su deteriorada salud, la familia decidió irse. Cuenta la mujer en su testimonio que cuando su marido reclamó a Salazar Nina los 12 mil dólares adeudados, recibió los golpes del patrón, de su mujer Remedios y las mordidas del perro. La policía no les quiso recibir la denuncia. Con la intervención del Consulado boliviano obtuvieron los 12 mil, pero pesos.
Durante diez años, dicen los denunciantes, el patrón mantuvo callados los más elementales derechos de las personas. Para mayor gloria, lo hizo con la comisaría 40 pegada al fondo del taller de Laguna. Quienes lo recuerdan tienen en los oídos su receta para gozar de buena relación con los heraldos de la ley: “Les doy 300 pesos y ya”.