“Esta situación es peor que lo que ocurría en tiempos de la Revolución Industrial”, dice el cónsul adjunto de Bolivia, Alvaro Gonzales Quint. Se refiere a la situación de centenares de compatriotas, “tal vez miles”, que son “esclavizados y sometidos a la servidumbre”, según él mismo lo define, en talleres textiles clandestinos de la ciudad de Buenos Aires. Desde hace meses, desde el consulado, lleva adelante una estrategia de “prevención y persuasión, con la idea de regularizar la situación de estos talleres, donde ciudadanos bolivianos explotan a sus propios hermanos”. Pero ahora, dice el cónsul, llegó el momento de “que la ley se aplique con el mayor rigor”.
“Los patrones los traen de Bolivia, no los dejan salir de los talleres, los hacen trabajar 18 horas por día, les retienen los documentos, de manera que no pueden regularizar su situación migratoria, y cuando les hacen un reclamo, les dicen: ‘Andá a la policía, va a ver cómo te deportan’”, cuenta Gonzales Quint. Esta es “una práctica utilizada sistemáticamente”, que el cónsul conoce por los innumerables testimonios de ciudadanos explotados que llegan hasta su oficina, en el barrio de Congreso. “En algunos talleres trabajan niños de 12 a 14 años”, denuncia el funcionario.
De acuerdo con esos relatos, “la explotación y la promiscuidad sexual son moneda corriente”. “Viven varias familias, con sus niños, en un mismo cuarto, en el mismo lugar donde trabajan, donde están las máquinas”, dice el cónsul. Otro flagelo que azota a la población de los talleres, agrega, es el de la tuberculosis: “La humedad, el encierro y la mala alimentación hacen estragos”, agrega Gonzales Quint, que ha detectado decenas de casos de trabajadores ilegales internados con esa enfermedad en los hospitales Alvarez y Durand.
“Cuando se enferman los expulsan del taller –dice el cónsul, según los relatos de los enfermos–, como si con eso resolvieran el problema. Pero no hacen nada para saber si se ha contagiado algunos de los que vivían con ellos”. “Las mujeres embarazadas tampoco pueden salir para hacer los controles de rutina y sólo van al hospital para el parto”, agrega el funcionario boliviano.
El consulado organizó meses atrás una mesa de consenso entre la Cámara Central de Talleristas, que nuclea a los empresarios más legalistas, con funcionarios de habilitaciones y de la Dirección de Microemprendimientos del Gobierno porteño. “Se les ofrecieron créditos a tasa cero, asesoramiento técnico y una propuesta para sacar los talleres de las viviendas particulares donde funcionan e instalarlos en grandes unidades productivas, a condición de que tramiten la habilitación.” La gestión fue un fracaso: no hubo talleres que aceptaran el blanqueo. “Son reacios a formalizar, piensan que pueden hacer cualquier cosa sin cumplir con las leyes”, dice el cónsul.
Lo cierto es que los dueños de talleres se han acostumbrado a trabajar durante años en un clima de impunidad: están instalados en viviendas en barrios residenciales, se movilizan en camionetas tipo trafic y reclutan mano de obra a esclavizar, a plena luz del día, en la esquina de Cobo y Curapaligüe, en el Bajo Flores. “Sabemos que hay tolerancia de algunas comisarías”, agrega el cónsul, sin dar más detalles.
Otros viajan a Bolivia a reclutar trabajadores desesperados, a los que traen con promesas de buenos sueldos, vivienda y comida. “Pero una vez acá, les descuentas del sueldo el costo del transporte, algo que es ilegal. La comida es pobre y escasa. Y sus niños, muchas veces mal alimentados, a veces ni pueden ir a la escuela.”
Los trabajadores reclutados, explica el cónsul, cobran centavos por cada prenda confeccionada, por la que luego en el comercio se pagan entre 20 y 50 pesos. ¿Para quien trabajan? “Para los puestos de la feria de La Salada (en Lomas de Zamora) y para los negocios de la calle Avellaneda”, afirma. Los dueños de talleres –cuenta el cónsul– están en todo. “Algunos llevan a sus empleados en combis a jugar al fútbol al Parque Indoamericano o al parque Avellaneda y los hacen terminar en borracheras terribles”, con bebidas que compran los propios patrones a cuenta de la paga de sus empleados.
–¿Por qué el Consulado, conociendo esta situación, no ha hecho nunca una denuncia ante las autoridades? –preguntó Página/12
–En principio, quisimos buscar una solución que no sea traumática. Pero ya ha pasado el tiempo y no se han logrado resultados: sigue habiendo mucha gente que gana desmesuradamente explotando gente sin ningún tipo de control. Ahora vamos a pedir que se cumpla la ley. No podemos tolerar modus vivendi que transgreden permanentemente las leyes.