La denuncia penal presentada por Alicia Pierini solicita que se aplique a los denunciantes y víctimas de los delitos el protocolo para prevenir y sancionar la trata de personas, que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, ratificada por el Congreso Nacional. Quien verifica en la Argentina el cumplimiento de ese pacto es la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito, a cargo de Eugenio Freixas. “No hay aún en el país una ley que sancione la trata de personas, tal como la describe la Convención. Hasta ahora se aplican figuras como la privación ilegítima de la libertad o la reducción a servidumbre, que no alcanzan a configurar el delito en toda su magnitud –explicó Freixas a este diario–. Por eso, presentamos un proyecto de ley, que inscribe la trata de personas como delito federal y crea un programa nacional de asistencia a las víctimas.”
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la trata de personas mueve en todo el mundo unos 10.000 millones de dólares al año. Cuatro millones de personas son víctimas de este comercio. Para el Departamento de Estado norteamericano, de ellas, 800 mil viven en América latina. “En la Argentina se da básicamente de dos maneras: para la explotación sexual y para la explotación laboral”, explicó Freixas. “Fueron detectados varios casos de trata con fines de explotación sexual, como el de las jóvenes que escaparon de un prostíbulo en el barrio de Belgrano, pero hasta ahora no se comprobaron hechos de explotación laboral”, agregó.
Para el titular de Asistencia a la Víctima, la figura de tráfico de personas, contemplada en la Ley de Migraciones, no es equivalente a la trata, tal como la plantea el denominado protocolo de Palermo, firmado en 2001. “La trata incluye la captación en origen mediante engaño, el traslado, la recepción y la explotación, lo que involucra a una organización criminal”, dijo el funcionario.
De todas formas, el tráfico de personas está penado con prisión de 1 a 6 años. Y con penas de 3 a 10 años cuando se trate de “una actividad habitual”.
Además del proyecto de ley que es analizado en la Comisión de Asuntos Penales del Senado, la Procuración General de la Nación –de la cual depende Asistencia a la Víctima– creó una fiscalía especializada para investigar estos delitos.
La aplicación del Protocolo reclamada por la Defensoría del Pueblo implica la protección de las víctimas, al contrario de lo que dispone la ley migratoria, que prevé para estas personas la expulsión del país. Según la presentación de Pierini, de acuerdo con “la Convención, ratificada por la ley 25.632, el Estado tiene obligación de prestar en estos casos asistencia jurídica, médica, psicológica y social”.