En un fallo al que los querellantes calificaron de “auspicioso” y de ser “el más duro” de los producidos hasta hoy por el juez Julio Lucini, el ex secretario de Justicia y Seguridad porteño Juan Carlos López fue procesado por “homicidio culposo” por su responsabilidad en el incendio del boliche República Cromañón que provocó 194 muertes. El magistrado sostuvo que López debe ser imputado por un delito que tiene una pena de hasta cinco años, por haber incurrido durante su gestión en “una serie de conductas independientes que confluyeron en la realización de un determinado resultado”, que fue el del siniestro que terminó en catástrofe. Según Lucini, el ex funcionario “no adoptó las medidas propias a las funciones inherentes al área a su cargo en cuanto al debido y eficaz control” de los locales del tipo de Cromañón. En el mismo fallo también fueron procesados, pero por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, otros dos ex miembros del gabinete porteño. Por el contrario, otros dos fueron desprocesados por “falta de mérito”. Todo hace pensar que es inminente la citación a indagatoria del jefe del Gobierno porteño, Aníbal Ibarra.
La “inacción” de López, de acuerdo con el fallo de Lucini, se manifestó “sin perjuicio de los informes dirigidos a los distintos organismos que funcionaban” en su órbita “a partir de los cuales se alertaba sobre el elevado porcentaje de locales que incumplían” la normativa vigente. El juez interpretó que, por esas razones, “el imputado necesariamente estaba al tanto de la ilicitud en la que se hallaban los locales bailables en general, los cuales en su mayoría no eran controlados debidamente y estaban en infracción”, resaltó el magistrado.
Por lo expuesto, Lucini consideró que López “ha violado los deberes a su cargo no aplicando la legislación” sobre “prestación del servicio de vigilancia, custodia y seguridad de personas”. El juez Lucini, en la misma resolución, dispuso un embargo de 20 millones de pesos sobre los bienes de López. El magistrado procesó también por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” al ex subsecretario de Seguridad Comunal Enrique Carelli y al ex director del Servicio de Seguridad Privada Vicente Rizzo, a quienes embargó en la suma de 100 mil pesos cada uno. Lucini dictó la “falta de mérito” del ex titular de Espectáculos Públicos Juan Sánchez y del ex jefe de Gabinete de asesores de Seguridad Juan Carlos Lupías.
Otra medida importante, mencionada en el fallo, es la ampliación de la indagatoria, fijada para el 8 de noviembre, de la ex secretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin, quien también está procesada en la causa por “homicidio culposo”. La ex funcionaria será citada para que brinde su versión acerca de una información aportada por López en su declaración indagatoria. Según López, en la práctica se aplicaba un “régimen especial” para controlar los espectáculos de concurrencia masiva. Esta situación se habría producido, al menos, en cinco oportunidades. De confirmarse que había una normativa “especial”, la misma sería francamente ilegal, lo que podría agravar la situación tanto de López como de Fiszbin.
El fallo de Lucini, de 347 carillas, y al que tuvo acceso Página/12, es duro respecto de la forma en que López, desde su cargo, realizó el control de los locales de baile clase “C”, categoría que tenía Cromañón. Lucini sostuvo que desde que López asumió el cargo, el 10 de diciembre de 2003, se observó “sin hesitación alguna un obrar negligente de su parte”, teniendo en cuenta que era el encargado de planificar “estrategias y políticas metropolitanas concernientes a un sistema integral de seguridad y ejercer el poder de policía en el ámbito de la ciudad” de Buenos Aires. El juez concluyó que de lo investigado surge que en el área de Seguridad porteña había “altos niveles de incumplimiento, desorganización y, ante todo, falta de planificación, puesto que se ha acreditado que los controles se llevaban a cabo en forma aleatoria y selectiva sin programación alguna y careciendo de padrones creíbles y mapas de riesgo que permitieran desplegar un contralor efectivo sobre la actividad comercial de la ciudad”. Lucini aseguró que “con gran osadía”, el propio López dijo en su indagatoria que Cromañón “apareció siempre en regla”, a pesar de que en la causa existen constancias de que a partir del 25 de noviembre de 2004 el boliche tenía vencido el certificado de bomberos.
Lucini afirmó que el gobierno porteño “no asistió a República Cromañón por dos años”, para inspeccionar sus instalaciones, mientras que López “no instauró políticas idóneas para detectar posibles incumplimientos, a la vez que convalidó un sistema de actuación a base de denuncias que permitía que locales como éste no fueran denunciados en momento alguno y, por ende, permanecieran exentos de las inspecciones”. En distintos párrafos del fallo, Lucini insistió en que las áreas que dependían de la ex secretaria Fiszbin “carecían de políticas adecuadas y de una programación que permitiera determinar la periodicidad en que debían realizarse los controles/seguimientos” de los locales clase “C”.
“No sólo las áreas que funcionaban bajo su órbita lo hacían en forma obsoleta y sobre la base de denuncias, sino que también se ha detectado una absoluta ausencia de coordinación entre las mismas, requisito esencial en el marco de una estructura administrativa como la que aquí se ha develado”, recalcó el fallo. El juez mencionó todos los avisos que se recibieron sobre la falta de controles en los boliches, entre ellos el informe producido por el cuestionado defensor adjunto del Pueblo Atilio Alimena. El juez consideró que López “violó el deber objetivo de cuidado que le era exigido, pudiendo caracterizarse su obrar culposo como negligente, siendo que se ha detectado una actitud omisiva que desconoció apáticamente la problemática del control comunal en la ciudad”.
Fernando Soto, uno de los abogados querellantes, consideró “auspicioso” el fallo y una muestra de “la independencia del juez Lucini porque mantiene la calificación de homicidio”, a pesar de que la Cámara del Crimen acusó de “estrago” a los principales imputados. Tanto Soto como José Iglesias, otro de los querellantes, coincidieron en que el procesamiento de López es “la base más sólida para llamar a indagatoria al jefe del gobierno porteño”.