Cuando se cumpla el primer aniversario de la tragedia de Cromañón, el 30 de este mes, la causa –que ya acumula más de 180 cuerpos– cambiará de juez. Así lo dispuso un plenario de la Cámara del Crimen, quien aceptó un pedido del juez de Instrucción Julio Lucini para apartarse del caso en el que actúa como juez subrogante desde febrero. Lucini dejará la causa en un momento crucial: Casación acaba de confirmar su criterio de que Omar Chabán debe estar preso; tiene procesadas a 30 personas, con distintas responsabilidades por el caso que originó las 194 muertes en el boliche de Once. Pero le falta responder al pedido más álgido, la declaración indagatoria del suspendido jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, solicitada por el fiscal Juan Manuel Sansone y todos los abogados querellantes. Ese trámite, de producirse, quedaría en manos del próximo juez que tome la causa, coinciden las fuentes consultadas por este diario.
Lucini está al frente de la causa desde febrero de este año, cuando la jueza María Angélica Crotto pidió licencia por problemas de salud. En su momento, pudo ser reemplazado por otros subrogantes, pero prefirió seguir con la causa. “Habilitó una oficina especial en el séptimo piso de Tribunales, donde trabajó un equipo de empleados y abogados jóvenes con mucha diligencia”, lo elogió Pedro D’Attoli, defensor de Omar Chabán, hoy procesado y detenido por estrago seguido de muerte.
Según fuentes judiciales, Lucini habría manifestado que la investigación se encuentra virtualmente cerrada y en condiciones de ser elevada a juicio oral y público cuando concluyan algunas pericias médicas y edilicias. No es lo que piensan el fiscal Sansone y los abogados de las familias querellantes, quienes pidieron medidas como la indagatoria del jefe de Gobierno y de los dueños del local.
Tras resolver el apartamiento de Lucini de la causa, la Cámara del Crimen deberá elaborar una terna con secretarios judiciales dispuestos a hacerse cargo del expediente y será el Consejo de la Magistratura el que elija al sucesor del magistrado subrogante. Sin embargo, no hay que descartar que la jueza Crotto regrese a principios de enero a hacerse cargo nuevamente de su juzgado, si es que los médicos le dan el alta.
Lucini, por su parte, podría aspirar a ocupar, a partir de 2006, alguna de las cuatro vacantes permanentes que se produjeron en la Cámara del Crimen, por la jubilación del magistrado Edgardo Donna y las renuncias de Guillermo Navarro, Carlos Elbert y José Manuel Piombo.
Para los abogados querellantes, el alejamiento de Lucini representa un retroceso en la causa. “Esto nos pone en alerta, primero porque el juez que venga va a tener que estudiar toda la causa, y además, todo dependerá del criterio con que afronte la investigación”, dijo el abogado José Iglesias, padre de una de las víctimas, a Página/12.
“No es la mejor noticia para nosotros: un juez nuevo en una causa tan compleja como ésta representa dos o tres meses de parálisis”, agregó Fernando Soto, representante legal de víctimas del desastre, en su mayoría sobrevivientes. Para el abogado, la línea de investigación de Lucini llevaba inexorablemente a la indagatoria de Ibarra, “más aún después del procesamiento del ex secretario de Seguridad de Ibarra Juan Carlos López”. Pero ahora, cuando la partida del juez tiene plazo fijo, es difícil que se tome una declaración para que otro magistrado resuelva la situación procesal del imputado. “Lucini se va en el momento oportuno: deja 30 procesados, a Chabán preso, y se saca de encima la brasa ardiente de Ibarra”, evaluó Soto.
En efecto, en once meses, Lucini procesó a Chabán y a su colaborador Raúl Villarreal, a los siete integrantes de la banda Callejeros y a su jefe de seguridad; a siete ex funcionarios, incluidos dos de primera línea, a cinco policías, cuatro bomberos y tres empresarios dedicados a la seguridad.