El castigo propio de la pena capital no se verifica en el momento de la inyección letal –modo de morir más benigno que el reservado a la mayoría de los hombres– sino en el hecho de que, desde que se pronuncia la sentencia, el condenado es privado de la humana gracia de desconocer la hora exacta de su muerte. Ayer a las 2.15 de la madrugada en Carolina del Norte, finalizó el castigo de Kenneth Lee Boyd, el condenado número 1000 en Estados Unidos a partir de que, en 1976, la Corte Suprema reinstaurara la pena de muerte, que había sido puesta en suspenso diez años antes. Alrededor de su fallecimiento se reactivó el debate sobre el castigo que no tiene retorno: organizaciones encabezadas por Amnistía Internacional, pero también la Unión Europea, reiteraron su oposición a la pena de muerte.
Boyd, de 57 años, fue declarado muerto quince minutos después de que, atado hasta la inmovilidad sobre una camilla, recibió una mezcla de tres drogas letales. “Que Dios bendiga a todos los presentes”, fueron sus últimas, prudentes palabras. Poco antes le había pedido a su nuera –presente durante la ejecución– que cuidara de su hijo y de sus nietos.
El hombre había sido condenado en 1994 por haber matado, en 1988, a su esposa y su suegro, en presencia de sus dos hijos. Once años duró la agonía jalonada por recursos y pedidos de clemencia que se agotaron un minuto antes de las dos de la mañana de ayer, cuando permaneció mudo el teléfono de emergencia por el cual el gobernador de Carolina del Norte hubiera podido disponer la conmutación de la pena.
“Como cristianos, nosotros lo hemos perdonado”, manifestó una declaración de los familiares de las víctimas –es decir, la familia política del convicto–. “Este no es, en ningún caso, un día glorioso o de victoria para nosotros, pero él ha sido castigado según las leyes vigentes”, finalizaron.
El ajusticiado, cuyo bajo coeficiente intelectual lo aproxima a la debilidad mental, había luchado en la guerra de Vietnam, país que hoy, junto con China e Irán, es de los poquísimos en los que se verifican más ejecuciones que en Estados Unidos, donde el año pasado 59 personas fueron ajusticiadas. La pena de muerte rige en 38 de los 50 estados de ese país. Fue restablecida por la Corte Suprema en 1976, luego de haber sido puesta en suspenso diez años atrás. Desde entonces, 832 personas fueron ejecutadas mediante inyección letal, 152 en la silla eléctrica, 11 en cámaras de gas, tres ahorcados y dos fusilados.
Sin embargo, las condenas bajaron un 50 por ciento en el último lustro. Se estima como una razón principal para esta caída el creciente uso de análisis de ADN y otros avances forenses; esto lleva implícito que muchos de los ejecutados no eran en realidad culpables. “Hay mucha gente consternada por la cantidad de sentenciados que luego se comprueba eran inocentes”, afirmó Rick Halperin, presidente de la Coalición por la Abolición de la Pena de Muerte y titular de la sección estadounidense de Amnistía Internacional. Una ONG llamada Mil Ejecuciones, vinculada con Amnistía, habilitó una página en Internet con el texto de una declaración contra la pena capital para ser firmada por ciudadanos norteamericanos.
“Consideramos que este castigo es cruel e inhumano –sostiene un comunicado oficial de la Unión Europea–. No actúa como disuasivo y hace que todo error de la Justicia, inevitable bajo cualquier sistema legal, sea irreversible.” En contrapartida, George W. Bush, presidente de Estados Unidos, ratificó su “firme apoyo” a la pena de muerte porque “ayuda a salvar vidas inocentes”.