Entrar en la escuela, subir a un edificio, andar por las calles, conseguir trabajo, acceder a la Justicia. Actividades tan cotidianas y necesarias como ésas y muchas otras se convierten en cuasi utopías cuando las deben llevar a cabo personas con algún tipo de discapacidad. Las dificultades principales tienen que ver con el acceso, en el más amplio sentido de la palabra. Y el acceso al trabajo es uno de los derechos más vulnerados para este sector, en el que la desocupación trepa por encima del 90 por ciento. Así y todo, son pocos los casos que llegan a la Justicia, y cuando así ocurre y se logran sentencias favorables, hay un alto incumplimiento de las mismas. Estas son algunas de las conclusiones de un documento, elaborado por ONG vinculadas con la temática, que fue presentado en las Primeras Jornadas sobre el Derecho al Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad, que se llevaron cabo en la Facultad de Derecho de la UBA.

El documento concluye que son pocos los casos que son sometidos a la instancia judicial, en comparación con el nivel de incumplimiento de la profusa legislación vigente, tanto en el sector público como en el privado. Y que en los contados casos que llegan a la Justicia la escasez presupuestaria suele ser el caballito de batalla al que se apela para no cumplir con la ley. “Se ordena una medida de accesibilidad física para un lugar, por ejemplo, un organismo público o una universidad, y se choca con una partida presupuestaria insuficiente; el tema es que vuelven a hacer el presupuesto y nunca está la plata”, señala Isabel Ferreira, de Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), entidad que estuvo a cargo del trabajo y que participó junto a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el British Council de la organización de las jornadas.

Los temas por los que más se llega a la Justicia son el derecho a la salud y la accesibilidad física. El derecho al trabajo tiene un mayor índice de incumplimiento, pero menor índice de litigiosidad, a pesar de que en los discapacitados se registra un porcentaje de desocupación superior al 90 por ciento. “Hay derechos que se reclaman más, los relativos a salud, por la urgencia. Es el derecho que ha merecido más reclamos en sede judicial y buen grado de acatamiento de la sentencia”, dice Ferreira.

En Argentina, la Ley 22.431 establece que la administración pública tiene que ocupar un mínimo del 4 por ciento de personas con discapacidad. Algo que jamás se cumplió. Y en la ciudad de Buenos Aires, con la reforma de la Constitución se incorporó el artículo 43 (reglamentado por la Ley 1502, en 2004), que aumenta el cupo al 5 por ciento. “Recién ahora el Gobierno de la Ciudad está haciendo un censo para saber cuánto es el porcentaje cubierto. Entonces, cuando una persona pide su incorporación por el cupo, la respuesta es ‘desconocemos el estado del cupo’. O dicen que hay congelamiento de vacantes”, dice Ferreira.

Es el caso de un contador público con disminución total de la vista en su ojo izquierdo, que envió notas a la mayoría de los organismos del Estado para que lo contraten en cumplimiento del cupo laboral para discapacitados. Promovió un amparo y la Justicia falló a su favor a fines de 2004. Sin embargo, todavía sigue desocupado. Algo similar le pasó a un ex combatiente de Malvinas que, en 1994, presentó una solicitud para ingresar a la Dirección General de Aduanas. El Ministerio de Economía, a través de la AFIP, respondió que las vacantes se encontraban congeladas y que no obstante ello, se procedería a registrar su solicitud. “Sin embargo, hubo desde entonces gran cantidad de contrataciones sin respetar la prioridad del cupo; por eso, el hombre promovió recurso de amparo, que está esperando sentencia desde octubre de 2004”, dice el informe.

Los casos en que se logra una sentencia favorable no son muchos y menos aquellos en los que la Justicia actúa con rapidez. El de Ferreira es uno de ellos. Ella es abogada y es discapacitada motora. Desde 1998 trabaja en Discapacidad y Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblo de la ciudad, después de iniciar un juicio para que la contrataran y ganarlo. “Los jueces siguen sosteniendo que ellos no pueden actuar de oficio”, se queja Ferreira. Roberto Faba, de la Asociación por los Derechos Civiles, lo mira desde el punto de vista del Derecho: “Creemos que muchos jueces se juegan a tomar decisiones interesantes, pero necesitan que alguien los provoque, no pueden actuar de oficio. La defensa de los derechos se les confía a los afectados y si los afectados no reclaman por sus derechos la violación puede pasar de largo. Por eso, la forma de lograr que el Poder Judicial reaccione ante estos temas es llevándole casos”.

La interrelación entre organizaciones de la sociedad civil y los abogados se vuelve fundamental si se tiene en cuenta que entre los obstáculos detectados para el acceso a la Justicia, figuran “el desconocimiento de las personas con discapacidad de sus derechos y de los procedimientos aptos para exigir su efectivización”.

Del otro lado de la balanza está la falta de formación de los abogados, que no se interesan por trabajar en discapacidad. A revertir esta compleja situación apuntaron estas primeras jornadas. Por lo pronto, hicieron visible a unos 20 o 30 expertos en la temática “que vamos a empezar a trabajar juntos para establecer una estrategia de prioridades”, resume Faba.