SOCIEDAD › EL INADI LO CONSIDERO DISCRIMINATORIO E ILEGAL
Según el último censo, en Tío Pujio, una localidad cordobesa ubicada a 118 kilómetros de la capital provincial, viven tan sólo 2383 personas, pero sus habitantes se sienten más: dicen que son 3500. De todos modos, es lo que se llama un pueblo pequeño, allí donde el lugar común indica que todos se conocen. Como sus pocos habitantes no quieren que eso cambie, el Concejo Deliberante local sancionó en 2005 una ordenanza que establece la realización de un registro para identificar a los forasteros y dar sus datos a la policía. Las autoridades aducen que la medida busca dar seguridad a los pobladores. Pero para el Inadi es “discriminatoria, ilegal e inconstitucional”.
La idea comenzó a tomar forma a partir de una serie de robos en el pueblo. “Acá todo el mundo sabe quién es quién, pero últimamente eso ya no es así –explicó a Página/12 Sandra Lenti, asesora letrada de la municipalidad–. Hay una empresa de lácteos que por suerte está creciendo mucho: hoy salís a la calle y hay mucha gente que no sabés quién es.”
En un lugar apacible, las caras desconocidas empezaron a generar preocupación entre la gente. Es que los extraños no venían solos. “Creció la ola delictiva. En Tío Pujio han empezado a pasar cosas feas, como asaltos violentos”, contó Lenti. Entonces surgió la solución: crear un Registro de Identificación de Personas. “Fue un pedido de la propia gente”, dijo para mostrar la legitimidad de la norma que se aprobó por unanimidad en octubre pasado.
En el registro deben estar los datos de quienes viven en la localidad, pero no tienen su domicilio legal en el lugar. A cada uno de los 200 en esa situación se le preguntó su nombre, DNI, fecha y lugar de nacimiento, dónde trabajan y por qué eligió Tío Pujio para vivir. Las planillas son enviadas a la policía. “Si hay alguien que tuviera antecedentes, puede seguir viviendo aquí”, aseguró.
No obstante, el celo por la seguridad puede ir muy lejos. Para Esteban Llamosas, vicepresidente del Inadi, la ordenanza es “discriminatoria, ilegal e inconstitucional” y se trata de “medidas efectistas que, bajo la excusa o el argumento de razones de seguridad, nos retrotraen lamentablemente a épocas autoritarias del pasado, que nadie quiere volver a vivir”.
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