El acoso sexual comenzará a ser un delito tipificado como tal. Con el respaldo de la mayoría de los bloques, el Senado dará hoy media sanción a un proyecto elaborado por los juristas Ricardo Gil Lavedra y Gustavo Bossert, que ingresó a la Cámara alta casi un año atrás, y que convierte el acoso en un caso específico. Hasta el momento, el delito formaba parte del Código Penal dentro de la figura de la coacción. La iniciativa contempla penalizar no sólo los casos que ocurran en el ámbito laboral, sino en todos aquellos en los que haya una relación jerárquica. El proyecto racionaliza y da una escala a las penas por el abuso, el acoso y la coacción. Además lo define como un delito “de instancia privada”.

A diferencia de otros hechos, el delito de instancia privada comienza a investigarse y tratarse en los tribunales luego de que la víctima lo denuncia. No puede ser denunciado por un tercero. De esta manera, quienes sufran el acoso tendrán la última palabra.

El proyecto al que hoy el Senado le dará su respaldo castiga el acoso sexual con penas que van desde los cuatro meses hasta los cuatro años. La figura no existía como tal, formaba parte de la coacción simple y era castigada con cifras que van desde los dos hasta los cuatro años de prisión. Al tener un castigo mínimo de dos años, tenía mayor condena que el abuso sexual. En diálogo con este diario, la senadora Vilma Ibarra, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde se discutió el proyecto, afirmó que “el descenso del mínimo de las penas contempladas para la coacción hace más razonable el castigo. No se está creando una penalidad nueva, sino que se específica una forma particular de coacción”. La legisladora no tiene dudas en afirmar que se trata de “una buena noticia para las mujeres”, víctimas mayoritarias de este delito.

En los fundamentos del proyecto se destaca que “en el ámbito de las relaciones laborales, conforme a las estadísticas y la experiencia, las víctimas son principalmente mujeres”. Allí también se destaca que “un informe de la OIT de 1996 realizado en 36 países señala que la Argentina es uno de los que registran la tasa más alta de acoso sexual en el mundo, junto con Francia, Inglaterra, Canadá y Rumania”. El trabajo de la OIT destaca que “el 16,6 por ciento de las mujeres encuestadas en Argentina informó haber padecido incidentes de carácter sexual en el trabajo durante el año anterior a la encuesta”.

Al analizar las situaciones que suelen rodear el ámbito laboral, lugar en el que por excelencia las jerarquías son determinantes, el proyecto precisa que “los medios de coerción del acosador son, por ejemplo, amenazas de despido, traslado, modificaciones perjudiciales de las condiciones laborales, así como la concreción de las amenazas. Tales conductas representan actos ilícitos, ya que violan el derecho del empleado a gozar de salud física y psíquica en su trabajo y condiciones laborales estables”.

Así como se avanza en la descripción del delito del acoso, en la iniciativa también se especifican los casos en los que no corresponde utilizar esa figura. “No invisten el carácter de acoso los intentos de seducción que no se acompañan de ninguna forma de coerción, aun cuando resulten rechazados, intentos que entran en el vasto campo de los simples actos lícitos, sin trascendencia jurídica.”

Para los legisladores, incorporar el acoso sexual como tipo del Código Penal puede tener efectos disuasorios. Textualmente señalan que “el efecto disuasorio de la amenaza de castigo penal puede contribuir a la disminución de los hechos, teniendo en cuenta particularmente el nivel de mayor responsabilidad que, por su jerarquía en la relación laboral, docente o de otra índole, ostentan quienes cometen el ilícito”.

El proyecto que hoy llegará al recinto ingresó a la Cámara alta el año pasado. En junio del 2005, la hoy diputada Diana Conti presentó la iniciativa redactada por Bossert y Gil Lavedra. Dejando en claro el consenso político que rodeaba y aún rodea al proyecto, fue presentado en el Salón Azul del Congreso, en un acto del que participaron casi todos los bloques de la Cámara alta. Acompañando a Conti, firmaron el proyecto los justicialistas Miguel Angel Pichetto, Marita Perceval, Roxana Latorre, Haidé Giri, Silvia Gallego, Sonia Escudero y Mabel Caparrós; las radicales Miriam Curletti, Amanda Isidori y Marcela Lescano; Carlos Rossi, del Vecinalista Partido Nuevo de Córdoba; Vilma Ibarra, del Frente Grande; el socialista Rubén Giustiniani y la puntana Liliana Negre de Alonso.