El mismo juez que metió presa a una mujer por “abandono” de su hija, asesinada, la obligó a ir esposada al velatorio de la niña y le impidió asistir al entierro luego de haber retenido durante varias semanas el cadáver de la chiquita, de dos años; el mismo juez, llamado Ricardo Warley, dispuso ayer la libertad de la mujer “por falta de mérito”. “Nunca vi que un juez causara tanto dolor innecesario”, comentó el abogado que, como integrante de un equipo de profesionales voluntarios que asisten a vecinos del Bajo Flores, defendió a la mujer, de nacionalidad boliviana, quien trabajaba en un taller de costura 14 horas por día y dedicaba más de la mitad de su sueldo a pagar a personas que cuidaran a sus dos hijas. Ese equipo jurídico, junto con profesionales del CELS, evalúa denunciar ante el Consejo de la Magistratura al magistrado. Una de las principales acusaciones, por “discriminación”, consiste en “haber retenido durante cuatro semanas, sin ninguna razón” el cuerpito, pese a que la autopsia se había efectuado en las primeras horas. La madre iba al juzgado dos veces por semana para reclamar el cuerpo y en una de esas visitas fue detenida. Otra acusación contra el juez Warley consiste en que “primero detuvo a la persona y recién después se puso a investigar”, según un representante del CELS.

Karina Ruiz, de dos años, hija de Jannethe Ruiz, murió el 31 de marzo, en la Villa 1.11.14 del Bajo Flores, mientras estaba al cuidado de Jannethe Gutiérrez, a quien la madre le pagaba cien pesos por mes para que cuidara a la chiquita mientras ella trabajaba, de ocho de la mañana a diez de la noche, en un taller de costura. El 1º de mayo se efectuó la autopsia, que indicó “muerte por asfixia”. Como sospechoso del crimen está detenido Richard Ruiz, esposo de Gutiérrez, quien a su vez había sido apresada el 4 de mayo y luego quedó en libertad.

A partir del 5 de mayo, Jannethe Ruiz concurrió al juzgado de Ricardo Warley para retirar el cuerpo de su hijita. “El 5, en el juzgado le dijeron que el cuerpo no se lo daban porque tenían que hacerle la autopsia –cuenta Federico Ravina, integrante del Colectivo de Abogados Enlace ¿Cuál derecho?, que asiste a la mujer–. Pero la autopsia ya se había hecho. Durante tres semanas, ni le entregaban el cuerpo ni le daban explicaciones. Pedimos hablar con el juez Warley, quien, en presencia de ella, contestó que ‘con el cuerpo tengo todo terminado pero no lo voy a entregar porque primero quiero investigar a la madre’.”

La vez siguiente, cuando, como lo hacía dos veces por semana, Jannethe Ruiz volvió al juzgado a reclamar el cadáver de su hijita, el juez subrogante Roberto Ponce le informó que, por orden de Warley, quedaba detenida por “abandono de persona seguido de muerte”. De inmediato la esposaron y la llevaron a la cárcel de Ezeiza. Los abogados presentaron un pedido de excarcelación, que fue denegado. Warley se tomó los diez días hábiles que le permite la ley hasta decretar la libertad “por falta de mérito”.

La acusación se basaba en un informe pericial según el cual la nena tenía “fracturas no tratadas, compatibles con la posibilidad de maltrato”. En la investigación, “presentamos pruebas y testigos de que la nena había sido tratada por las fracturas en el Hospital Garrahan y en el Centro Médico Culpina”, cuenta Ravina, y pregunta: “¿Por qué el juez Warley no hizo esa simple investigación antes de detener a Jannethe Ruiz? ¿Por qué causar tanto dolor innecesario? Nunca vi algo así por parte de un juez, y eso que he visto muchas cosas”.

La mujer trabajaba de 8 de la mañana a 10 de la noche en un taller de costura. “Ganaba 500 pesos por mes, de los que dedicaba 100, más la comida y los pañales, para la mujer que cuidaba a la nenita; otros 100, más la comida, para el cuidado de su hija mayor, de seis años, que va a la escuela y es atendida por Gladis Ruiz, tía de Jannethe”.

Pablo Asa, representante del CELS, comentó que “en este caso entran en juego la pobreza y la explotación laboral: la madre fue cuestionada por no haber retirado en tiempo el DNI de su hija, pero trabajaba todo el día y en ese tipo de trabajo no dan días para hacer trámites”.

Sólo cuando Jannethe estuvo presa el juez Warley autorizó la entrega del cadáver de su hija; ella fue autorizada a concurrir al velatorio durante media hora, esposada, y no se le permitió asistir al entierro.

Durante los días terribles que Jannethe Ruiz pasó en prisión, “tratamos de mantenerla a salvo: para que no la maltrataran en la cárcel, por el tipo de delito de que era acusada, y porque temíamos que en una situación tan atroz pudiera dañarse a sí misma. Tuvimos ayuda del Programa Nacional Antiimpunidad del Ministerio de Justicia y estamos gestionando la ayuda del Servicio de Asistencia a la Víctima de la Ciudad de Buenos Aires”.

El CELS y el Colectivo Enlace estudian la posibilidad de acusar al juez Warley ante el Consejo de la Magistratura, “por haber detenido a la mujer antes de hacer ninguna investigación”, subrayó Asa, y “por haber retenido el cuerpo sin necesidad durante varias semanas”, fundamentó Ravina. Y destacó: “Buscamos una garantía de que esto no se repita: lo que le pasó a esta mujer no tiene que pasarle más a ninguna otra”.