Tres docentes que se desempeñaban en escuelas públicas porteñas fueron cesanteados luego de presentar estudios médicos que certifican que tienen cáncer. La Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires reclama su inmediata reincorporación. “En los tres casos la Dirección de Medicina del Trabajo del gobierno porteño dictaminó “no aptitud física para la función”. “Es una medida discriminatoria en función de una enfermedad. No hay ninguna razón legal para considerar que una persona con una patología oncológica está invalidada para trabajar. Los médicos tratantes de los tres profesores certificaron que están en condiciones para seguir ejerciendo la docencia”, señaló a Página/12 el defensor adjunto Gustavo Lesbegueris. Anoche, el director de Medicina del Trabajo concurrió de urgencia a la Defensoría y se comprometió a volver a evaluar los casos.

Lesbegueris le planteó en persona esta problemática al ministro de Educación, Alberto Sileoni, el 11 de abril en ocasión de una visita que hizo el funcionario a la Defensoría del Pueblo. En aquella oportunidad Lesbegueris seguía los casos de dos docentes. Pero la semana pasada recibió una nueva denuncia, de un tercer profesor, también cesanteado por tener cáncer. Los tres son suplentes.

Yolanda Colon es profesora en Historia. Denunció en la Defensoría que le comunicaron la cesantía en noviembre de 2005. Por entonces, hacía poco más de un año que dictaba clases en una escuela media de Villa Ortúzar. Tenía calificación de concepto “sobresaliente”, según consta en el expediente abierto en la Defensoría. “Contrariando la opinión de los funcionarios porteños y tornando aún más inconsistente la arbitraria medida, la profesora se desempeña en un instituto de gestión privada, y desde hace más de 17 años como docente en tres cátedras del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA”, indicó Lesbegueris.

Yolanda tiene cáncer de colon y metástasis en el hígado. “En los siete años de enfermedad tengo pedidos sólo 15 días de licencia en la facultad y fue por una infección posoperatoria. En este tiempo me hice tratamientos de toda clase, pero eso no me ha impedido ir a trabajar. Hasta en los días en que me he hecho quimioterapia he ido a dar clases”, contó Yolanda a Página/12. El Hospital de Clínicas, donde se atiende, certificó que está “en condiciones de trabajar sin restricciones”. La Facultad de Filosofía se expidió mediante una resolución del Consejo Directivo: “Lo actuado por las distintas instancias del Gobierno de la Ciudad resulta claramente discriminatorio, vulnerando derechos elementales que cuentan con garantía constitucional”. Yolanda tiene 60 años y vive en Caballito. También apoyó su reclamo toda la comunidad educativa de la escuela donde ejercía.

La semana pasada se presentó en la Defensoría del Pueblo Juan Bautista Milanese con una denuncia similar. Es profesor en Geografía, geólogo y master en Gestión Ambiental, con más de 20 años de ejercicio de la docencia. Del 23 de abril de 1998 al 6 de abril de 2005, cuando le notificaron la baja por considerarlo “no apto para la función”, se desempeñó como profesor interino de Geografía II en el segundo año de la carrera de Geografía del Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González, dependiente de la Dirección General de Educación Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Milanese tiene un tumor maligno en la mano. Paradójicamente, trabaja en el Estado Nacional, en la Secretaría de Minería. En marzo de 2006, el Instituto Médico Especializado Alexander Fleming certificó en un informe que Milanese “no tiene contraindicaciones del punto de vista oncológico para ejercer la docencia”. En la misma fecha, el Instituto Quirúrgico del Callao consideró que su afección “no le impide realizar sus tareas docentes”. Sin embargo, “la Dirección Medicina del Trabajo del gobierno porteño le ratificó hace unas semanas la ‘no aptitud médica’ dispuesta con fecha 15 de mayo de 2006, y rechazó su pedido de reconsideración”, contó Lesbegueris.

La tercera docente que la Defensoría denuncia que fue cesanteada por tener cáncer es Beatriz Tela. Tiene 54 años y vive a metros de Plaza Italia, con una hermana. Hasta 2004 se desempeñaba como profesora de Telar y Tapiz en el Centro de Educación No Formal Cafayate, en Villa Lugano, donde enseñaba a adultos. “Tenía seis horas cátedra y cobraba 200 pesos. Se podrá imaginar que me iba desde Palermo a Lugano no por el dinero sino por vocación”, contó a Página/12, dolida por la decisión de dejarla afuera. Beatriz tiene cáncer de mama. “Me siento descalificada, abandonada, es un sistema absolutamente perverso. Yo hago una vida plena. Una mastectomía no impide trabajar. Estoy lúcida”, agregó.

Las tres cesantías llegaron después de que los docentes se hicieran los exámenes ocupacionales exigidos por la Dirección de Medicina del Trabajo. Anoche, en una reunión convocada de urgencia, el director de esa dependencia, Jorge Stolbizer, y la subsecretaria de Educación, Mara Brawer, concurrieron a la Defensoría para analizar el tema, luego de enterarse de que Lesbegueris haría hoy la denuncia pública. Se entrevistaron con la titular del organismo de contralor, Alicia Pierini. En el encuentro, se acordó que la situación de los tres docentes volvería a ser evaluada. “Vamos a seguir luchando hasta que sean reincorporados”, aseguró Lesbegueris. “Vamos a evaluar caso por caso”, señaló Stolbizer a este diario.