Para la Defensoría del Pueblo existen razones jurídicas, médicas y pedagógicas para cuestionar la actuación de la Dirección de Medicina del Trabajo y el Ministerio de Educación de cesantear a tres docentes por tener cáncer, como denuncia el organismo. “Sólo el médico tratante puede determinar si una persona con cáncer no está en condiciones de trabajar”, afirmó Gustavo Lesbegueris, defensor adjunto, a cargo del Area de Educación del organismo.

Lesbegueris viene estudiando el tema desde hace más de un año, cuando se presentó la primera denuncia en la Defensoría. Entre la documentación recabada figura un dictamen del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal al que consultó sobre el caso de Yolanda Colon, que se expidió a través del Instituto de Derecho del Trabajo. El dictamen concluyó que “el criterio del gobierno local no es razonable ni se ajusta a derecho. A priori, ninguna afección como la padecida por la denunciante puede ser calificada por su sola existencia como invalidante para cumplir las tareas habituales”. Para esa entidad, la cesantía constituye una medida “discriminatoria y violatoria del principio de igualdad ante la ley”. Para Lesbegueris, este dictamen podría aplicarse a los otros dos casos.

El defensor también pidió su opinión al Area de Salud de la Defensoría del Pueblo, que también cuestionó las cesantías. “Si se siguiera ese criterio, se quedarían sin trabajo todas las personas afectadas de algún tipo de patología crónica, lo cual configuraría claramente una violación grave de los derechos humanos”, señala el dictamen.

Para la Defensoría del Pueblo, “el cese de los docentes, fundado en la patología que padecen, importa la desjerarquización y el avasallamiento del rol docente, la abrupta ruptura de la relación pedagógica (vínculo alumno-docente) y un por demás contradictorio mensaje que reciben los alumnos de parte de las autoridades: por un lado, desde el máximo nivel de la gestión educativa se propicia la discusión de una nueva ley de Educación fundada en los valores de la igualdad, la inclusión y la integración educativas y, por el otro, desde el mismo Estado que se supone garante de las normas se consuman inadmisibles actos de discriminación laboral en perjuicio de docentes con patología oncológica”.