La legislatura porteña aprobará una “Declaración de emergencia ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo” que destinará 300 millones de pesos al año para una serie de medidas, entre ellas “reubicar a todas las personas que vivan en asentamientos precarios sobre la margen del Riachuelo”, “garantizar la recolección de residuos y eliminación de basurales en toda la cuenca” y “coordinar con AySA el tratamiento de efluentes cloacales”. La ley –que tiene consenso del ARI, el macrismo y el kirchnerismo– “insta” a la Jefatura de Gobierno a constituir una Autoridad de Cuenca, por acuerdo con la Nación y la provincia de Buenos Aires, y crea una Comisión del Riachuelo, con participación del Ejecutivo porteño, de la Legislatura y de representantes de la sociedad civil.

La “emergencia ambiental y sanitaria” se declara por el término de cinco años. Según la ley, que posiblemente se trate este jueves, el Ejecutivo porteño “deberá realizar un censo habitacional sobre la ribera del Riachuelo” y “arbitrar los medios para trasladar y reubicar” a quienes vivan precariamente sobre su margen”, así como “realizar un completo estudio epidemiológico y toxicológico de todos los habitantes potencialmente afectados”. Se estudiará especialmente “la presencia de contaminantes en los niños, en los alumnos de las escuelas cercanas a la cuenca y en los adultos mayores”. A tales efectos se dispone “formar, en cada uno de los hospitales de la cuenca del Riachuelo, un Centro de Salud Ambiental”.

La ley requiere “actualizar el censo de los emprendimientos fabriles o comerciales en la cuenca”, “realizar estudios en el agua, suelo y aire para determinar los contaminantes predominantes” y, “dentro de los veinte días” de sancionada, “arbitrar las medidas para garantizar la recolección diaria de residuos domiciliarios y la eliminación de basurales en toda la cuenca”, así como “realizar un control de roedores”. También instruye al Ejecutivo para “elaborar y coordinar con otras jurisdicciones un plan que permita el tratamiento de efluentes cloacales”, para lo cual “se articularán acciones conjuntas con AySA”. Además, el gobierno porteño “podrá establecer las medidas e incentivos económicos para la reconversión de las empresas a fin de prevenir y mitigar la contaminación”, dando prioridad a las pymes.

La Comisión por el Riachuelo constará de cinco representantes del Poder Ejecutivo, cinco por la Legislatura, así como de “representantes de las empresas fabriles” y de “las organizaciones de la sociedad civil, específicamente de pobladores aledaños”. Según la ley, esta comisión “deberá constituirse dentro de los 20 días” de su promulgación. La norma también “insta a la Jefatura de Gobierno de la ciudad a celebrar un tratado, en el plazo de 90 días, con el Poder Ejecutivo Nacional y la Provincia de Buenos aires, para constituir una Autoridad de Cuenca con facultades de regulación, control y poder de policía”.

Para todo ello, se dispone un presupuesto de 300 millones de pesos.

Juan Manuel Velasco, legislador por el ARI y uno de los autores del proyecto, destacó que éste cuenta con “consenso de todos los bloques” y observó que “la declaración de emergencia le permite al gobierno de la ciudad autónoma tomar medidas presupuestarias excepcionales, que a su vez y en cada caso deberán ser ratificadas por la Legislatura. Es la primera iniciativa que implica, no sólo establecer que deben tomarse medidas, sino también asignar los recursos para que se concreten”. Marcelo Godoy, legislador de Compromiso para el Cambio, afirmó que “con respecto a la cuestión del Riachuelo se registra un nivel de coincidencia inusual entre oficialismo y oposición. Nadie duda de que la situación del Riachuelo es, a esta altura, insostenible”. El legislador subrayó la importancia de crear “una Autoridad de Cuenca, ya que la definición de una autoridad única es imprescindible para resolver la contaminación del Riachuelo”. La legisladora Sandra Bergenfeld, del kirchnerismo, observó que “al declararse la emergencia, nadie puede seguir mirando para otro lado” y el saneamiento del Riachuelo “pasa a ser política publica”. La diputada señaló que “el Ejecutivo comunal está facultado para tomar otras medidas, además de las enumeradas: pueden ser más, pero no menos”.

Desde el gobierno porteño, Marcelo Vensentini –ministro de Medio Ambiente– estimó que “el proyecto de ley sustenta una visión de la cuenca que compartimos, en cuanto incluye una perspectiva social” y observó que “la asignación de recursos ayuda a acelerar procesos que, en el marco de los presupuestos normales, requieren tiempos mucho mayores”. Afirmó por otra parte que las medidas solicitadas “ya vienen poniéndose en práctica por el gobierno porteño” y señaló que “la declaración de emergencia en una sola jurisdicción, como es la ciudad, en sí misma no tiene muchos efectos prácticos”.

El proyecto de ley fue bien recibido en principio por ambientalistas. Verónica Odriozola, de la ONG Salud sin Daño, estimó “positivo que la Legislatura tome cartas en el asunto y que incluya una partida de presupuesto”. No obstante, advirtió que “el proyecto llama a una serie de estudios, que siempre son útiles pero no debieran preceder a la acción concreta: es un clásico que las intervenciones se posterguen porque ‘hay que hacer estudios’, pero, en el caso del Riachuelo, hay que intervenir ya”. Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos de La Boca, juzgó “plausible que la Legislatura haga punta, proveyendo al Ejecutivo de herramientas para actuar; por supuesto, tendría que haber posibilidad de ejercer control para que todo ese presupuesto no dé lugar a negociados”.