Más de doce años después del asesinato del conscripto Omar Carrasco en un cuartel militar de Zapala, el caso puede considerarse cerrado. Ayer, el juez neuquino Rubén Caro, el primero en quien recayó la causa, fue confirmado en su cargo luego de que el Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura rechazara su remoción. El juez estaba acusado de mal desempeño por ceder la investigación al Ejército, uno de los involucrados en la muerte del soldado. El jury sostuvo que “no se acreditó una supuesta claudicación de su jurisdicción”.

La principal acusación contra Caro señalaba que había “claudicado su jurisdicción, con sumisión a la actividad desplegada por la inteligencia militar en el sumario castrense”. También se le cuestionaban “aspectos relacionados con las declaraciones de los soldados Juan Castro y Fabián Luna”, compañeros de Carrasco que se transformaron en los principales testigos de la golpiza recibida por el joven en marzo de 1994 dentro del Grupo de Artillería 161 del Ejército, en Zapala.

Para la mayoría del jury, durante el proceso “no se acreditó la supuesta omisión y ocultamiento de pruebas en el marco de una supuesta claudicación de su jurisdicción”, ya que consideraron que “la sumisión del magistrado a la inteligencia militar no ha sido probada”, y señalaron que “con su actividad investigativa, Caro permitió que el equipo de fiscales fundamentara el requerimiento de elevación a juicio, que tuvo como resultado la condena de los autores materiales” del crimen.

Uno de los cuestionamientos que se le hacía a Caro era haber suspendido la declaración del conscripto Castro porque, según el expediente, al testigo “le dolía un dedo”. Pero el fallo argumenta que el juez “resolvió la suspensión de la audiencia en el complejo contexto planteado a partir de las dificultades físicas que padecía el declarante –continuándola el día siguiente–, en un todo de acuerdo al sentido que la norma procesal establece para el tratamiento de los testigos”.

Beinuz Smukler, integrante del Consejo de la Magistratura y uno de los autores de la acusación contra Caro, indicó a Página/12 que “es un fallo lamentable, porque está ampliamente probada su supeditación al Servicio de Inteligencia del Ejército, que fue el que orientó la investigación en vez de él”. “Se trata de cuestiones evidentes para cualquier persona razonable –explicó–: cuatro horas antes de que se hallara el cadáver, un juez militar le dijo a una periodista que ya lo habían encontrado. Y el propio juez solicitó al Ejército que le enviara oficiales para investigar.”