Después de seis años de demora –dos de ellos originados en una medida judicial–, la ex cárcel de Caseros será demolida. El trabajo, como estaba previsto, será realizado por especialistas del Ejército, pero no por implosión, sino por medios mecánicos, piso a piso. Ayer, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, firmó un convenio con la ministra de Defensa, Nilda Garré, y el jefe del Ejército, Roberto Bendini. De acuerdo con la letra del acuerdo, en un año, los 22 pisos de la mole de cemento deberán ser un recuerdo y el terreno ubicado entre las calles Pichincha y Pasco deberá quedar libre de escombros. En el lugar construirán edificios para viviendas, una escuela y un centro cultural.

Si el trabajo se concluye como está previsto, los vecinos de Parque de los Patricios habrán logrado un viejo anhelo: librarse de ese monstruo de cemento que fue planeado a comienzo de los ’60, ejecutado por Juan Carlos Onganía e inaugurado en 1979 por el dictador Jorge Rafael Videla.

“Es todo un símbolo que sea el Ejército el que haga la demolición”, dijo a Página/12 el ministro de Planeamiento y Obras Públicas, Juan Pablo Schiavi, quien terminó de cerrar el acuerdo con los militares. El propio Schiavi, cuando era secretario del intendente Carlos Grosso, fue el responsable de la demolición por implosión del Albergue Warnes: su propio hijo, por entonces un niño, fue el encargado de apretar el detonador que terminó con ese edificio.

La cárcel fue desactivada en diciembre de 2000. Entonces se decidió la demolición de la torre de 22 pisos y mantener un sector del viejo edificio que está sobre la avenida Caseros, cuya construcción es considerada como patrimonio histórico. Dos años después, en diciembre de 2002, la Legislatura aprobó una ley para rezonificar esos terrenos: con la categoría de “residencial”, se habilitó el lugar para la contrucción de viviendas en torres de hasta ocho pisos (24 metros de altura). También se aprobó destinar una parcela de 2000 metros cuadrados para la construcción de una escuela y otra de 1500 metros cuadrados para edificar un centro cultural barrial.

En 2004, un recurso de amparo presentado por un vecino frenó la demolición por implosión. “El Ejército ya había hecho todos los trabajos de desmantelamiento de rejas y ventanas y debilitamiento de las estructuras para la implosión. Al no tener una definición judicial después de dos años, consideramos que la situación del edificio era de riesgo y resolvinos hacerlo en forma mecánica”, explicó a Página/12 Guillermo Ferrea, subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas. “Por eso, hoy (por ayer) se firmó la modificación del contrato”, agregó.

Los trabajos estarán a cargo del Batallón de Ingenieros, el mismo que tuvo a su cargo años atrás la demolición de una torre en fuerte Apache y de un edificio céntrico en mar del Plata.

Hoy, al edificio le quedan 18 pisos (los superiores fueron demolidos en forma mecánica). Según el convenio firmado ayer, en tres meses deberían estar demoliendo el piso 14; en seis meses, el nivel 9; en nueve meses, el cuarto piso, y en un año ya no debería haber escombros.

“Una vez limpio el terreno, el Onabe (Organismo Nacional Administrador de Bienes del Estado) se hará cargo del terreno y llamará a licitación para la venta de los predios. El adjudicatario construirá y comercializará las viviendas, pero previamente deberá realizar la apertura de la calle Rondeau, entre Pichincha y Pasco”, detalló Ferrea.

“Sabemos lo que representa este edificio infame y por eso estamos haciendo esta iniciativa juntamente con los organismos de derechos humanos y con el Ministerio de Defensa –dijo ayer el jefe de Gobierno, Jorge Telerman–. En poco tiempo se concluirá algo que tenía que estar terminado hace mucho tiempo.”