Después de dos semanas de lluvias y días nublados, ayer apareció despejado en la capital provincial. Lo que no aclaró fue el panorama social: aún quedan 20 mil evacuados y crecen las protestas y denuncias por el desmanejo hídrico de la ciudad.
› Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
Los santafesinos volvieron a ver el sol después de dos semanas de lluvias y días nublados. El agua empezó a bajar lentamente en los barrios del cordón oeste, así que comenzó también el regreso de los inundados a su mar de tristeza. Hasta ayer, quedaban casi 20.000 personas evacuadas en 140 centros de la ciudad. Sin embargo, la vuelta a casa no aplacó la bronca: entre el lunes y martes, la policía contó 28 piquetes en los cuatro puntos cardinales, 20 de ellos simultáneos y algunos en vías clave: el acceso al puente Carretero a Santo Tomé –que se levantó a media tarde– y la ruta 168 a Paraná, siempre con la misma demanda de asistencia y amparo. Más tarde ardió la zona norte con un intento de saqueo a un supermercado mayorista, destrozos y robos en otro comercio del ramo y más cortes de calles.
La desidia oficial que dejó a 60.000 personas bajo agua tuvo su primera consecuencia política: unos 400 santafesinos de organizaciones sociales convocadas por las víctimas de la catástrofe de 2003 se movilizaron hasta la Municipalidad de Santa Fe para pedir la renuncia del intendente Martín Balbarrey. Fue una hora de gritos, insultos y una consigna a coro: “Andate, Balbarrey, andate!”. La noche anterior, el intendente también había aportado lo suyo cuando –en medio de la crisis– apareció en la sede del Partido Justicialista para monitorear el cierre de listas y su propia candidatura a la reelección en la interna del 1º de julio, pero cuando algunos cronistas lo descubrieron, intentó escapar a las preguntas: “Tengan piedad de mí”, suplicó y se fue.
La bajante del agua en los barrios disminuyó el número de evacuados que ayer no superaban los 20.000 en 134 centros de atención. En las últimas horas habían regresado a sus hogares más de 900 personas, informó el gobierno. Pero a pesar de la mejoría, la bronca crece, sobre todo en el barrio Chalet, que sigue inundado. “No puede ser tanta desidia”, se quejó Ana Chamorro, una vecina de Jujuy al 3900. Ella tiene tres hijas y no puede salir a trabajar. “Tengo la casa con 50 centímetros de agua adentro, no recibimos ayuda de nadie y la estamos sobrellevando como podemos. Esta es la segunda vez que nos inundamos y no puede ser. ¿Por qué no arreglaron las bombas? ¿Por qué no tuvieron todo previsto?”, se preguntó.
“Anoche ellos estaban cerrando las listas de candidatos y nosotros bajo agua y sin luz. ¿A usted le parece justo? Ya nos pasó una vez, dos veces no podía pasar. Esto es inoperancia del gobierno, de nadie más que del gobierno y del intendente. ¿Dónde estaba paseando el gobernador Obeid? Porque andaba paseando (en Venezuela) y llegó cuando todos ya teníamos el agua adentro de la casa. Es increíble.”
“Hay mucha bronca”, dijo Chamorro. “La mayoría de los vecinos somos gente grande, mayor, y todos estamos indignados. No podemos vivir así; ahora, cada vez que el tiempo esté feo vamos a estar pensando que nos podemos inundar. Ninguna ciudad se puede inundar como nos inundamos nosotros, con agua de lluvia, si las cosas hubieran funcionado como debían. Pero ellos están en otra cosa, en la campaña, en hacer política, y como los inundados somos pobres, que nos ahoguemos. Esa es la gran verdad”, completó Ana.
La crítica apuntó a Balbarrey porque el intendente participó en el cierre de listas de candidatos a cargos electivos en la interna del 1º de julio, como aspirante a la reelección. El lunes a la noche lo vieron en el segundo piso del PJ, donde funciona la junta electoral partidaria. Y no estaba solo, lo acompañaban su cuñado y secretario de gobierno, Pablo Abraham; su secretario de Obras Públicas, Edgardo Regalli, y otros funcionarios de menor rango, entre ellos el subsecretario Darío Giménez. Cuando los periodistas lo descubrieron, evitó el contacto. “Tengan piedad de mí”, le dijo a uno de ellos que lo perseguía.
Sin embargo, ayer salió a defenderse y hasta se asumió como destinatario de la bronca. “Esto es así y lo acepto porque uno tiene que ser receptor de la descarga de la bronca y de la insatisfacción. A mí me parece bien que así sea, no me molesta. Yo estoy intranquilo si no puedo ayudar a la gente que más lo necesita. Me parece que ahí está la tarea: salir de la crisis y no empezar con el pase de facturas políticas y todas esas miserias”, dijo por LT9.
Y el pase de facturas comenzó a media tarde, cuando 400 personas se plantaron frente a la sede municipal para reclamarle la renuncia. “Solidaridad y justicia para los inundados”, pedía el cartel que encabezó la marcha. Aunque otro más atrás aportó la cuota irónica. “Que a la Municipalidad la manejen las putas. Sus hijos ya nos han fallado.”
La marcha fue una catarsis de insultos y gritos. El Comité de Solidaridad sintetizó el malestar. “La catástrofe de 2003 nos dejó como saldo traumático la impunidad de los inundadores, el descreimiento social, la convicción de una justicia cómplice, el daño económico y los proyectos vitales truncados. Esta nueva inundación de 2007 agudiza y potencia estos efectos irreparables en la salud física y moral de la población”, dice el documento que firmaron medio centenar de organizaciones sociales. “Hoy, las condiciones de los centros de evacuados que habilitó el gobierno son indignas: falta agua, luz, baños, abrigos, colchones y comida, en medio de una organización autoritaria e ineficiente. Otra vez, autoevacuados y personas aisladas sin asistencia. Otra vez una militarización en las calles que, lejos de dar respuestas a la seguridad de la gente, es significado y vivido como un control represivo. Otra vez la desinformación y la información clientelista. Otra vez no se cumplió ni lo obvio. Entonces ahora, como hace cuatro años, decimos: no es imprevisión, sino corrupción.”
“A cuatro años de la catástrofe social y política de abril de 2003, nos reunimos para recuperar la experiencia del irreparable daño sufrido por nuestra ciudad, convocar, denunciar y proponer acciones como sociedad civil organizada sin otro fin político que la solidaridad y la defensa de los derechos humanos”, concluyó el Comité de Solidaridad.
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