El juicio públicamente oral por la doble muerte de María Marta ya desató lo que los más experimentados especialistas consideran como un tole tole jurídico. En cuestión de dos días, la citación a testimoniar oralmente al fiscal de la Cámara nacional de Casación Juan Martín Romero Victorica provocó un nudo que para algunos podía derivar en cualquier tipo de incidentes, incluyendo imaginarios conflictos de poderes, de jurisdicciones y, hasta brevemente, de conocimientos. Todo se inició en la mentada citación, requerida por el fiscal Diego Molina Pico. Siguió con la negativa de Romero de asistir como testigo dada su “alta investidura” y con que sólo declararía por escrito. Todo, con sus habituales exabruptos. Esto derivó, ayer, en un oficio enviado por el Tribunal Oral Nº6, a cargo del juicio igualmente oral, oficio que, por qué no decirlo, tenía su costadito docente: en síntesis, podría decirse que los jueces le señalaron a RV que nadie puso en duda sus fueros de fiscal. Le recordaron que tenía toda la libertad de apelar a ellos para negarse a declarar. Pero ni le recordaron ni le señalaron, sino que le explicaron que si en la legislación penal bonaerense existen los juicios orales es porque, precisamente, no son juicios por escrito.

El fiscal Diego Molina Pico citó como testigo a Juan Martín Romero Victorica. Y lo citó como ciudadano común. Una notificación como testigo implica que en caso de negativa o resistencia “podrá ser trasladado por la fuerza pública”. Decirle esto al excelentísimo fiscal general de la Cámara Nacional de Casación Penal don Juan Martín Romero Victorica suena igual que citarlo como Juan Romero. Y Romero saltó. En lugar de responder a Molina Pico, respondió al tribunal refiriéndose a la citación como “improcedente, impertinente e intimidante”, y haciendo mención de la “supina ignorancia de la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que es reglamentaria de la Constitución Nacional que me ampara para no presentarme a declarar y hacerlo por escrito”.

El tribunal públicamente oral respondió intentando desatar el nudo. Y como si sugiriera, “pibe, tenés 30 años en la Justicia, no podés equivocarte”, sostuvo en su oficio que “el artículo 241 del Código Procesal Penal dispone, entre otras cosas, que, ‘El informe o declaración por escrito no será admitido...’. Se agrega copia para su conocimiento”, y el tribunal adjunta el artículo 241.

En el segundo punto, sostiene que “el Tribunal aceptó las propuestas de las partes de recibir su declaración testimonial, la que habría ocurrido si V.E. –que ya se manifestó públicamente sobre el mismo caso por el que se lo cita en programas televisivos y radiales– la hubiera aceptado, tal como lo prevé la norma del art. 14 de la ley 24.946, que tan amablemente V.E. recordó”. El tercer punto reconoce el derecho de RV a ampararse en sus fueros, pero que eso no implica una prohibición a invitarlo o citarlo a declarar como testigo. Y, por último, recuerda que fue citado por el fiscal y no por el tribunal.

Qué pasará si Juan Romero insiste en no presentarse. Pues nada. “Si prefiere dar el ejemplo al ciudadano común de no asistir apelando a sus fueros, está en su derecho”, sugirió una fuente judicial. “¿Lo van a llevar por la fuerza pública?”, preguntó Página/12. “No creo, ¿para qué?. Seguramente se va a leer su declaración en la instrucción.”

Y qué declaró en la instrucción: que cuando llegó a la casa Horacio García Belsunce (h) le dijo que “había tirado un plomo”, que también le dijo “soy un boludo, pedí que pararan la policía”, y que cuando decía que la policía tenía que investigar, la familia lo tildaba de “botón”. Todo esto lo escuchó el lunes por la mañana en el velorio. Lo que no explicó es por qué, cuando llegó el fiscal Molina Pico, no dijo nada de esto y olvidó sus fueros. Con un fiscal general de Casación amigo de la familia, y una familia que abundaba en el accidente, Molina Pico decidió iniciar una investigación de oficio.