Hoy en San Martín comienza un juicio oral y público contra una mujer víctima de violencia familiar, a la que se acusa de no haber sido buena madre por no evitar que el marido abusara y golpeara a la hija de ambos. “Es un caso emblemático porque demuestra el modo en que el Poder Judicial invisibiliza las situaciones de violencia familiar y, además, pone en evidencia las formas que puede asumir en una causa judicial el prejuicio y el estigma”, destacó el Comité contra la Tortura, de la Comisión por la Memoria bonaerense, que patrocina a la joven, de 27 años. Ella y su ex compañero están imputados del mismo delito: abuso sexual calificado y lesiones graves contra su hija de 6 años. “En su historia se replican las historias de miles de detenidas, condenadas o culpabilizadas, aun siendo víctimas. Nunca se tuvo en cuenta el círculo de violencia y terror al que estaba sometida”, apuntó Laurana Malacalza, integrante del Comité. Representantes de organizaciones de derechos humanos y de mujeres, entre ellas la hermana Martha Pelloni, estarán presentes, como veedores, en las audiencias del juicio.

El juicio estará a cargo del Tribunal Criminal Nº 7 de San Martín, integrado por los jueces José Angel Marinato, Eduardo Jorge Parto y Gustavo Varvello. Soledad G. y su ex compañero Claudio estarán sentados en el banquillo de los acusados. “Su pareja la molía a golpes y había abusado de su hija. Sin embargo, para el Poder Judicial, Soledad no es una víctima. Se la acusa de haber cooperado en la perpetración del delito de abuso calificado y lesiones. Da la sensación de que la Justicia pensó en una mujer de clase media, sentada en un sillón con un teléfono a mano y no en una mujer en una situación de extrema pobreza, maltratada, sin recursos, como es la que vivía Soledad”, consideró Malacalza.

Soledad y su ex compañero están detenidos desde mayo de 2004, luego de que ella decidiera poner a salvo a la niña y la entregara para su cuidado a la Fundación Felices los Niños. Según contó la joven a miembros del Comité contra la Tortura, había escuchado del hogar y le pareció la mejor opción para la nena, entonces de seis años. Consta en la causa que la pequeña tenía más del 80 por ciento del cuerpo con lesiones: hematomas, escoriaciones, mechones de cabello arrancados. El informe médico de un hospital público señala que presentaba además quemaduras en las manos, lesiones en el cuello con costras, traumatismos en el cráneo. Había sido abusada sexualmente, al menos en dos oportunidades. Hoy tiene 9 y vive con el abuelo materno, a disposición del juez de San Martín Carlos Alberto Gallardo.

Tal era el terror que Soledad le tenía a su marido, que al dejar a su hija en la Fundación no se animó a señalarlo como el autor de las gravísimas lesiones de la nena, ni de las que su propio cuerpo evidenciaban. “Nunca pudo culparlo a Claudio. Ella se hacía responsable, les decía que había sido ella quien le pegaba. Le preguntaron sobre los golpes y las marcas de mordeduras que tenía ella en sus brazos y volvía a inventar un episodio que volvía a desvincular a Claudio. Desde el hogar llamaron a la policía. Fue su primera detención. En la comisaría de José C. Paz, Soledad volvió a negar la responsabilidad de Claudio en cada uno de los golpes que tenían tanto ella como su hija”, contó Malacalza a este diario. Soledad les contó: “Yo no sabía más que inventar. Les puse cualquier bolazo. Y ahí me llevaron a José C. Paz y de ésa me llevaron al comisario. Entonces decía que me había caído. Me dice: ¿fue él, no? Y yo le decía que no. Me dejaba un rato sola y cuando volvía me decía que no me creía”.

En la policía vieron las marcas que tenía en las piernas, en el pecho, en la espalda. “A pesar de que claramente en la comisaría se advirtió cuál era la verdad, no hubo ninguna intervención efectiva que diera cuenta de lo que sucedía. Ninguno de los oficiales que presenciaron el interrogatorio cumplió con lo establecido en la Ley de Violencia Familiar, que los obliga a denunciar. Por el contrario, la mandaron nuevamente a su casa. Allí la aguardaba Claudio y la prolongación de la violencia”, siguió Malacalza.

La Comisión contra la Tortura conoció la historia de Soledad en una de sus periódicas visitas a las cárceles bonaerenses. Ella está alojada en la Unidad 33 de Los Hornos, junto a su segundo hijo, que nació a los pocos días de ingresar al penal. El organismo que fiscaliza la situación penitenciaria desde la Comisión por la Memoria de la provincia decidió patrocinarla.

Paradójicamente, para Soledad la cárcel fue liberadora. Recién en ese ámbito, lejos de su pareja y protegida por los barrotes, pudo poner en palabras su calvario. Su historia da cuenta de una mujer, como tantas en el país, expuesta a una situación de extrema vulnerabilidad: el principal ingreso familiar eran los 150 pesos que ella cobraba a través del Plan de Jefas y Jefes de Hogar. El hacía algunas changuitas y la tenía sometida a fuerza de golpes. “Nunca se me ocurrió denunciarlo”, dijo la joven, en la primera entrevista que tuvo con miembros de la Comisión. Ese día apenas pudo elaborar un primer relato que explicara las causas de su detención. “Con palabras entrecortadas, reiteradamente se culpaba por no haber podido denunciar a Claudio. Por no haber podido proteger a su hija a tiempo”, recordó Malacalza.

El proceso de reconocimiento de las situaciones de violencia que ambas vivían fue acompañado por profesionales del Comité Contra la Tortura. “Hasta entonces Soledad no contó con los mecanismos de protección y asistencia a las víctimas que garantiza la Ley de Violencia Familiar y el marco internacional vigente en nuestro país”, cuestionó el Comité contra la Tortura. Cuando fue detenida, Soledad presentaba evidentes señales de los golpes que había recibido. “En ningún momento se dio intervención a la oficina de atención a la víctima del Departamento Judicial de San Martín para que evalúe si Soledad era o no víctima de violencia y si lo era, que detallara en qué grado de sometimiento se encontraba”, objetó el organismo.

Según el testimonio de vecinos y familiares, tanto la niña como Soledad eran víctimas de violencia física y psicológica por parte de Claudio. En la causa judicial hay varias declaraciones de la niña en las que afirma que él la golpeaba a ella y a su madre. Pero la Justicia invisibilizó la condición de víctima de la madre. Textualmente, el auto de elevación a juicio sostiene “que en todos los hechos perpetrados por el sujeto de sexo masculino, la progenitora de (...), abusando de su situación de encargada de la niña, cooperó en la perpetración de los delitos referidos, en tanto encontrándose en una posición de garante respecto de su hija, no asumió conducta alguna a fin de evitar la comisión de los delitos de mención a pesar de tener conocimiento de los mismos”.

En la audiencia de mañana comprometieron su presencia el presidente de la Comisión por la Memoria, Hugo Cañón, otros miembros del organismo, como la ex legisladora Elisa Carca, y la hermana Martha Pelloni.