Pedro y Basilia creyeron en la promesa de trabajo digno. Se despidieron de su pequeño comercio en Bolivia y viajaron a la Argentina para trabajar en un taller textil, donde les pagarían 1,50 por prenda y les brindarían casa y comida para ellos y su hija de 18 meses. Jornadas de trabajo que culminaban a la madrugada, amenazas del patrón y golpizas por reclamar por sus sueldos fueron la única paga que recibieron. El 80 por ciento de la ropa que se extiende por las vidrieras de las principales avenidas porteñas y que las empresas producen a través de talleres intermedios se produce en las condiciones de servidumbre vivenciadas por esta familia de inmigrantes o en el marco de formas de contratación en las que los derechos laborales y sociales son la variable de ajuste.

Así lo reveló una investigación denominada “Quién es quién en la cadena de valor del sector de indumentaria textil. Hacia una solución conjunta del sector”, presentada y debatida ayer por diversas organizaciones tanto nacionales como internacionales que luchan contra el trabajo esclavo. El estudio agrega dos números más para marcar la magnitud del problema: entre 100 mil y 130 mil inmigrantes, al igual que Pedro y Basilia, son víctimas de trata de personas en el país con fines de explotación laboral. Los pocos ingresos que ganan por la tarea representan el 20 por ciento del PBI boliviano que vuelve al país en forma de remesas.

Estos datos, sumado al incendio en el taller de la calle Luis Viale, en el barrio porteño de Caballito, donde murieron niños y adultos que trabajaban en malas condiciones de seguridad e higiene son los elementos citados por el estudio para denunciar el sistema de producción imperante, que proveer a empresas-marcas importantes, basándose en la explotación de inmigrantes vinculados al tráfico de personas de países limítrofes como de argentinos desempleados sometidas al mismo trato.

Este estudio, realizado en forma conjunta entre la Fundación El Otro y la organización Interrupción, está focalizado en la ciudad de Buenos Aires y está basado en entrevistas realizadas a actores de los diversos sectores vinculadas a la indumentaria, como la Cámara Industrial Argentina, la Asociación de Obreros Textil, el Sindicato de Trabajadores talleristas, la Defensoría del Pueblo de la ciudad y la Unión de Trabajadores Costureros.

El reclutamiento de personas para trabajar en talleres textiles es la forma más conocida de explotación laboral: así lo certifican las miles de denuncias presentadas por la Unión de Trabajadores Costureros y la seguidilla de allanamientos realizados en los últimos meses para intentar desbaratar estas redes. “Si bien la mayoría de quienes trabajan en los talleres son de nacionalidad boliviana, las denuncias de la Defensoría del Pueblo porteña dan cuenta también de la existencia de argentinos sometidos a las mismas modalidades de trabajo infrahumano.”

El trabajo informal es otra de las irregularidades que se esconden en el mundo de la indumentaria. Según detalla la investigación, el empleo informal “afecta a un mayor número de personas que el desempleo, afecta en mayor medida a mujeres y jóvenes, y más de la mitad se registra en 10 ocupaciones”. La construcción, transporte, comercio, producción industrial y el servicio doméstico lideran el ranking.

“Esta problemática requiere de un abordaje integral en el que participen tanto autoridades nacionales y locales, el sector empresarial y sindical. Si no iniciamos este camino, corremos el riesgo de que al ritmo del crecimiento de la industria crezcan además los problemas sociales y económicos y los trabajos informales”, sostuvo María D’Ovidio, directora de Interrupción que participó de la investigación.

Los factores que derivaron en este panorama son varios: “El alto grado de informalidad del sector de la indumentaria, la precarización del mercado laboral característico de la década del ’90, la irresponsabilidad de las principales empresas de la moda respecto de la calidad de su cadena de valor y la falta de decisión política en los distintos niveles de gobierno a la hora de ejecutar un sistema adecuado de verificación y control del trabajo en los talleres así como en la creación de un programa nacional de asistencia a las víctimas de tráfico de personas”.

Luego de incorporar la opinión de los diferentes actores involucrados en la producción y comercialización de ropa sobre la explotación laboral, los investigadores cierran el estudio con siete desafíos estratégicos para cambiar la realidad: “Reducir el nivel de informalidad del sector, implementar un programa focalizado de documentación para inmigrantes, evaluar el marco regulatorio de la Ley 12.713 de Trabajo a Domicilio, realizar inspecciones y clausuras de talleres clandestinos”, son algunas de las propuestas. La lista culmina con los siguientes puntos: “Promover mecanismos de certificación de las marcas, incrementar las barreras de las importaciones de producto chinos y sensibilizar a los consumidores sobre la situación”.

Informe: Elisabet Contrera.