Las madres y los padres que impidan o dificulten el vínculo con los hijos a los progenitores no convivientes quedarán escrachados en registros provinciales y en uno nacional, si prospera una serie de proyectos presentados en el Congreso y en una decena de legislaturas. Los que queden inscriptos no podrán postularse a cargos electivos ni ocupar puestos en la administración pública ni obtener créditos de bancos oficiales ni ser contratistas o proveedores del Estado, entre otras limitaciones. Se trata de una iniciativa de la Asociación de Padres Alejados de sus Hijos (Apadeshi) –una entidad cuestionada por defender a varones denunciados por causas de violencia y abuso sexual– y ha tenido eco, con apoyos de diversos sectores políticos, en la Cámara de Diputados de la Nación y en diversas provinciales, y en la Legislatura porteña. El Registro de Obstructores de Lazos Familiares –tal su nombre técnico– ya es ley en Mendoza y Santa Cruz y se plantea como un “anverso” de los registros de deudores de cuotas alimentarias. Pero las críticas que despierta se multiplican. Diversos especialistas advierten que detrás de este proyecto, que puede tener fines loables como evitar que los hijos se conviertan en trofeos de parejas divorciadas, se esconde como tema de fondo la revinculación de los chicos abusados o maltratados con padres violentos.

En el Congreso, la posta la tomó el diputado del ARI Carlos Raimundi. “La gente de Apadeshi me planteó la idea, pero yo presenté mi propio proyecto”, aclaró a Página/12, queriéndose diferenciar de los referentes de la ONG. El objetivo de su propuesta es que “los chicos no terminen siendo las víctimas de los procesos de separación de los padres”. “Del mismo modo que condeno a quienes impiden el vínculo con el padre no conviviente, cuestiono a los que no pasan la cuota alimentaria como chantaje”, sostuvo el diputado y rechazó las críticas que genera la iniciativa.

El proyecto de creación del Registro Nacional de Obstructores de Vínculos con los Hijos establece que también serán inscriptos quienes “no faciliten” el contacto no sólo con el padre no conviviente sino también con abuelos, “habiendo una orden judicial de cumplimiento del denominado régimen de visitas” y cuando “a requerimiento judicial no hayan cesado con la actitud obstructiva”. En este registro nacional se inscribirán “las altas y bajas de obstructores de vínculo que informen los registros provinciales”, según fija el artículo 3º. El listado de personas se publicará en una página web y al menos cada seis meses deberá aparecer en el Boletín Oficial, de acuerdo con la iniciativa.

Uno de los cuestionamientos que se le hace al proyecto es la definición laxa de “obstructor” del vínculo entre el padre no conviviente y el hijo, ya que engloba bajo ese título a todos aquellos progenitores que “no faciliten” la relación, sin más especificaciones. “Es un tema de mucha complejidad. ¿Cuando el chico está enfermo y la mamá no lo deja ir con el padre, el día de visitas, será considerada obstructora del vínculo?”, se preguntó la abogada de Familia Leonor Vain, en diálogo con este diario. La ley sancionada en Mendoza es mucho más clara en ese punto. Enumera 13 situaciones que podrán entenderse como “obstaculización de lazos familiares”, entre ellas:

- No poner en conocimiento al otro padre o madre no conviviente cuando el menor está enfermo.

- Cuando lo traslada “fuera de los límites geográficos normales de desenvolvimiento”, “fuera de la provincia” o “cambia de domicilio” sin previo aviso al padre o madre no conviviente.

- Cuando no le comunica al otro padre o madre no conviviente “los problemas que el niño tiene en la escuela o en sus actividades normales”, o “los eventos especiales de los que el menor participa”.

- Cuando el padre o madre que ejerce la custodia “desvaloriza o insulta al otro progenitor en presencia del o los hijos”.

- “Premiar y/o fomentar las conductas despectivas y de rechazo hacia el otro padre o madre no conviviente o al resto de su familia”.

La ley mendocina Nº 7644 fue aprobada el 27 de diciembre y entró en vigencia el 2 de enero, aunque todavía no fue reglamentada porque los asesores letrados de la Coordinación de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno provincial le elevaron al subsecretario de Justicia un dictamen que propone su derogación. El proyecto de Apadeshi fue presentado en el Senado de Mendoza por el radical Leopoldo Cairote. En la votación en la Cámara de Diputados recibió el apoyo de los bloques justicialista y de la UCR, y el rechazo de la bancada del Partido Demócrata. “Si bien creemos que es una problemática social profunda y dramática la que les toca vivir a todos aquellos matrimonios y familias con desavenencias en instancias judiciales”, crear un registro de este tipo “conducirá a una burocratización del sistema”, alegó el demócrata Oscar Ligonié en la sesión del 27 de diciembre, cuando el proyecto se debatió. “Es competencia de los jueces de familia” resolver “si hay impedimento u obstaculizaciones para que se pueda cumplir acabadamente el régimen de visitas acordado y reglamentado a través de resoluciones en el ámbito de la Justicia”, sostuvo Ligonié, y advirtió que se llevará “a un estado de marginación civil” al padre que tiene la custodia del chico “por no haber comunicado al papá o a la mamá que el chico no asistió a la escuela o estuvo enfermo”. En general, suelen ser las madres las que tienen la tenencia de los hijos cuando el matrimonio se divorcia.

Pero las críticas de Ligonié no tuvieron eco en las bancadas mayoritarias de la Cámara de Diputados de Mendoza. Luis Petri, titular del bloque radical, sinceró el debate y señaló que se trata del “anverso” de los registros de morosos de cuotas alimentarias, ya vigentes en distintas provincias, aunque no a nivel nacional. “Se está legislando esta deficiencia normativa y esta falta de equilibrio” ante la existencia de un registro de deudores alimentarios, dijo. Los padres suelen ser los que deben pasar cuotas alimentarias a las madres. El nuevo registro funcionará en Mendoza en el mismo ámbito del de deudores alimentarios de esa provincia.

En Santa Cruz la ley la impulsó el bloque kirchnerista. “Apadeshi agradece la respuesta ante nuestra inquietud”, se puede leer en la página de la entidad que agrupa a padres alejados de sus hijos, al celebrar la segunda sanción en pocos meses. Firmaron el proyecto santacruceño los justicialistas Selva Forstman, Julián Osorio, Juan Carlos Figueroa y Alejandro Victoria. Tanto en este caso como en el de Mendoza, el registro dependerá del Ministerio de Gobierno provincial y las inscripciones se harán a partir de solicitudes del Poder Judicial.

En la Legislatura porteña, la iniciativa la apadrina Inés Urdapilleta, del Frente para la Victoria y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud. En el territorio bonaerense, el proyecto lo presentó el diputado radical Luis Bruni. También hay iniciativas similares en las Cámaras de Diputados de las provincias de Santiago del Estero, San Juan, Misiones, Tucumán y Neuquén.

Rechazos

La principal crítica que despierta la creación de estos registros entre especialistas en el tema la resume el abogado Juan Pablo Gallego, profesor titular de la Facultad de Derecho de la UBA en la materia Protección Integral de Derechos del Niño. Este tipo de proyectos, señaló a Página/12, “constituye un nuevo y preocupante avance de los sectores que procuran invisibilizar las situaciones de abuso sexual y violencia doméstica y contrarrestarlas mediante la judicialización y penalización brutal del adulto protector. De ese modo, obtendrían un arma eficaz para bloquear las investigaciones sobre abuso y violencia familiar, a la vez que contribuirán a revictimizar y a estigmatizar a quienes ya resultan víctimas del maltrato institucional que suele imponer a la víctima nuestra cultura judicial en esta materia. La creación de tal registro es exactamente la antítesis de lo que nuestro país requiere en esta área y a lo que se ha comprometido internacionalmente. Por otra parte, estos proyectos –y los que han sido sancionados como ley– resultan de su simple lectura a todas luces inconstitucionales, al afectar garantías esenciales y aplicar pretendidas y graves restricciones fundadas en meras hipótesis”, argumentó. Gallego es asesor del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que preside Estela de Carlotto e integran una coalición de ONG, y acaba de publicar el libro Niñez maltratada y violencia de género.

Las voces en contra provienen de diversos ámbitos. La diputada del ARI Marcela Rodríguez aclaró que no se trata de una iniciativa de todo el bloque sino de una posición personal de Raimundi. Rodríguez está completamente en desacuerdo con el proyecto de su compañero de bancada: coincide en términos generales con el planteo de Gallego, pero además señaló que el proyecto tiene “falencias técnicas” que podrían afectar el derecho a la defensa de la persona que es inscripta debido a que no prevé instancias de apelación. “Hay mujeres que no dejan que sus hijos vean a su padre no conviviente como única forma de protegerlos ante situaciones de violencia que no son atendidas en el sistema judicial. Cuando las mujeres piden una suspensión del régimen de visita, muy difícilmente lo logran, aun en casos de denuncias de abuso sexual contra los hijos. Y a veces, incluso, se establecen regímenes de visitas asistidos, donde interviene un trabajador social”, señaló Rodríguez.

También expresó su oposición el abogado Gustavo Gallo, presidente de la Comisión de Derechos del Niño de la Asociación de Abogados de Buenos Aires: “El tema de fondo en estas iniciativas es la revinculación de los chicos abusados sexualmente con sus padres. Apadeshi ha defendido a imputados de abuso sexual. Como es difícil probar este tipo de hechos, lo que se busca con el registro es castigar a los que lo denuncian y como no obtienen protección judicial para sus hijos, impiden el vínculo para no ponerlos en riesgo”, opinó Gallo.